lo. DE MAYO DE 1970
Comenzáis hoy vuestro ejercicio del Poder Legislativo a la vez que le corresponde continuar una semana más en su cargo al Presidente de la República que fuera electo el mismo día que lo fueron los señores Diputados que ayer dejaron este recinto sagrado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por haber ellos cumplido ya el período para el que habían sido electos. Esta semana en que, por disposición de nuestra Constitución Política, se traslapan los períodos de elección de los integrantes del Gobierno en sus ramas Legislativa y Ejecutiva, ha de servir para que el cambio saludable que propicia nuestra democracia representativa, facilite la continuidad que sea conveniente mantener en las tareas encomendadas por el pueblo a los funcionarios que él elige como depositarios temporales del poder político que sólo el pueblo posee de manera permanente y absoluta.
Es en virtud de esa disposición de nuestro estatuto fundamental que me corresponde, como Presidente saliente, el privilegio de dirigiros este Mensaje a vosotros, al asumir hoy vuestras responsabilidades como representantes del pueblo en esta Asamblea Legislativa. Para cumplir el mejor propósito de esta disposición constitucional, cual es el de que no se produzcan discontinuidades innecesarias, “el estado político de la República”, así como “los diversos asuntos de la Administración” que este último y primer Mensaje ha de contemplar, deben ser expuestos a la luz de los cuatro años del período presidencial próximo a concluir, con miras a que podáis juzgar sobre lo que debe mantenerse y lo que debe modificarse, con la base de juicio más amplia posible. Y “las medidas de importancia para la buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación”, que debe proponeros también el Presidente de la República en este Mensaje, conforme al mandato constitucional comentado, han de tener fundamento en la experiencia adquirida, las obras realizadas y las instituciones perfeccionadas en los cuatro años pasados, las cuales, en consecuencia, deben ser reseñadas aunque sea someramente en este Mensaje.
I.1 LA PAZ
Es casi repetir una frase de rutina, en los mensajes presidenciales de los días primero de mayo en Costa Rica, decir que durante el año pasado la República disfrutó de paz. Pero no por ello el poder decirlo tiene menor valor ni creo que haya quien considere que es ocioso afirmarlo, pues para cada persona individual y para cada sociedad humana la paz es el más preciado bien de que pueda disfrutar en la tierra.
En el Mensaje de su Santidad el Papa Paulo VIo dirigido “A los Ciudadanos del Mundo” en el amanecer de este año de 1970, reproducido en “La Gaceta” del lo de enero recién pasado, él iluminó importantes aspectos relativos al verdadero significado de la paz, algunos de los cuales resultan muy evidentes para los costarricenses, precisamente por haber tenido la bendición de disfrutar de la paz durante largos años y de apreciarla y amarla a lo largo de toda nuestra historia patria. Pero otros de esos aspectos cobran renovada trascendencia al haber sido iluminados por la palabra del Santo Padre, que puso de relieve el carácter dinámico que ha de tener la paz. Advierte que “la Paz no es propiamente una posición estática que puede adquirirse de una vez para siempre, no es una tranquilidad inmóvil”. Luego indica que la paz sólo puede identificarse con el orden a condición de que éste sea genuino y agrega que “para ser en verdad orden humano, ha de perfeccionarse siempre, es decir, ha de engendrarse y evolucionar constantemente: esto es, consiste en un movimiento progresivo, como el equilibrio del vuelo que ha de ser sostenido cada instante por un dinamismo propulsor”. Seguidamente aclara que “Cuando hablamos de Paz, no os proponemos, amigos, un inmovilismo mortificante y egoísta. La paz no se goza: se crea”.
La República ha disfrutado de paz no obstante el auge económico, cada vez más intenso, que ha experimentado el país en los últimos años y que, de manera natural, provoca cambios sociales, ascendentes, los cuales necesariamente implican factores de inestabilidad. Ha disfrutado de paz y progreso, por otra parte, a pesar de grandes adversidades provocadas por la naturaleza, bien hayan sido éstas las dañinas erupciones de los volcanes Rincón de la Vieja y Arenal, o los devastadores temporales e inundaciones que padecieron en su casi totalidad ora la región del Pacífico, ora la del Atlántico y del Norte del país. La República ha mantenido la paz, pese a los persistentes y enconados empeños de grupos extremistas, de distintos bandos, por tomar nuestro territorio nacional como base de operaciones en favor de intereses políticos ajenos a los de Costa Rica.
Esos hechos ilustran la verdad de que, como afirmó Paulo VI9, la paz no es inmovilismo y de que la paz no simplemente se goza sino que se crea. La paz en Costa Rica durante estos cuatro años ha sido, ciertamente, creada por los costarricenses. Uno de los instrumentos que empleó el país para crear esa paz ha sido el apoyo que nuestro pueblo le otorgó a la Fuerza Pública y, en particular, a la Guardia Civil, que ha servido fiel, disciplinada y abnegadamente para ganarse el respeto respetando; imbuida hasta lo más recóndito de su alma de la idea de que cada persona, como ser humano dotado de atributos divinos, es no sólo acreedora a ese respeto sino también poseedora de derechos inalienables y la cual, a más de respeto, es digna de que se le profese cariño, de que se le brinde ayuda y protección con amor.
Fueron varias las ocasiones en que nuestra civilista Fuerza Pública se vio precisada a poner a prueba sus atributos antes mencionados durante el proceso electoral que culminó el último l9 de febrero, especialmente cuando se incitó a ciertos grupos de partidarios a usar armas contundentes contra sus adversarios. Es deplorable que se hubiese recurrido a tan pelitrosos recursos tendientes a ganar una contienda electoral atemorizando a los adversarios e introduciendo desconfianza en las soluciones por las vías del Derecho y desconfianza en las instituciones. Pero al menos en esa ocasión se puso en evidencia una vez más la verdad de que la paz es un bien que existe no solamente para ser disfrutado sino que la paz, una y otra vez, hay que crearla. Y en la ocasión comentada fue el repudio de las personas sensatas del país lo que creó la paz, lo que hizo posible que el Tribunal Supremo de Elecciones por medio de sus Delegados, lograra un acuerdo entre los partidos contendientes para que ordenaran a sus partidarios abandonar tan perniciosos métodos de propugnar por el triunfo electoral.
Es oportuno consignar un reconocimiento a la prudencia, ecuanimidad y capacidad con las que el Tribunal Supremo de Elecciones condujo el último proceso electoral. Nuestra máxima institución del sufragio ha ido haciendo acopio de experiencia, ha procurado que se perfeccionen cada vez más las leyes y ha adoptado los métodos más eficientes para depurar los procesos electorales. Por eso duele que se haya recurrido al expediente de decir que grupos privados harían justicia electoral por su propia cuenta, ya que en modo alguno puede ser un camino adecuado para depurar el sufragio y fortalecer la democracia en Costa Rica, el de recomendar a los adeptos que atemoricen con la violencia a algunos de los electores; al contrario, a todos nos corresponde contribuir, dentro del marco de las leyes, a esa depuración y a ese fortalecimiento.
Por parte del Poder Ejecutivo su actuación no se limitó a respaldar al Tribunal de Elecciones sino que comprendió también un llamado constante a la imparcialidad, hecho a funcionarios y autoridades, y abarcó un igualmente constante velar porque esa imparcialidad se practicara efectivamente y conforme a las disposiciones legales correspondientes. Más aún, por medio de los representantes del Poder Ejecutivo en las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas del Estado, hicimos llegar a ellas eras normas de imparcialidad. Al respecto he dicho que habría deseado contar con igual imparcialidad en la campaña electoral que me condujo a ejercer la Presidencia de la República, en la cual campaña presencié tanto las formas más sutiles, como también las directas, de empleo de disponibilidades del Estado en mi contra. Por eso, cuando he oído hablar de fraudes en estas últimas contiendas electorales, no he podido menos que recordar, una y otra vez, aquella máxima popular de “dilo antes de que te lo digan”.
Los mismos principios fundamentales para la convivencia pacífica que han guiado nuestra política en el orden interno, los hemos aplicado en las relaciones internacionales. Son las normas de respeto y amor al prójimo, a las demás personas o naciones; y de que las naciones, tanto como los hombres, no pueden subsistir en condiciones de aislamiento absoluto, por lo cual es preciso practicar la solidaridad, social e internacional. En consecuencia hemos procurado y logrado que Costa Rica continúe viviendo en paz y armonía con todo el resto del mundo, mediante una política exterior basada en las normas de respeto mutuo y de no intervención en los asuntos que incumben exclusivamente a los pueblos de las naciones amigas; pero a la vez actuando en procura de la solidaridad entre las naciones en los organismos internacionales de ámbito centroamericano, panamericano o mundial.
Más aún, en todo cuanto ha estado a nuestro alcance, pero actuando de conformidad con las normas mencionadas, nos hemos empeñado en contribuir a que prevalezca la paz entre las naciones amigas. Permitidme que a este respecto califique de brillante la participación del Ministro de Relaciones Exteriores, junto con sus distinguidos colegas de Nicaragua y de Guatemala, al no omitir esfuerzo alguno para encontrar las vías más apropiadas de conciliación entre nuestras hermanas y queridas naciones de El Salvador y Honduras, a raíz del conjunto de circunstancias y hechos que han provocado una infortunada división entre dos pueblos que por razones étnicas, históricas, demográficas y geográficas, están llamados a vivir y desarrollarse muy unidos y a complementarse mutuamente para su más pleno desarrollo.
Me complace consignar el hecho de que, en cuanto ha concernido a las relaciones internacionales de Costa Rica, entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo no hubo divergencia alguna importante durante los cuatro años pasados sino, antes bien, consultas frecuentes y colaboración mutua para actuar de consuno. La única excepción de importancia radicó en el campo financiero, al aprobar presupuestos que, al suprimir en ellos las asignaciones para cargos en el servicio exterior, entorpecieron nuestros medios de comunicación y la reciprocidad en las relaciones con las naciones amigas.
Durante largos años la política exterior de Costa Rica no sólo ha sido de respaldo a todos los acuerdos de los organismos internacionales tendientes a vigorizar el respeto a los derechos humanos mediante el establecimiento de instrumentos jurídicos de ámbito supranacional, sino que, además, ha propiciado tales acuerdos. Y el año pasado nuestro país tuvo el honor de servir como sede para la Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos, por acuerdo de las naciones hermanas del Continente que integran la Organización de Estados Americanos. Y la convención respectiva que aquí se suscribió, que sin duda habrá de constituir un paso significativo más en el camino hacia el logro de ese respeto a los derechos inherentes al ser humano, fue ratificada por la Asamblea Legislativa que os precedió muy poco tiempo después de haber sido suscrito.
Esa política de respeto a los derechos humanos responde a modos de ser, de pensar y de actuar, muy arraigados en la nacionalidad costarricense. Por ello y por mucho más, durante el cuatrienio que ahora va llegando a su término, la consideración, respeto y amor al prójimo, a cada ser humano, la constituimos en “pivote” de toda la política y la acción del Gobierno, para las relaciones internacionales y para orientar la solución de los problemas internos de desarrollo social, como espero que resulte evidente al terminar este Mensaje que trata de informaros sobre lo actuado durante dichos cuatro años.
Para contribuir a afianzar la estabilidad y a garantizar el buen funcionamiento de nuestras instituciones, con la prudencia recomendable en esta materia propusimos a la Asamblea Legislativa una serie de reformas a la Constitución Política de la República, por medio de diputados que tuvieron a bien acoger nuestras propuestas, ya que en este campo el Poder Ejecutivo por sí solo no puede hacerlo. También respaldamos algunas de las iniciativas que surgieron de los propios señores diputados, con el mismo fin de adaptar mejor nuestro estatuto político fundamental a las necesidades de la época, procurando hacerlo más útil y eficaz con base en los veinte años de experiencia acumulada desde que inició su vigencia. En cada caso procuramos asimismo no debilitar los fundamentos de nuestro sistema democrático sino que, por el contrario, se tuvieran siempre presentes las características propias y los valores esenciales de los costarricenses.
Así, por ejemplo, en el Mensaje Inaugural del 8 de mayo de 1966, expuse la conveniencia de reformar la Constitución Política de manera que se estableciera la no reelección presidencial. Y agregaba en esa oportunidad:
“Es preciso, para no desvirtuar esa reforma con consecuencias que signifiquen discriminación injusta, que mediante un artículo transitorio se disponga que ella no tendrá carácter retroactivo. De esa manera, todos los ilustres ex presidentes de la República que tenemos en este momento (el mediodía del 8 de mayo de 1966), deberán poseer la misma oportunidad que cualquier otro ciudadano para ocupar la presidencia a partir del período constitucional que se iniciará en 1970”.
La Asamblea Legislativa que os precedió aprobó, el 15 de julio de 1969, esa reforma al inciso 1) del artículo 132 de nuestro estatuto político fundamental exactamente en los mismos términos en que la propuse y una vez que un grupo de diputados tuvo a bien acogerla para someterla a los trámites legislativos de rigor. La reforma en cuestión es sin duda trascendental.
La objeción más importante que se le ha hecho a esta fundamental reforma, es la de que ella le impedirá al país aprovechar la grande y valiosa experiencia que un ciudadano haya adquirido durante un período en el ejercicio de la Presidencia de la República. Pero a tal objeción se puede responder que no sólo mediante el ejercicio nuevamente del cargo de Presidente puede el país emplear esa experiencia sino de muchas otras maneras.
Considero, por otra parte, que la reforma dicha es la culminación de un proceso evolutivo de nuestro régimen político, que prescindió primero de la posibilidad de reelección presidencial inmediata y luego de la que podía efectuarse después de un lapso de espera, de cuatro años antes y de ocho años a partir de la Constitución Política de 1949. Es importante considerar los beneficios que el país puede obtener al elevar a la Primera Magistratura a ciudadanos cuyos actos ya no puedan juzgarse como realizados con miras a su triunfo en unas posibles futuras elecciones, sino que estén dirigidos exclusivamente hacia el mayor bien del país, como es dable suponer que ocurra al no tener posibilidad de reelección y poseer, en consecuencia, miras que abarcan horizontes más amplios. Es de esperar, pues, que a partir de la vigencia de esta reforma constitucional, los futuros ciudadanos presidentes, más que en la pasajera popularidad, estén interesados en la realización del bien común y en el juicio de la historia sobre su manera de proceder.
El 31 de mayo de 1968 la Asamblea Legislativa promulgó un conjunto de reformas a la Constitución Política sobre las cuales, de acuerdo con la norma constitucional respectiva, había expresado el criterio del Poder Ejecutivo en el Mensaje a la Asamblea del día l de mayo de ese año y ese criterio fue de recomendación de que fueran aprobadas definitivamente tales reformas.
Entre esas reformas promulgadas el 31 de mayo de 1968, tiene especial importancia la que confirió autoridad superior a las leyes, a los tratados públicos, convenios y concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. A ella fue necesario llegar dada la trascendencia actual de las relaciones en el ámbito internacional que requieren asegurar el cumplimiento de compromisos en las comunidades de naciones. Además, se previó y autorizó constitucionalmente lo que, un poco al margen de nuestro ordenamiento jurídico, ya existía por necesidad innegable: “los tratados públicos y convenios internacionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes”. Y se dio otro gran paso adelante para esta era de acercamiento internacional y de cooperación comunitaria entre las naciones para su desarrollo, en que han de tomarse resoluciones con celeridad nunca antes imaginada, al no exigirse aprobación legislativa para los protocolos de menor rango derivados de tratado o convenios que autoricen expresamente tal derivación y que hayan sido anteriormente aprobados por la Asamblea Legislativa.
También debe destacarse el hecho de que se haya eliminado la autorización previa que antaño era requerida para que el Poder Ejecutivo pudiese negociar empréstitos relacionados con el crédito público. A la Asamblea Legislativa le queda la facultad de aprobarlos o improbarlos posteriormente y se evitó con esta otra reforma la doble discusión, que hacía muy dilatados los trámites de un empréstito a veces de urgente aprobación.
Una reforma a la Constitución Política, que forma parte del conjunto de reformas aprobadas el 31 de mayo de 1968 y que es de extraordinaria importancia, es la que limita la autonomía en materia de gobierno de las instituciones autónomas.
Con base en el respectivo nuevo texto es ahora posible establecer, mediante la ley, los sistemas e instrumentos que permitan una efectiva vinculación de los entes descentralizados con la política general que tracen los funcionarios depositarios de los poderes públicos.
Esta reforma es una llave importante para abrir paso a la revisión de los límites de la descentralización administrativa. Sobre la conveniencia de esa revisión han estado de acuerdo, por varios años ya, gran número de costarricenses y los diversos partidos políticos que han discutido el asunto.
Pero para llevar esta revisión de los limites de mera posibilidad a realidad operante, se hacía necesario establecer los principios básicos mediante los cuales se ha de hacer posible la coordinación entre los distintos programas de las instituciones en cuestión y su congruencia con las líneas políticas que fija el pueblo en los comicios y posteriormente a través de los miembros de los Supremos Poderes que él elige.
Con tal fin presentamos en el mes de octubre de 1969 a la consideración de quienes os precedieron en esta Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para la coordinación de las instituciones descentralizadas, con exclusión de los bancos del Estado y mediante el control de los programas de inversión de esas instituciones que llevaría a cabo en último término el Consejo de Gobierno.
El señor Contralor General de la República hizo algunas observaciones en cuanto al procedimiento propuesto y preparó un sistema alternativo en la búsqueda del mismo fin —con el cual fin expresó su concordancia— y después de varias conversaciones suyas con funcionarios del Gobierno, se encontró una fórmula que simplificaba los procedimientos mediante los cuales se podría llevar a cabo el control, tanto en lo presupuestario como en lo relacionado con los programas de inversión de los entes descentralizados.
Para establecer la necesaria unidad de miras y coordinación de esfuerzos entre el Gobierno y las Instituciones Autónomas con el fin último de alcanzar más plenamente los objetivos que el pueblo les ha encomendado, el camino señalado en ese proyecto de ley es adecuado. Porque la vinculación de los entes públicos con la planificación del desarrollo nacional, así como la congruencia que ha de resultar entre los diversos planes anuales de inversión del Estado, permiten, de acuerdo con el proyecto de ley en cuestión, obtener la deseada coordinación. Y ello en mejor forma que el simple cambio en un sistema para nombrar los directores de esas instituciones porque en forma más directa, a través del control del gasto, sin recurrir a métodos más complicados y de resultados inciertos, se llega a un resultado más positivo.
Finalmente se modificó la Constitución Política de la República con el fin de simplificar y aclarar los trámites, un tanto confusos, que el texto de 1949 señalaba para la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuando fuera del caso proceder a una reforma general de nuestra carta política.
Sin embargo, el Consejo de Gobierno que he presidido, en el cual tuve la fortuna de contar con eminentes jurisconsultos, siempre consideró que la convocatoria de una Asamblea Constituyente es una medida delicada y hasta peligrosa por la incertidumbre que de manera natural crea en la vida política, económica y social del país y que, por ello, sólo debe acordarse en casos extremos, ya que, por lo demás, siempre queda la vía de proceder a una revisión global del texto constitucional mediante los procedimientos establecidos para las reformas parciales.
Para esos fines queda a vuestra consideración el valioso trabajo llevado a cabo por una comisión integrada por los ex presidentes del Colegio de Abogados, a quienes el Consejo de Gobierno encomendó la difícil tarea de llevar a cabo una revisión general de la Constitución Política vigente y de proponer las modificaciones adicionales que la experiencia y las condiciones del mundo contemporáneo hubieran indicado como convenientes y necesarias. El trabajo efectuado por ese grupo de insignes jurisconsultos merece gratitud nacional hacia ellos. Y os repito mis esperanzas de que os sea de gran utilidad a vosotros por la pericia y la capacidad y experiencia jurídicas, difícilmente igualables, de ese grupo de eminentes abogados del foro nacional. A ese trabajo debe agregarse el más especializado y muy valioso que realizó, sobre las bases preparadas por la citada comisión de abogados, la Comisión Nacional de Reorganización de la Hacienda Pública y que versa sobre las normas hacendísticas que contiene el texto constitucional.
Ya que he venido refiriéndome a nuestro régimen político propiamente dicho, puede ser de interés que refiera someramente algunos aspectos de la experiencia adquirida en la presidencia de un Poder Ejecutivo cuya política, trazada reiterada y extensamente durante el proceso electoral, no contaba con el respaldo de una mayoría parlamentaria. La experiencia puede ser de algún valor para quienes en el futuro tengan la responsabilidad de revisar el funcionamiento de nuestras instituciones políticas fundamentales y se pregunten si el estado de cosas que me tocó experimentar es o no conveniente y, en todo caso, cómo puede funcionar un Gobierno costarricense con sus ramas Legislativa y Ejecutiva así divididas. Porque yo mismo me hice esa pregunta después de las elecciones de 1966 y antes de asumir las responsabilidades de la Presidencia. Y, más aún, al estar tan próximo a finalizar el mandato que el pueblo me dio en aquellas elecciones, puedo confesar que en más de una ocasión pensé que jamás podría cumplir parte sustancial alguna de lo que consideraba conveniente para el adelanto del país y el mayor bienestar de nuestro pueblo. Ello durante épocas en los primeros años de Gobierno, cuando las actitudes de un sector de la mayoría parlamentaria me parecían más enconadas e irracionales.
Ahora, con el reposo con que naturalmente se mira el pasado y que contrasta con la también natural inquietud que produce el tratar de prever el futuro, podría contestar la pregunta a que me refiero diciendo que el Gobierno fue posible en las condiciones dichas, gracias a una acción política del Poder Ejecutivo fundada en la verdad y la sinceridad; y gracias al alto grado de comprensión y apoyo que es susceptible de alcanzar y brindar nuestro pueblo cuando se funda en esas bases la acción del Poder Ejecutivo. Resultó así un gobierno difícil pero que pudo ejercerse sin provocar perturbaciones mayores en virtud del apoyo del público y de la sensibilidad política para percibirlo de que dio muestras la Asamblea Legislativa y, en particular, la mayoría de la Oposición, que de seguro se dio cuenta de que oponerse a la opinión popular no le rendiría buenos dividendos electorales.
Pero, se me podría pedir que concrete detalles del funcionamiento del Gobierno bajo las circunstancias en cuestión, en cuanto concierne específicamente a las relaciones entre los Poderes en el proceso de la formación de las leyes.
En algunos casos hubimos de valernos de proyectos de ley presentados por Diputados de aquella Oposición y que lográbamos transformar introduciendo en ellos nuestras ideas, valiéndonos para ello a veces de asesores extranjeros o externos para hacer posible el diálogo y la discusión. Tal fue, por ejemplo, el caso del propósito, enunciado en el mensaje inaugural del 8 de mayo de 1966, de que se llegara a fundar “un banco popular de ahorro y préstamo” que fuera para los trabajadores y de ellos, caso en el cual, al notar que nuestro propio proyecto no sería aprobado, se logró modificar, virtualmente en su totalidad, otro proyecto para lograr aquel propósito. Algo semejante se hizo, como otro ejemplo, para institucionalizar nuestro propósito fundamental, también enunciado en el citado mensaje inaugural, de “promover el concurso y esfuerzo propios de personas y comunidades para su desenvolvimiento”, para lo cual propusimos primero la creación de un Ministerio, que fuera rechazada, para luego valernos de los mismos medios citados y lograr asentimiento para obtener fines semejantes a los que deseábamos — aunque con instrumentos más débiles— mediante un acuerdo para la promulgación de la Ley General sobre Desarrollo de las Comunidades. Ejemplo de esta misma índole se dio para la aprobación de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. En otros casos hubimos de proceder primero por la vía del Decreto Ejecutivo para realizar una obra, de modo que ese decreto fuese posteriormente considerado en una ley o impulsase la aprobación de legislación que estaba estancada en la Asamblea Legislativa. Ejemplos de este método pueden hallarse en la ley de creación de la Escuela Normal Superior, o en la que respaldó el decreto mediante el cual habíamos transferido a la administración del Estado el muelle metálico que venía administrando, en virtud de una concesión del mismo Estado, la empresa Northern Railway Company; o el decreto mediante el cual se generalizó considerablemente el antiguo impuesto de Consumo, generalización que dio lugar a la aprobación de la más efectiva Ley de Impuesto sobre las Ventas y a la derogatoria de aquella Ley de Impuesto de Consumo, todo lo cual, a fin de cuentas, en cuanto concierne a medidas legislativas, fue lo que hizo posible el aceptable, aunque todavía no perfecto, equilibrio fiscal alcanzado, ya que en lo demás este equilibrio se obtuvo en virtud de medidas administrativas y gracias al admirable crecimiento de la economía nacional.
Alguien podría medir la divergencia que existió entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo señalando que en el cuatrienio pasado interpusimos más de ochenta vetos a otros tantos proyectos de ley. Pero de seguro los motivos expuestos al interponer esos vetos eran respetables puesto que sólo dos resellos se produjeron. Uno de ellos aparentemente por error, pues propendía a exonerar de impuestos aduaneros unas lámparas para un parque, cuando las lámparas habían sido compradas, se habían pagado los impuestos y estaban ya instaladas. El otro resello fue el referente a la objeción que hicimos a que los Bonos Deuda Pública 1970 pudieran, en un momento, afectar adversamente los recursos en efectivo de la Tesorería Nacional, al disponer la ley que podían ser usados para el pago de toda clase de impuestos fiscales. Me parece que este caso no requiere comentarios de mi parte.
Un examen más detenido de esos vetos, mostraría que 29 de ellos se referían a proyectos de ley tendientes a otorgar exoneraciones de impuestos y mostraría, de una manera general, que más de la mitad de aquellos vetos tuvo el mismo propósito de evitar mayores debilitamiento del Tesoro Público, que habíamos recibido considerablemente debilitado y en estado de crisis, por lo cual era preciso adoptar la desagradable disciplina de evitar tanto las leyes que le restarían fondos, como las que le crearían nuevas obligaciones sin señalar las fuentes de ingresos para hacerles frente y, además, las que financiaban una obra o un gasto con bonos para cuyo servicio tampoco se creaban las fuentes de ingresos. Otros cuantos de aquellos vetos se debieron a errores inadvertidos por la Asamblea Legislativa, lo cual es explicable en un parlamento que aprueba o rechaza cientos de leyes, desafortunadamente intrascendentes en su gran mayoría; de un parlamento que carece de un cuerpo jurídico asesor o que, en su apresuramiento por hacer las leyes, no usa de esos servicios de asesoramiento que podría prestarle, por ejemplo, la Procuraduría General de la República.
Es interesante notar que más de la mitad de esos vetos, 45 de ellos, se produjeron en la Legislatura de 1968; y de ellos 25 se referían a exoneraciones de impuestos fiscales.
De una manera general, las mayores diferencias entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo se centraron en torno a la política fiscal y monetaria que propiciábamos como parte del plan de estabilización monetaria que con tanto éxito llevamos a cabo. Por eso ha sido con satisfacción que hemos visto la buena disposición del Presidente Electo de continuar esa política.
Pero, a la par de los casos citados, es bueno reconocer que en muchas de las leyes importantes que aprobó la anterior Asamblea Legislativa, hubo coincidencia de criterios, bien fueran esos proyectos originados en el Poder Ejecutivo o en la iniciativa de los diputados. Varias otras leyes de carácter trascendental se formaron gracias a un trabajo mancomunado entre altos funcionarios de ambos poderes, como fue el caso, por ejemplo, en la ley que estableció el Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda o la Ley de Planificación Urbana. Y, finalmente, hubo casos realmente ejemplares como fueron, por ejemplo, los de la colaboración de los tres Supremos Poderes que se dio para la formulación de los proyectos de legislación penal modernizada o de la Ley General de la Administración Pública.
Parece claro que el estado político de la República, que ha de referir el presente Mensaje según la disposición constitucional atinente a él, debe comprender los aspectos relativos al Desarrollo Económico y al Desarrollo Social, que en nuestros días se hallan estrechamente vinculados a dicho estado político. En consecuencia, paso seguidamente a referirme a esos temas.
Os pido vuestra venia para explicaros que muchos de los datos que he de daros tienen comparaciones, frecuentemente referidas a años u otros lapsos anteriores, que abarcan administraciones que precedieron a la que ahora está próxima a finalizar. Ello se debe a que en una mayoría de casos un dato absoluto y no relativo o comparado, ofrece información de escaso valor. Os digo esto porque en modo alguno desearía que los datos comparativos que pueda daros, al comentar el estado de la Nación o los diversos asuntos de la Administración, pudieran interpretarse como si tuviesen el propósito de demeritar administraciones anteriores. Lejos de eso, estoy persuadido de que bajo el régimen democrático que tanto amamos y dadas las condiciones requeridas para llevar a cabo las obras y las transformaciones institucionales necesarias para promover el progreso material y espiritual que demanda la época en que vivimos, el mayor bienestar para nuestro pueblo —fin último de nuestros esfuerzos— es el resultado de la acción que trasciende la duración de una y otra administraciones, pues ha de ir lográndose paulatinamente. El bien común es, pues, una obra que nunca podrá quedar terminada. A todos nos corresponde ir perennemente en pos del bien común, perfeccionándolo más y más.
El crecimiento de la economía nacional tuvo nuevamente el año pasado, y por tercer año consecutivo, características que sin exageración pueden calificarse de prodigiosas. Los datos que de inmediato paso a suministrar provienen del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Costa Rica, que miden ese crecimiento mediante la serie que calcula ese Banco del llamado “Producto Interno Bruto a Precios de Mercado”, nombre que abreviaremos llamándolo simplemente “Producto Interno”. Según esos datos, el Producto Interno se elevó de ¢ 5.060 a ¢ 5.589 millones de colones de 1968 a 1969, lo cual significa un crecimiento del 10.4%, que es el más alto porcentaje de crecimiento alcanzado en toda la década 1960-1969. Ello significa que el crecimiento del Producto Interno por Habitante, alcanzó la extraordinaria cifra del 6.7%.
Por su parte el resultante crecimiento global del Ingreso Nacional resultó ser de un 10.7% y el del Ingreso Nacional por Habitante, en consecuencia, fue de un 7%.
El aspecto de mayor valor de ese crecimiento del Producto Interno es que ha sido sostenido durante los últimos cuatro años —en que los porcentajes respectivos han sido de 7.4, 8.3, 10.1 y 10.4%, en tanto que en cuatrienios anteriores esos porcentajes han sido oscilantes, bajando en años hasta un 3.7 ó 3.9% y elevándose en otros años, aunque jamás ese porcentaje alcanzó, en año anterior alguno, ni esporádicamente siquiera, al 10%, en tanto que, como se ve, en los últimos cuatro años el incremento del Producto Interno no sólo fue sostenido durante todo el cuatrienio sino que tanto en 1988 como en 1969 llegó a exceder ese 10% nunca antes alcanzado.
En el lapso cuadrienal 1965-1969, según esa misma fuente de datos, el Producto Interno se elevó de ¢ 3.950 a ¢ 5.589 millones o sea que creció en un porcentaje de 4I.5% no alcanzado jamás en cuadrienio alguno anterior. El crecimiento porcentual promedio anual en el mismo lapso 1965-1969 fue de 9.1%, en tanto que en el lapso 1961-1965 había sido del 7.8%; los datos correspondientes por habitante resultaron así ser de un crecimiento anual medio de 2.8% en el lapso 1961-1965 y de un 5.4% en el de 1965-1969.
Es de importancia y de interés desglosar de los datos sobre Producto Interno los que corresponden al Sector Agropecuario, que el Departamento de Estudios Económicos separa en el rubro que denomina “Agricultura, silvicultura, caza y pesca”. El crecimiento el año pasado de la producción de este sector fue de un 10.9% con respecto a 1968 y también se destaca este dato por ser la culminación de un crecimiento sostenido, que en los cuatro años fue elevándose sucesivamente según porcentajes de 3.6 a 9.5, a 9.9 hasta el citado de 10.9%. La tasa promedio de crecimiento anual de producción de este Sector Agropecuario fue del 8.4 en el lapso 1965-1969, en tanto que sólo
En el análisis de los datos del Producto Interno los economistas ponen mucha atención en las cifras de lo que ellos denominan “Formación Interna Bruta de Capital”, las cuales corresponden a las Inversiones en Capital Fijo que resultan del movimiento económico de un país y son por consiguiente las sumas que resultan de deducir del monto global de inversiones las que corresponde a aumento en las existencias o inventarios de mercancías. La importancia de este dato se debe a que él refleja la potencialidad para el crecimiento futuro de la economía nacional.
Conforme a los datos provenientes de la misma fuente del Banco Central la Inversión en Capital Fijo fue de ¢ 1.136 millones en 1969 y creció en un 12.3% con respecto a la respectiva inversión efectuada en 1968. En los cuatro años que van de 1962 a 1965 el promedio anual de esas inversiones fue de ¢ 736 millones y ese promedio anual se elevó a ¢ 981 millones en los años de 1966 a 1969. Ello quiere decir que el promedio anual de inversiones en capital fijo durante el último cuadrienio fue en más de un 35.3% superior al del cuadrienio 1962-1965.
Si observamos las cifras de crecimiento porcentual del monto de las inversiones en capital fijo ya no en su promedio anual durante el último cuadrienio sino año por año en ese lapso, se halla el mismo carácter de expansión sostenida que ha tenido la economía costarricense durante los últimos años. En efecto de un decrecimiento de 3.8% en 1966 se pasa a una tasa del 5.9 en 1967, luego a una de 10.7 en 1968, para culminar en la ya citada cifra del 12.3% de crecimiento en 1969, en cada caso con respecto al año anterior.
Es ilustrativo ahora ofrecer las cifras relativas al crecimiento de la producción costarricense provenientes de una fuente externa, que cuenta con sus métodos propios, muy depurados al través de los años, para hacer las estimaciones en cuestión. Eso nos permitirá, además, comparar el crecimiento de la economía costarricense con el de otros países del Continente Americano.
La Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), ha dado a conocer recientemente las cifras del Producto Interno Bruto en 1969, correspondiente a 19 países latinoamericanos que abarca su estudio. A diferencia del Banco Central, que calcula estos datos “a precios corrientes”, la CEPAL los calcula “a precios constantes”, es decir, de acuerdo con los precios de los artículos y servicios prevalecientes en un año fijo: el de 1960. Con ese método se eliminan de las cifras del Producto Interno las variaciones originadas en cambios en los precios de los diversos servicios o mercancías. En consecuencia las cifras de la CEPAL reflejan específicamente los cambios en las cantidades de producción final de dichos bienes y servicios.
Pues bien, de acuerdo con los datos de la CEPAL, en 1969 el Producto Interno de Costa Rica aumentó en un 7.6% con respecto a 1968; fue la segunda tasa más alta de crecimiento entre todos los países latinoamericanos estudiados, sólo superada por la de Brasil, que en los años anteriores no había experimentado porcentajes de crecimiento tan elevados.
Según los datos de la misma CEPAL el crecimiento anual promedio del Producto Interno correspondiente a los años 1966, 67, 68 y 69 en esos 19 países, resulta que Costa Rica alcanzó un promedio anual también del 7.6% y obtuvo así el primer lugar en la América Latina en ese lapso, en cuanto concierne a la rapidez de crecimiento de sus economías.
Los datos citados del estudio de la CEPAL confirman lo antes dicho, en el sentido de que el crecimiento de nuestra economía no sólo ha sido muy satisfactoriamente elevado, sino además, sostenidamente elevado durante los últimos años, pese a las calamidades provocadas por la naturaleza o por otras causas.
Se ha afirmado recientemente, que cifras como las anteriores, relativas al Producto Nacional o al Ingreso Nacional por habitante, son engañosas. Que ellas pueden describir la economía muy poderosa y pujante de un país que, por otra parte, padezca de graves problemas sociales.
La verdad es que los economistas no han podido hallar cifras que describan mejor el estado, y sobre todo la evolución, de la economía de una nación, que éstas del Producto o del Ingreso Nacional por Habitante. Y, aunque con referencia a un año aislado esa medición sea de poco valor, al comparar un año u otro lapso cualquiera con otro año u otro lapso de igual duración que el anterior; o al comparar entre diferentes países la información que proporcionan esas estadísticas, ellas han demostrado ser de tan grande utilidad que los economistas se han dedicado a perfeccionarlas durante los últimos veinte años especialmente.
Es claro que esos datos no reflejan todos los pliegues innumerables de la vida de un país. El hecho de que el Ingreso Nacional por Habitante en 1967 fuera en Costa Rica de US$ 357.00 por año, de US$ 3,300.00 en los Estados Unidos y de US$ 1,060.00 en Rusia, sólo nos da una idea global sobre la condición media de la vida en esos países. El dato respectivo sobre Costa Rica adquiere otro aspecto si se agrega que hace diez años, en 1959 el Ingreso por Habitante era de apenas US$ 265.00 y que el año pasado fue de US$ 402.00; si se añade que en las cifras sobre el Producto Nacional no hay componente alguno que corresponda a gastos en armamentos; si se explica que la distribución de la propiedad, de la riqueza o de la pobreza, en Costa Rica ha sido relativamente más igualitaria que en casi todos nuestros países hermanos desde los albores de nuestra independencia; si se considera que, con mucho, las mayores inversiones de los recursos provenientes de los tributos son empleados en educación y en procurar una mejor salud para nuestro pueblo; y si sabe, además, que, particularmente desde hace treinta años, la preocupación por elevar la condición de los más desvalidos ha permeado a todos los Gobiernos.
Las cifras mucho más elevadas del Ingreso Nacional por Habitante en los Estados Unidos o en Rusia no nos dicen por sí solas cuánto abarcan de producción de armamentos. Tampoco nos dicen que hay zonas en Estados del Sur de los Estados Unidos en donde las condiciones de vida son peores que las más deplorables que puedan hallarse en Costa Rica; tampoco nos dicen que en Rusia para alcanzar las elevadas cifras actuales de producción, durante largos años el régimen hubo de imponer un nivel de ahorro que restringió el consumo a límites que hoy no tolerarían los costarricenses, ni cuáles son las condiciones de vida en el hogar ruso.
Todo lo dicho no evita que, a pesar de los encomiables y satisfactorios niveles de Ingreso Nacional por Habitante, sintamos que se nos estruja el corazón y se nos estremecen todas las fibras de nuestro ser a la vista de un caso de analfabetismo total en un adulto o de desnutrición avanzada en un niño, bien sea de un caserío alejado del cantón de Aserrí o del Estado de Mississippi. Pero, a su vez, nada de esto quita el enorme significado y la verdad que reflejan las cifras sobre el producto o sobre el Ingreso Nacional por Habitante. En los aspectos humanos lo que corresponde hacer, concretamente en Costa Rica, es velar porque los índices de analfabetismo, de mortalidad, de mortalidad infantil en particular, vayan decreciendo, al tiempo que ascienden los de nivel educativo, de retención escolar, de empleo y salarios reales devengados. Y esto, afortunadamente, como veremos luego, viene sucediendo persistentemente en Costa Rica. Es claro que lo espléndido del crecimiento de la economía costarricense no debe conducirnos a darnos por satisfechos, ni a adoptar una posición de indiferencia o quietismo frente a los problemas humanos que en todo caso no sería propia del ser costarricense sino que, aprovechando el crecimiento de nuestra producción y de nuestras consiguientes posibilidades, constantemente debemos permanecer vigilantes de la suerte de los más desvalidos, ayudándoles a valerse por sí mismos promoviendo un ascendente bienestar material y moral para ellos. Todo ello puede hacerse sin necesidad de asumir una actitud de índole masoquista que nos induzca a pintar el cuadro de la vida nacional con colores tenebrosos y deprimentes, pues ello más bien podría llevarnos a desalentar el esfuerzo que es necesario hacer para perfeccionar lo bueno que tenemos.
En todo caso, se puede apreciar el notable crecimiento y la vitalidad que ha adquirido la economía nacional por medio de datos más concretos y familiares.
El valor de nuestras exportaciones en 1969, según estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos ascendió a US$ 192.6 millones y, en consecuencia, experimentaron un incremento de un 13.2% con respecto al valor exportado en 1968, que fue de US$ 170 millones. Ese crecimiento es impresionante. El valor de las exportaciones en 1969 es de más del doble del correspondiente al año 1963. Y en sólo los cuatro años que van de 1965 a 1969 ese crecimiento fue de más de un 72%, ya que el valor de lo exportado en 1965 fue de US$ 111.7 millones.
Hay que detenerse un momento a pensar en lo que significa ese prodigioso crecimiento y en las consecuencias que se derivan de él. Bastaría señalar que en los trece años anteriores, que van de 1952 a 1965, el aumento total del valor de nuestras exportaciones apenas si alcanzó a un 54% . Por su parte, las importaciones también crecieron enormemente en estos últimos cuatro años, en que se elevaron de US$ 178.1 millones en 1965 a US$ 249.9 en 1969, o sea en un 40.3% .
En consecuencia, si en el corto lapso de seis años, de 1963 a 1969, de un lado más que se duplican las exportaciones y del otro lado también prácticamente se duplican las importaciones, es dable suponer que el movimiento en los puertos se haya cuadruplicado. No es de sorprender, pues, que, al no haberse previsto en años anteriores este prodigioso aumento que se daría en estos cuatro años, estemos hoy abocados a los problemas portuarios que estamos viviendo y a los que luego me referiré. Aunque graves y altamente inconvenientes, tales problemas portuarios son problemas de crecimiento, de crecimiento sumamente acelerado, lo cual, aunque sólo desde este punto de vista, debe satisfacernos y al menos explica también la causa de la relativa imprevisión de las administraciones anteriores sobre la urgencia que había de adelantarse a la aparición de los actuales problemas portuarios.
El ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones de 1965 a 1968 ha sido recientemente señalado por los técnicos del Comité Interamericano de Alianza para el Progreso (CIAP) como el más elevado de la América Latina, al haber alcanzado una tasa del 14% en el promedio anual de incremento, cuando el promedio correspondiente en toda el área latinoamericana fue de sólo un 2.6% y el país que siguió a Costa Rica fue Chile, cuyo promedio anual de crecimiento alcanzó un 9.2%. Puesto que el crecimiento de nuestras exportaciones en el año pasado fue, como dije, de un 13.2% con respecto a 1968, es muy posible que hayamos conservado ese primer lugar en 1969.
Se podría decir que ese maravilloso crecimiento de nuestra producción exportable ha sido debido al aumento de la producción bananera.
Si así fuese, ello nos satisfaría mucho a quienes hemos ejercido el Gobierno en. estos cuatro años, pues aun desde antes de asumir el Poder Ejecutivo ya veíamos con claridad que los cultivos bananeros eran los únicos que a corto plazo podrían solucionar los gravísimos problemas monetarios y de balanza de pagos con que hubimos de enfrentarnos al llegar al Gobierno, razón por la cual desde entonces y constantemente hemos alentado la expansión bananera, siempre que se efectuara en las tierras apropiadas y por quienes tienen la dedicación y capacidad técnica que requieren las plantaciones bananeras. Pero lo cierto es que no han sido sólo las exportaciones bananeras las que han realizado el milagro.
En efecto, el valor total de las exportaciones excluyendo las del banano sé eleva de US$ 64.3 millones en 1961 a $ 83.4 millones en 1965 y a $ 137.0 millones en 1969, o sea algo menos de un 30% en el lapso 1961-1965 y algo más de un 64% en los últimos cuatro años. En otras palabras, el aumento del valor exportado que no ha sido banano, más que se duplicó en el último cuatrienio con respecto al precedente.
Otro aspecto que es importante observar es que en los cuatro años de 1961 a 1965, en tanto que el promedio anual de crecimiento de las EXPORTACIONES totales, fue de un 7.1%, las IMPORTACIONES aumentaron según un promedio anual mayor, de 13.5%, o sea de casi al doble, lo cual pone en evidencia el deterioro que en ese lapso sufrió nuestra balanza de pagos. En cambio, en los cuatro años de la Administración que ahora va llegando a su fin, las EXPORTACIONES totales crecieron según un promedio anual del 13.2%, a la vez que el promedio anual de aumento de las importaciones fue sólo de un 8.8%. Las tendencias divergentes anteriores se transforman en tendencias convergentes, lo cual vino a la postre a salvar primero y luego a fortalecer nuestra moneda nacional, como se verá seguidamente.
Antes, sin embargo, creo necesario aclarar un punto que es causa de preocupación para un sector de nuestro público, que mira como un pecado mortal de nuestra producción el hecho de que una y otra vez el país tenga que importar alguno de nuestros granos básicos de consumo popular. Aunque la preocupación es muy respetable y merece atención y consideración, la verdad es que ni el agricultor ni el país hacen un buen negocio si persisten en cultivar, digamos frijoles, con bajos rendimientos, cuando pueden obtener ingresos mayores si se cultivan arvejas, o bananos para exportarlos, aunque ese agricultor tenga que consumir frijoles importados.
Pero me doy cuenta de que la anterior afirmación es discutible porque sin duda lo mejor sería que, a más de los granos de consumo popular básico cultivados con métodos modernos para obtener productividades elevadas, se cultivaran los otros productos del agro para continuar alcanzando una exportación creciente y diversificada. En todo caso, hasta ahora la magnitud de las importaciones de maíz, arroz y frijoles no parece ser muy grande al compararla con las ventajas de haber incrementado las exportaciones de otros productos agropecuarios a buenos precios en el mercado mundial.
El comercio intercentroamericano de granos estimula una corriente de importaciones y exportaciones casi simultánea, por lo cual lo que interesa es el saldo del intercambio. En los años 1966, 67, 68 y 69 la suma de las importaciones excedió el valor global de las exportaciones, del conjunto de arroz, frijoles y maíz en cerca de US$ 12.5 millones Este saldo de intercambio, comparado con la suma global de todo lo exportado en esos cuatro años —que fue de más de US$ 641 millones— significa que por cada dólar que hemos exportado, hemos importado menos de dos céntimos de dólar de arroz, frijoles y maíz, durante los últimos cuatro años. Y es dable esperar que cuando estén terminadas las carreteras de penetración —como la de Cañas a Upala— que actualmente se están construyendo, podramos reducir a cero los saldos de intercambio de esos tres granos de consumo popular básico.
Aquel aumento admirable que experimentaron las exportaciones en los cuatro años pasados, con una dirección prudente y hábil del crédito bancario por parte del Banco Central y la disciplina que nos impusimos para restringir los gastos fiscales y aumentar los respectivos ingresos, dieron por resultado la espectacular reversión de la situación monetaria del país, que en el corto lapso de cuatro años transformó un estado de grave crisis en la situación actual, en que las reservas monetarias internacionales del país son sumamente elevadas y en que los créditos obtenidos en el exterior después de obtener tales resultados, han de venir a engrosar aun más esas reservas de la Nación.
En diciembre de 1965 las reservas monetarias internacionales NETAS en poder del Sistema Bancario Nacional no existían sino que su saldo era NEGATIVO, de US$ 2.4 millones. A esa fecha, el Banco Central debía en el exterior $ 20.6 millones y los bancos comerciales tenían también pasivos en moneda extranjera por un monto de $ 7.2 millones. El Gobierno adeudaba por operaciones a corto plazo en el exterior para financiar sus gastos, un monto total de USS 14.1 millones, con el aval o garantía del Banco Central. Además el Banco Central se había visto precisado a contraer otra obligación a corto plazo con el First National City Bank por US$ 6. millones (C 40 millones) para comprar bonos al Gobierno y de este modo financiarle operaciones de la Tesorería Nacional. Más aún, el Presupuesto Nacional aprobado ese año para el ejercicio fiscal de 1966 era un presupuesto alegre, autorizado así por la Asamblea Legislativa de entonces, posiblemente con fines de política electoral.
En consecuencia, la situación monetaria en diciembre de 1966 se había deteriorado aún más. Las reservas monetarias internacionales netas en poder del Sistema Bancario Nacional habían descendido a MENOS $ 12.6 millones.
Pero ya en diciembre de 1967 se había producido el vuelco: las reservas netas se habían elevado en US$ 22. millones para alcanzar un saldo POSITIVO de $ 10.6 millones. En diciembre de 1968 ese saldo era de $ 20.2 millones y luego, a fines del año pasado, las reservas monetarias internacionales netas en poder del Sistema Bancario Nacional llegaron a sumar US$ 37.7 millones. Además, en diciembre de 1969, el saldo de la deuda externa del Gobierno Central, por préstamos y bonos con aval del Banco Central, había descendido de los $ 14.1 millones que se debían en 1965 a US$ 2.9 millones, o sea que en más de ¢ 73 millones se había disminuido la deuda del Gobierno con el Banco Central proveniente de esos préstamos externos a corto plazo.
Es conveniente citar el dato más reciente disponible sobre reservas. Al 31 de marzo de 1969 las reservas monetarias internacionales netas eran de US$ 33.8 millones y a la misma fecha del presente año habían ascendido a USS 38.5 millones.
Para comprender lo que significó corregir una situación así de grave como la descrita, que el país logró superar pero que causó graves daños al crédito de Costa Rica en el exterior a la vez que requirió de un severa y dolorosa dosis de disciplina en los gastos, es conveniente observar la evolución de la fortaleza de nuestra moneda, reflejada en otra serie de datos. Me refiero a los primeros rubros —denominados Activos Monetarios Internacionales y Obligaciones Monetarias Internacionales— que aparecen en los Balances de Situación que publica mensualmente el Banco Central en “La Gaceta”, pero a los cuales tal parece que casi nadie presta atención.
Al 31 de diciembre de 1962 las Obligaciones Monetarias Internacionales eran de ¢ 226.3 millones y los Activos correspondientes de ¢ 180.3 millones, lo cual dejaba un saldo negativo o “en rojo” de ¢ 46. millones. Ese saldo continúa “en rojo” en los años subsiguientes. Fue de MENOS ¢64.6 millones en 1963, de MENOS ¢ 110.8 millones en 1964, de MENOS ¢ 142.4 millones en 1965, de MENOS ¢ 182.8 millones en 1966, de MENOS ¢ 75. millones en 1937. Al 31 de diciembre de 1968 dicho saldo se transforma ya en positivo y es de MAS ¢ 43.7 millones; y al 31 de diciembre recién pasado los activos monetarios internacionales, que eran de ¢ 347.3 millones de colones, excedían a los correspondientes pasivos en más de ¢ 84. millones, pues esos pasivos eran de sólo ¢ 262.9 millones.
La Deuda Externa del Gobierno de la República disminuyó de US$ 53.2 millones al 31 de diciembre de 1985 hasta USS 47.2 millones al finalizar el año recién pasado. Esto parece increíble y hasta cruel que suceda en un país cuyo enorme afán de desarrollo requiere créditos a largo plazo para fines reproductivos, a fin de aliviar lo doloroso que sería proveer esos recursos únicamente mediante ahorro interno, o sea privándose del consumo de los bienes que más apetece el pueblo en nuestra época; y tanto más parece increíble esa disminución de cerca de $ 40 millones en la deuda externa en estos últimos cuatro años, si se la mira a la luz del espléndido crecimiento que ha tenido en el mismo lapso la economía costarricense.
Pero la verdad completa es algo diferente de esa apariencia. La deuda a largo plazo, para fines reproductivos de desarrollo, SI creció, en US$ 7.7 millones, pues se elevó de US$ 33.1 millones en 1965 a US$ 40.8 millones en 1969, en virtud de los créditos favorables obtenidos una vez que el país superó la crisis de los años 65 y 66. Lo que aconteció es que al mismo tiempo logramos disminuir las deudas a corto plazo que se habían contraído en términos onerosos y para fines fiscales en el cuatrienio anterior; y esa reducción alcanzó la suma de US$ 13.7 millones, o sea que más de ¢ 91 millones fueron cancelados del conjunto de esas peligrosas deudas a corto plazo.
El crédito del Sistema Bancario otorgado al Sector Privado de la Economía alcanzó, al 31 de diciembre de 1969, a la suma de $ 1.427.0 millones que representa un aumento de 0 98.6 millones, o sea del 7%, sobre el respectivo monto total de crédito otorgado un año antes, al finalizar el año 1968, que fue de $ 1.328.4 millones.
Es digna de encomio la manera, sensitiva de las necesidades pero cautelosa, en que el Sistema Bancario Nacional ha manejado el crédito bajo la dirección del Banco Central. Si se clasifican esos créditos según el plazo, se halla que en 1969, ¢ 498.2 millones, o sea el 47.7% del crédito concedido lo fue a plazos mediano y largo, en tanto en 1961 sólo 0 378.4 o sea el 43.8% correspondía a esos plazos mediano y largo, que son los más favorables para desarrollar nuevas empresas o ampliar las existentes. Por otra parte, el porcentaje de obligaciones que fue necesario remitir al cobro judicial descendió del 7.8% en 1966, al 6.6% en 1967, al 6.2% en 1968 y al 5.4% en 1969, como porcentajes del total de colocaciones bancarias. En números absolutos ese descenso fue de ¢ 68.1 que había al cobro judicial en 1966 a ¢ 58.7 millones en 1969.
Se critica a menudo la política crediticia del Banco Central por quienes desearían más y más crédito. Pero si se tiene en mente el singularmente elevado crecimiento de la producción nacional y el casi increíble fortalecimiento de la moneda, ha de concluirse que la política crediticia del Banco Central difícilmente habría podido ser más acertada.
Es muy común el razonamiento de que nuestros bancos deben otorgar más y más crédito a quienes lo van a emplear en aumentar la producción nacional para beneficio del país. Y en verdad ese razonamiento, que conduce a calificar mal la política crediticia cautelosa, es aparentemente cierto.
Pero debe tomarse en cuenta que sólo países como por ejemplo, la República Federal de Alemania o el Japón, cuya capacidad de trabajo, nivel tecnológico y nivel educativo son casi incomparables, han podido mantener durante varios años seguidos un ritmo de crecimiento de su Producto Nacional como lo ha tenido Costa Rica en estos tres últimos años. Y ya se nota en varios campos del trabajo la escasez de mano de obra calificada, a la vez que los salarios respectivos han ido en aumento. En estas circunstancias un aumento indiscriminado y poco cauteloso del crédito bancario ha de inducir al establecimiento de empresas no bien reproductivas, con perjuicio para quienes obtuvieron los créditos y pueden convertirse en deudores morosos y aun arruinarse, con daño también para los bancos estatales. O bien, ese crédito concedido en exceso circula por la intrincada red de vasos comunicantes de la economía nacional, para terminar en presión sobre la importación de bienes suntuarios,. Esto no es teoría. Ha acontecido repetidamente en el pasado y ha dado lugar, por ejemplo, a lo que en un tiempo se llamó el cementerio guanacasteco de tractores y a la ruina de quienes, gracias al crédito bancario fácil, sufrieron grandes pérdidas sembrando arroz sin contar con las condiciones necesarias para hacerlo con éxito. Todo ello sin poder producir aumentos sustanciales en el Producto Nacional como los que sí se han producido en estos últimos tres años. Y ahora que vemos tantas personas de la ciudad capital embarcadas con el mayor entusiasmo y plenas de buena voluntad, en empresas bananeras, no puede uno menos que pensar en aquellos arroceros improvisados de hace diez años o quince años.
Por eso hay que ser cauto e informarse bien antes de formular críticas fáciles a la política crediticia de un Banco Central, que ya tiene veinte años de experiencia en estas materias.
La producción nacional sólo aumenta en virtud del trabajo de nuestros hombres y mujeres y el valor de ella es tanto mayor cuanto mejor calificado sea ese trabajo. Si el aumento del Producto Nacional se obtuviese simplemente aumentando el crédito bancario interno, realizando toda la emisión monetaria que para ello se requiriese, toda la problemática del desarrollo económico carecería de sentido y, en consecuencia, tampoco existirían los problemas sociales. ¡Bastaría emitir dinero para resolverlos!
Es ampliamente conocida y reconocida, tanto interna como internacionalmente, la labor efectuada, durante los cuatro años que ahora van terminando, en el campo de la Hacienda Pública. A ella me he referido extensamente en diversas ocasiones, tratando de mostrar, al pueblo directamente y a sus representantes en la Asamblea Legislativa que os precedió, la realidad de las circunstancias. Así lo hice cuando estas circunstancias eran gravemente adversas por sus efectos sobre las reservas monetarias internacionales y principalmente sobre el poder adquisitivo de los salarios; y también posteriormente cuando logramos, gracias al esfuerzo y a la comprensión de los ciudadanos, eliminar los efectos de aquellas circunstancias, que eran principalmente adversos para las personas de menores recursos e ingresos.
Por consiguiente no es preciso volver ahora sobre los detalles de todos esos aspectos de los problemas de la Hacienda Pública. Pero, para lo que pueda servir la experiencia vivida en la acción del futuro, puede ser de utilidad que ponga énfasis un aspecto fundamental del proceso experimentado . Es, al igual que aconteció con los pagos al exterior y los ingresos por exportaciones en la balanza de pagos, el aspecto de la reversión que se produjo en las tendencias a partir de un punto en que el total de los gastos fiscales totales había venido creciendo más rápidamente que los ingresos fiscales corrientes, agravando así, en consecuencia, las necesidades de financiamiento extraordinario para cubrir aquellos gastos corrientes; y la reversión hacia tendencias favorables que tuvo lugar cuando las prácticas hacendísticas, dañinas por sus efectos sobre la balanza de pagos y sobre la moneda, que se habían usado para financiar gastos no cubiertos por ingresos fiscales corrientes, fueron sustituidas por medidas sanas que no producen esos efectos nocivos aunque de momento la disciplina requerida para implantarlas resulte desagradable.
En el trabajo preparado en 1966 por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central e impreso con el título de “Problemas de Presupuesto y de Tesorería del Gobierno Central, 1956-1965", se lee lo siguiente:
“De 1958 a 1965 los gastos totales del Gobierno crecieron más que proporcionalmente en relación a los ingresos corrientes al variar los primeros (los gastos) un 73.9% y los segundos un 62.1%”.
En ese estudio se concluye luego así:
“Las cifras ofrecidas permiten notar un crecimiento de los Gastos Totales muy superior al de los Ingresos Corrientes y al Producto Interno Bruto a Precios de Mercado en el lapso 1958-1965. Además, los Gastos Corrientes (especialmente los de consumo) aumentaron desproporcionadamente con respecto a los Gastos de Capital (especialmente de inversiones reales). Mientras los Gastos Corrientes y los de Consumo aumentaron en un 101.4% y un 102.1% respectivamente, los Gastos de Capital y las Inversiones Reales lo hicieron por su orden en un 26.5% y un (menos) 44.0%”.
Las anteriores frases están escritas en 1966. Veamos cuál es la realidad de esas mismas circunstancias durante estos últimos años. Durante el lapso 1966-1969 el promedio anual de crecimiento de los Gastos Totales (excluido lo que corresponde a construcción de la Carretera Interamericana) fue del 9.2%, en tanto que ese promedio anual de aumento había sido del 11.6% en el cuatrienio precedente 1962-1966. Conviene decir, de paso, que en la suma de los presupuestos, presentados o aprobados, para 1970 y que incluyen las obligaciones de pago ineludibles para el Estado, se mantiene ese ritmo de crecimiento de los gastos del último cuatrienio, pues incluyendo esos gastos ya presupuestos paira 1970, el promedio anual aumenta de 1966 a 1970, en un 9.1%.
Pero más importante aun es que los ingresos corrientes aumentaron durante el lapso 62-65 según un promedio anual de crecimiento del 7.9% (que contrasta con el porcentaje de 11.6% citado de crecimiento de los gastos y señalaba la tendencia divergente). En cambio, durante el lapso 66-69 los ingresos fiscales corrientes aumentan sustancialmente hasta alcanzar un promedio anual de crecimiento del 11.1% (que debe contrastarse con el promedio anual de crecimiento de los gastos en este lapso que ya dije que fue del 9.2%), con lo cual queda en evidencia la tendencia ahora convergente hacia el equilibrio de esas cifras. Es decir que mientras la brecha entre los gastos y los ingresos corrientes se aumentaba peligrosamente en el cuatrienio anterior, la tendencia ahora es a equilibrarse satisfactoriamente.
La composición de los gastos que señala como inconveniente ese estudio de 1966 del Banco Central, también se ha invertido durante estos últimos cuatro años, en que los gastos de capital del Gobierno han tenido un mayor dinamismo y, entre ellos, en especial los de Inversión Real. Pero alargaría más estas referencias con los detalles numéricos que muestran ese otro cambio favorable en el manejo de los ingresos tributarios .
Sobre la forma de financiar la diferencia entre los gastos totales y los ingresos corrientes, sí es preciso decir que desde el año 1967 —en que la anterior Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Impuesto sobre las Ventas —no se volvió a elevar el saldo de Letras del Tesoro descontadas por el Banco Central mediante emisión monetaria, destinada, pues, a financiar gastos fiscales; más bien, ese monto de Letras del Tesoro se ha reducido, al pasado 31 de marzo, en una elevada cifra de ¢ 30.9 millones que se han depositado en el Banco Central a cuenta de esa deuda. Por lo demás, no sólo se prescindió del pernicioso expediente de contraer deudas a corto plazo en el exterior para cubrir gastos fiscales ordinarios, sino que esas deudas hemos podido cancelarlas al Banco Central, que sirvió como fiador del Gobierno y que, como tal, tuvo que pagarlas a su vencimiento cuando el Gobierno no pudo pagar a tiempo.
Es de rigor informaros concretamente sobre el resultado del ejercicio fiscal de 1969 y lo hago con base en el informe preparado por el Ministerio de Hacienda, que se apoya en datos de la Contabilidad Nacional .
Los gastos autorizados en el presupuesto ordinario lo fueron por un total de ¢ 681.6 millones, mientras que las erogaciones efectivamente realizadas con cargo a esos gastos presupuestos sólo alcanzaron ¢ 660.6 millones, lo-cual significó una economía en el gasto de ¢ 21 millones. Por su parte los ingresos efectivamente percibidos en los rubros correspondientes a dicho presupuesto ordinario alcanzaron un monto de ¢ 719.8 millones. En suma el presupuesto ordinario de 1970, incluyendo todas sus ampliaciones, dejó un superávit legal de ¢ 59.1 millones.
Es conveniente un breve paréntesis para explicar que los ingresos estimados en noviembre de 1968, al aprobar el presupuesto ordinario para 1969, lo fueron por ¢ 624.8 millones. Luego, en vista de que las recaudaciones efectivas comenzaron a superar las estimaciones precisamente desde noviembre de 1968, durante el año 1969 se hizo una recalificación de los ingresos para financiar gastos urgentes y se elevó el monto de los ingresos esperados para 1969 hasta la cifra de ¢ 681.6 millones. Como se ve, los ingresos fiscales efectivamente percibidos a la postre superaron aun esta segunda estimación en ¢ 38.2 millones.
Ese resultado extraordinariamente favorable del comportamiento de los ingresos ordinarios en 1969 sin duda tiene relación con el auge extraordinario que ha llegado a alcanzar la economía general de la Nación. Pero también se deben esos resultados al trabajo, diligencia y capacidad administrativa de los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, todo lo cual, a su vez, redundó en una mayor justicia tributaria, al obtener mayores ingresos de los estimados a base de mejor recaudación y no de nuevos tributos.
Desafortunadamente los presupuestos ordinarios no revelan toda la realidad de la Hacienda Pública. Para ello hay que considerarlos conjuntamente con los presupuestos extraordinarios, que abarcan también los gastos financiados mediante el crédito público.
Los gastos totales efectivamente realizados con base en las autorizaciones de los presupuestos tanto ordinarios como extraordinarios alcanzaron a ¢ 913.5 millones, en tanto que los ingresos reales, los efectivamente recaudados, alcanzaron la suma ya mencionada de ¢ 719.8 millones, lo cual deja una diferencia de ¢ 193.7 millones que hubieron de ser financiados mediante el crédito público.
No sería justo ni conveniente tratar de que los ingresos ordinarios alcancen el mismo monto de los gastos fiscales totales, sin recurrir al crédito público, ya que ello significaría que la generación actual no sólo cargaría con sus obligaciones tributarias sino con los gastos de inversión hechos en beneficio de las generaciones futuras. Pero sí sería ideal que la financiación de parte de los gastos totales mediante el uso del crédito público no excediese de la suma que anualmente se paga por concepto de amortización de la deuda pública, a menos que se trate de usarlo para inversiones altamente reproductivas.
La suma pagada el año pasado por concepto de amortización de la deuda pública fue de ¢ 96.4 millones. Ello significa que quedó una brecha fiscal descubierta de ¢ 97.3 millones que potencialmente representa aumento de la deuda pública; que representa también un 10.6% de los gastos totales.
Si continúa la tendencia creciente actual de los ingresos ordinarios, según la cual, como vimos, en sólo un año ellos aumentaron en 1969 en ¢ 95 millones, por encima de la cifra que se había estimado en noviembre de 1968, aquella brecha puede quedar cerrada pronto, a condición de mantener la política de disciplina y de parsimonia en los gastos, que tan buenos resultados produjo en los cuatro años recién pasados.
Toda la referencia anterior no ha tomado en cuenta el aumento de la deuda con la Caja de Seguro Social por el no pago de la cuota estatal. Es claro que todos quisiéramos no sólo que esa deuda fuese pagada sino además que en lo sucesivo no se volviera a formar. Las cuestiones fundamentales al respecto son: ¿Quién debe pagar las cuotas estatales? y ¿Para qué necesita la Caja de Seguro Social los cien millones de colones anuales a que ascenderán esas cuotas a partir del año entrante?
La respuesta obvia a la primera pregunta es que naturalmente, el Estado es el que debe pagar esa cuota estatal. Pero bien, ¿De dónde ha de tomar los recursos el Estado para pagar esos ¢ 100 millones y más por año? ¿De nuevos impuestos? ¿O de reducción en los gastos? Y si la respuesta es que deben reducirse los gastos, quien dé esa respuesta debería indicar en cuáles renglones pueden llegar a efectuarse reducciones que alcancen a más de ¢ 100 millones por año. Y luego, ¿Qué va a hacer la Caja con esos cien y más millones de colones por año? Si conserva su actual régimen de capitalización para la protección contra la Invalidez, Vejez y Muerte, la Caja requeriría esas enormes sumas principalmente para capitalización, o sea para constituir mayores reservas, esto es para efectuar inversiones que le produzcan rentas con las cuales atender las pensiones que tenga que pagar en el futuro. ¿Se deben ya aumentar más los tributos para esos fines?
Posteriormente me referiré nuevamente a esta cuestión al relatar los esfuerzos que se han hecho y las posibles soluciones que existen para resolver ese viejo problema del no pago de la cuota estatal a la Caja de Seguro Social.
Por ahora termino esta sección sobre el estado de la Hacienda Pública con el dato de que al 31 de diciembre la deuda pública alcanzó la cifra de ¢ 1.451.8 millones. Esa cifra es en ¢ 505.9 millones superior a la correspondiente a diciembre de 1965 y representa los gastos que fue preciso realizar en estos últimos cuatro años sin contar con los ingresos suficientes para cubrirlos.
En porcentajes comparativos, la Deuda Pública Total crece en un 12.3% de 1961 a 1965 y en un 11.3% de 1965 a 1969. A la par de ese dato es conveniente decir que, al 16 de abril recién pasado, quedaban recursos en la Tesorería Nacional representados por bonos de la deuda interna por un monto de más de ¢ 162 millones, a su libre disposición.
Es oportuno volver al tema relativo al valor que puedan tener las estadísticas de Producto e Ingreso Nacional para describir el crecimiento de la economía nacional y ofrecer ahora estadísticas más familiares y concretas que reflejan el mismo estado de auge de la economía costarricense en estos últimos años.
Así, por ejemplo, los depósitos de ahorro en los bancos comerciales crecieron de 170.3 a 198.9 millones de colones del 31 de diciembre de 1968 a igual fecha de 1969. El promedio anual de crecimiento de esos depósitos fue de un 11.9% en el lapso 1961-1965 y de un 12.5% en el período 19651969. A la suma de ahorros citada habría que agregar los ahorros de los trabajadores en el Banco Popular y el de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que ha crecido mucho en los últimos años.
El valor total de las pólizas de seguros vigentes en el Instituto Nacional de Seguros se elevó de 9.778 a 11.845 millones de colones, o sea en ¢ 2.067 millones, que representan un aumento de un 21.1% sólo en el año 1969. Los aumentos promedios anuales fueron de un 14.9% en el período 1961-1965 y de un 19.9% en el período 1965-1969; y en números absolutos los montos asegurados crecieron en ¢ 2.438.5 millones entre 1961 y 1965 y en ¢ 6.120.2 millones de 1965 a 1969 o sea durante los cuatro años 66, 67, 68 y 69. El mismo Instituto de Seguros concedió 2.053 operaciones de crédito —sobre todo para vivienda— por una suma total de ¢ 71.8 millones en los cuatro años que van de 1962 a 1965; y en los siguientes cuatro años, del 66 al 69 el número de operaciones ascendió a 2.531 y su suma a ¢ 95.1 millones.
Igualmente satisfactorios crecimientos muestran otros indicadores de la actividad económica nacional, como son los de Ventas del Comercio al por Mayor en San José o de Consumo Industrial de Energía Eléctrica, que publica el Banco Central de Costa Rica.
El Indice de Precios del Consumidor de Ingreso Medio y Bajo, que lleva la Dirección General de Estadística y Censos, muestra un aumento anual promedio de 1.94 en el cuatrienio 1961-1965 y un aumento anual promedio, ligeramente superior, de 2.06 en el período 1965-1969. Esos índices deben compararse, inevitablemente, con los de los Estados Unidos, porque si en esa Nación, que es nuestra principal proveedora de materias primas y de artículos terminados, se elevan los precios, por ejemplo del acero con que se fabrica el alambre de púas o de las unidades básicas para las refrigeradoras y los precios de otros mil artículos, sucede que en el resto del mundo todos los precios tienden a elevarse y, en particular, así sucede en Costa Rica en alguna proporción con el alza experimentada en los Estados Unidos.
Y es el caso que en el período 1961-1965 el Indice de Precios para el Consumidor de las Ciudades en Estados Unidos, tuvo un aumento promedio anual del 1.3% y durante el lapso 1965-1969 ese promedio anual de aumento se elevó al 3.8% (que contrasta con el respectivo promedio del 2.0% en Costa Rica).
El Indice de Ocupación de un Grupo de Empresas, que calcula el Banco Central, se elevó en un 25% al ascender de 100 en el año base de 1966 a 125.18 en 1969. Y el Indice de Salarios de un Grupo de Empresas Industriales se. elevó en un 47%, pues ascendió de 100 en el año 1966, a 147.01 en 1969.
Por cualquier lado que se mire se encuentran, pues, los mismos signos de una economía llena de vitalidad y en plena expansión. Lo más notable al respecto es que ese extraordinario crecimiento de la actividad económica y de la producción nacional, se ha obtenido al tiempo que llevamos a cabo un programa de estabilización monetaria. En otros países estos programas de estabilización han producido recesión en sus economías; y frecuentemente para poder implantarlos con buen éxito, varios de esos países han tenido que recurrir a gobiernos de fuerza, porque la disciplina que requiere un programa de estabilización no es aceptada comúnmente de buen grado; y, por otra parte, esos países han notado los deterioros que produce la inflación al desarrollo económico y la necesidad del programa de estabilización, que disgusta hoy pero que va a producir beneficios mañana.
Aquí, el programa de estabilización económica se llevó a cabo con buen éxito, al tiempo que el país alcanzaba sus más elevados niveles de crecimiento económico. Todo ha sido posible gracias al empeño de nuestros hombres de trabajo y a la confianza. A la confianza en unos hombres que desde el Poder Ejecutivo daban muestras de que anteponían el interés nacional a cualquier interés particular, de grupo o de partido. A la confianza en esos hombres que hablaban con sinceridad y trataban de apegarse a la verdad en todos sus actos.
Acabo de ofreceros datos relativos a índices de costo de vida, de ocupación y de salarios, que corresponden con mayor propiedad a la esfera de las cuestiones relativas al desarrollo social del país.
Al considerar los problemas sociales, más que conveniente es indispensable tener presentes los datos demográficos fundamentales, tales como los de tamaño, velocidad de crecimiento y composición de la población nacional. La fuente de esos datos está en nuestra Dirección General de ■Estadística y Censos.
La población total, estimada a la mitad de cada año, en 1969 fue de 1.706.000 habitantes. En 1965 había sido de 1.490.000 habitantes. Esto significa un aumento de 216.000 habitantes, que corresponde a algo más de un 14.5%, en el corto lapso de cuatro años.
El acelerado crecimiento de la población costarricense es uno de los mayores bienes de que ha venido disfrutando Costa Rica, pues es gracias a ese crecimiento que esta Nación se ha venido fortaleciendo. Pero, claro está, el crecimiento que produce ese bien, como todo cambio, es fuente de innumerables problemas.
Es interesante y útil detenerse un momento a considerar algunos aspectos del significado de las cifras citadas sobre el crecimiento de nuestra población. La población total de Costa Rica según el censo de 1892 era de unos 243.000 habitantes, lo cual quiere decir que sólo el aumento de nuestra población producido en los últimos cuatro años es casi igual al total de la población que tenía este país en 1892; y el número de niños que hoy apenas tienen cinco años o menos es ciertamente mucho mayor que el total de habitantes que tenía Costa Rica en ese año de 1892 y es más del doble de la población total de este país en 1864, que según el censo levantado ese año era de unos 120.000 habitantes. Más aún, la población costarricense, según los censos de 1892 y de 1927, aumentó durante esos 35 años en unos 228.000 habitantes, o sea, prácticamente el aumento experimentado en los cuatro años que han transcurrido del l9 de mayo de 1966 a hoy.
A fines del presente año la población de Costa Rica será aproximadamente cuatro veces mayor que la que teníamos casi ayer, en 1927, que era de 47I.500 habitantes según el censo de ese año.
Bien sabido es que a todo lo largo de nuestra historia como, república independiente, ha sido notable la preocupación y el interés de nuestros hombres de Estado por la educación de nuestros niños y jóvenes. Habría que añadir que también la educación ha sido el método costarricense para alcanzar el progreso con paz; y que hoy día es el método insuperable e insustituible para afrontar los problemas sociales contemporáneos con soluciones que lleguen a la raíz y a la esencia de las causas de tales problemas.
Os ruego me permitáis aclarar el concepto de educación a que me refiero, con la cita de un párrafo del Mensaje del 1o de mayo del año pasado. Decía entonces:
“Estimo que lo que debe guiarnos para abordar los problemas sociales de nuestra época son el principio del esfuerzo propio como elemento fundamental del progreso individual, familiar y comunal, y el criterio de que por encima, tanto como en la base de toda solución de esos problemas, ha de estar la educación. La educación sistemática fundamental y tradicional pero, además, la educación para la vida moderna en familia; la educación sobre cooperativas y desarrollo de las comunidades; la educación en el campo llamado del aprendizaje y en el de la enseñanza profesional (o técnica); la educación para que las tareas agrícolas sean más reproductivas, que ha de llevarse a cabo no sólo mediante las labores de extensión agrícola sino también en la escuela rural y en el colegio agropecuario; la educación para la salud; la educación para la vida espiritual y para disfrutar con esparcimiento de la cultura. Las ayudas o la asistencia ofrecidas gratuitamente, como dádivas, han de quedar reservadas para los casos de emergencias o calamidades, personales o colectivas (porque de lo contrario degradan a las personas)”.
La población escolar matriculada en lo que podemos llamar el Sistema Educativo Nacional, esto es, en las escuelas dependientes del Ministerio de Educación o que siguen sus programas y planes de estudio y en la Universidad de Costa Rica, alcanzó en 1969 un total de 436.254 estudiantes, que representaron el 25.6% de la población total del país. En 1965 esa matrícula total había sido de 340.846 estudiantes que representaban el 22.9% de la población del país. Ese notable aumento, del 22.9 al 25.6 en el porcentaje de personas que efectúan estudios sistemáticos, no es excepcional en este último cuatrienio sino que viene dándose a todo lo largo de los años cuyas cifras tuve a la vista. Significa, pues, que en Costa Rica nuestros niños y jóvenes cada vez estudian más y cada vez es mayor la proporción de ellos que quiere seguir estudiando.
Entre los años 1965 y 1969 el número de niños matriculados en escuelas primarias se elevó de 283.210 a 345.146 estudiantes, o sea en un 21.8%, porcentaje que excede en mucho al de 14.5%, ya citado, de crecimiento de la población total en esos mismos años.
La educación media total, comprendiendo entre ella la académica y la profesional o técnica, elevó el número de jóvenes matriculados de 44.624 en 1965 a 70.009 en el año pasado, o sea en casi un 57%. En 1961 ese número de jóvenes matriculados para realizar estudios sistemáticos de Enseñanza Media fue de 30.477, lo cual dice que de 1961 a 1965 el crecimiento de esa matrícula fue de 46.2 %. Si comparamos este porcentaje de aumento con el de 57% correspondiente a los últimos cuatro años, ha de concluirse que el número de estudiantes que estuvo en capacidad de proseguir de la enseñanza primaria a la media, aumentó considerablemente . Y esa capacidad abarca no sólo la voluntad de continuar estudiando sino, además, la posibilidad de hacerlo por haber concluido los estudios primarios y porque los padres de esos jóvenes quisieron enviarlos a un liceo ó colegio, lo cual permite suponer que las condiciones económicas de esos padres se elevaron al punto de permitirles que sus hijos continuaran dependiendo de ellos en la realización de estudios sistemáticos.
La Educación Superior, que comprende aquí la Normal y la de la Universidad de Costa Rica, aumentó su matrícula entre 1965 y 1969, de 6.986 a 13.930 estudiantes, o sea, prácticamente, en un 100%. En los cuatro años anteriores el incremento había sido de 4.959 en 1961 a los citados 6.986 en 1965, lo cual representó un incremento de un 40%, que ha de compararse con el del 100% de los últimos cuatro años. Las mismas consideraciones antes hechas sobre la capacidad múltiple para llegar a realizar estudios de educación media, es del caso repetirlas, con mayor acento, con respecto a los estudios de educación superior.
En suma, son reveladores los datos de que en los cuatro años que van de 1965 a 1969, en tanto que la población total del país aumentó en un 14.5%, la población escolar aumentó un 21.8% en la Educación Primaria, un 57% en la Media y un 100% en la Superior. Las cifras no pueden ser más reconfortantes y compensan, por lo que significan para el futuro del país, la preocupación que se experimenta al tomar en cuenta lo que tales datos dicen con respecto a la carga que soporta como consecuencia la proporcionalmente reducida población activa del país. Sólo un crecimiento de la economía nacional, sostenido y elevado como el que ha tenido el país durante los últimos cuatro años, permitirá asegurar la continuidad de este progreso. Pero lograrlo de ese modo puede ser cada vez más fácil, porque así como el desarrollo económico hace posible que se eleve el nivel educativo del país, también esta elevación es factor principal para acelerar el crecimiento de la economía nacional.
Permitidme un breve paréntesis para dar una explicación —casi diría una excusa— a las personas que experimentan escepticismo, enojo y a veces hasta indignación cuando se dan datos favorables, como los que he dado, y que muestran el progreso en relación con los problemas sociales del país y las soluciones con que ellos se van atenuando.
Yo comprendo esa actitud, que es muy humana. Y, por supuesto que no desconozco la gravedad de algunos de nuestros problemas sociales. El caso es que, frente a casi todas las cuestiones que plantea la vida humana, el hombre puede asumir una postura de pesimismo o bien otra de optimismo.
Así por ejemplo, si entre un grupo de cien familias de un vecindario encontramos aunque sea un sólo jefe de familia que padece grave infortunio —bien sea porque no tiene trabajo ni ingresos para mantener a su familia, o porque sufrió un accidente y quedaron sin protección él y sus hijos, o porque se convirtió en alcohólico y dejó desamparada a su familia, o porque sus raquíticos ingresos lo obligan a tener a su familia viviendo miserablemente en un tugurio a la vera de un río malsano y a interrumpir los estudios de sus niños para enviarlos a pedir limosna— es natural y humano que nos sintamos conmovidos y con todas las fibras del corazón estrujadas, que nos indignemos y aun que se apodere de nosotros un sentimiento de rebelión contra ese estado de cosas.
Son muchas las personas que denuncian esos casos, muchos de los funcionarios que los conocen a fondo y tratan de remediarlos y muchas también las personas, entre ellas buenos sacerdotes y admirables monjas de congregaciones religiosas, que calladamente y con amor cristiano procuran que desaparezcan esos casos de infortunio o que sus efectos se atenúen, atacando los problemas en cuestión en sus propias raíces.
Pero las soluciones no se forjan rasgando las vestiduras, denunciando y protestando porque acontecen esos infortunios. No es lo más constructivo dedicarse exclusivamente a protestar señalando deficiencias en nuestra sociedad y empeñarse en desconocer sus progresos. La insistencia en exponer exclusivamente los ángulos de penumbra conduce al desaliento y a la depresión de las personas afectadas, en vez de estimular el esfuerzo suyo por lograr su superación; o bien lleva a pensar que hay que destruir la sociedad que dio lugar a la existencia de aquel caso de infortunio humano, aunque casi todas las noventa y nueve familias del grupo considerado se hallen en vías de progreso.
Los favorables datos antes suministrados sobre el adelanto extraordinario que paulatinamente ha venido logrando el país en su nivel educativo, si se examinan cuidadosamente, contienen información sobre deficiencias y alguien podría señalar como grave falla de nuestro sistema educativo el hecho de que sólo una fracción de los niños que ingresan en primer grado de enseñanza primaria llegan a la Universidad.
En contraste con las posiciones parciales y por vía de ejemplo, cito a continuación párrafos del Informe Anual correspondiente a 1969 del Administrador General de Enseñanza, porque él sí señala tanto los lados oscuros como los luminosos del sistema educativo nacional, como me parece que debe hacerse. Dice:
“Sí. Hasta 1964, únicamente había en el país un 43% de escuelas que ofrecían a sus alumnos el ciclo completo de la enseñanza . Era evidente la necesidad de un esfuerzo redoblado. En este sentido y en base al entusiasmo y decisión de los maestros del país, llegamos al finalizar el curso lectivo de 1969 a un 88% de escuelas completas”.
Más adelante explica otro aspecto de los problemas educativos. El de la “estabilidad”, o sea de la permanencia en la escuela de los niños matriculados en primer grado a través de los seis grados de escolaridad y dice:
“Así considerado el problema resulta que en 1945 llegaba a sexto grado el 16% de los niños matriculados, cinco años antes, en primer grado. El mejoramiento ha llegado en 1969 hasta un 49% de estabilidad, que dista mucho de ser satisfactorio pero denota un esfuerzo redoblado en ese sentido.
Este estudio plantea el verdadero y grave problema de la escuela que no logra ofrecer la estabilidad de la matrícula que recoge. El ritmo de mejoramiento de este problema ha aumentado durante los últimos años. Ha de ser empeño de todos los maestros del país, mejorar aún más ese ritmo y lograr el éxito buscado al más corto plazo”.
Si se señala así el progreso alcanzado al enfrentarse a un problema se puede saber si se va por el buen camino y cuánto más hay que hacer. Es por eso que continuaré señalando los adelantos logrados. Luego podrán señalarse otros de los grandes problemas para cuya solución es preciso redoblar esfuerzos y de los cuales nunca habremos de carecer mientras exista vida.
El número total de estudiantes matriculados en los cursos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Aprendizaje, desde su fundación en 1965, es de 8.309. De ellos 2.746 han sido matriculas correspondientes a los cursos llamados de extensión social; y de las 5.563 matrículas correspondientes a los cursos de Formación Profesional, 5.157 corresponden a los cursos denominados de “Complementación” y de “Habilitación”. Sólo hasta el año pasado se iniciaron los cursos propiamente de “Aprendizaje”, con una matrícula inicial de unos 159 alumnos; y son sólo estos últimos cursos los que a fin de cuentas van a proveer mano de obra calificada nueva.
Por otra parte, el porcentaje de alumnos que ni siquiera terminaban los cortos cursos de Complementación y de Habilitación resultó muy elevado en los primeros años del Instituto y no fue sino hasta el año pasado que el número de los estudiantes.
Las dificultades que ha encontrado el INA para cumplir su importantísimo cometido sólo revelan el poco interés y la escasa atención que el país ha puesto en la educación para la tecnología. Posiblemente la mayor de las dificultades que ha encontrado este Instituto es la escasez de instructores debidamente capacitados. Afortunadamente la ayuda externa que ha recibido el INA ha sido pródiga.
Así, pese a las dificultades mencionadas, no cabe duda de que fue . beneficioso para el país el adiestramiento impartido a 5.157 personas que se matricularon en los cursos de Complementación y de Habilitación. Y los cursos de Extensión Social han producido beneficios para nuestro desarrollo social que yo mismo he tenido oportunidad de apreciar directamente.
Además, un examen aunque sea somero de las actividades del INA muestra que en cada uno de sus cinco años de vida, superó en mucho lo que realizó el año precedente. Nuestro interés en el florecimiento de este Instituto ha sido grande, pues estamos persuadidos de los beneficios que está llamado a prestarle al país para su desarrollo económico y a la vez para su progreso social.
Cuanto más se medita en los problemas sociales contemporáneos y, en particular, en los de agudos grados de pobreza, más claramente resalta la verdad de que los métodos más poderosos y eficaces para atacar esos problemas en sus raíces, y, en consecuencia, para procurarles soluciones permanentes, son los del trabajo y la educación. Los socialistas explotan extensamente esos problemas sociales para su caudal político. Pero cuando logran hacerse del poder sólo logran conservarlo forzando al pueblo a trabajar, así sea en Ukrania, en Siberia o en los cañaverales de Cuba; y también con la responsabilidad del poder, son los primeros que impulsan, hasta la compulsión, la educación en todas sus formas, así sea en Rusia, o en Cuba, o en China.
Aquí, donde tenemos bajos índices de analfabetismo, la que hemos tenido descuidada es la educación técnica. Siguiendo patrones más valederos en otros siglos que en nuestra época, se le había concedido prestigio casi exclusivamente a la educación académica clásica, sin preocuparnos mucho de si el estudiante tenía aptitud o vocación para los estudios respectivos o de si ellos proporcionarían al país el personal calificado que requieren las empresas, grandes o pequeñas, para aumentar la producción nacional y para acrecentar la productividad del trabajo y con ella más elevados niveles de bienestar en miles de hogares.
Por todo ello, en estos cuatro años hemos puesto nuestros mejores empeños en fortalecer y difundir la educación técnica profesional, comenzando por el nivel medio. Pero este tipo de educación es de costos elevados. Por ello, para poder darle el poderoso impulso que requiere y proveerla de terrenos, máquinas y herramientas e instalaciones en general, hemos presentado un plan al Banco Interamericano de Desarrollo y la correspondiente solicitud de crédito para financiarlo, por un monto de $ 2.800.000, que representan casi el 54% del costo del plan, que es de $ 5.200.000. El resto, de $ 2.400.000, o sea una suma de cerca de ¢ 16 millones, lo aportará el Gobierno en tierras y en parte del costo de las construcciones requeridas, durante los años de desembolso del crédito del B.I.D. El plan comprende, a más de la compra de tierras, la construcción de edificios y la adquisición de equipos; también implica la asistencia técnica para el empleo de los métodos didácticos más apropiados y para la formación y perfeccionamiento del personal docente y técnico; asimismo incluye el otorgamiento de asistencia económica a los estudiantes de menores recursos para garantizar la continuación de sus estudios y de su vida en los colegios agropecuarios o industriales, o en las escuelas comerciales o de artesanías contempladas en el plan.
Dentro del mismo orden de ideas, después de largos meses de estudio —que llegaron a ser años— y de recibir asesoría interna y externa de varias fuentes, la cual hubo de requerirse por la escasa experiencia y limitados conocimientos que hay en el país en materia de la educación en institutos tecnológicos o politécnicos, presentamos, a fines de marzo, a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley trascendental, pero simple en virtud de todo el trabajo que requirió, para la fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su necesidad ha sido sentida y señalada reiteradamente y sus funciones y trascendencia están bien expuestas en la Exposición de Motivos que acompaña al proyecto. Sólo cabría agregar aquí que, en tanto no poseamos el Instituto Tecnológico, hallaremos más y más dificultades para encontrar el personal técnico y la mano de obra bien calificada que demandan los procesos productivos modernos, así sea en la agricultura o en la construcción o en la industria; y los problemas sociales, derivados del crecimiento de nuestra población, habrán de agravarse. Lo importante no es sólo lo que el Instituto Tecnológico ofrecerá directamente con sus egresados a las empresas. De mayor importancia es el hecho de que toda la educación técnica en este país continuaría a la larga siendo débil, así sea impartida por el INA, por los colegios profesionales de enseñanza media o por las escuelas intermedias que se establezcan, en tanto continúe fal tándole la cabeza con la cual ha de culminar esa educación técnica; y tal culminación sólo puede tenerse en ese Instituto Tecnológico de Costa Rica en cuanto institución de estudios superiores.
Con el mismo fin de que el país pueda contar con la diversidad de modalidades educativas que mejor responda a la diversidad de aptitudes humanas, con el fin último de que pueda hacerse todo el uso que se requiere de la educación para procurar las mejores y más permanentes soluciones a los problemas sociales, hemos impulsado una serie de actividades para que el Estado cumpla más adecuadamente su función de estimular lo mejor de cada persona.
Debo advertir una vez más que no estoy reclamando exclusividad de méritos con respecto a los programas que brevemente enumeraré. Al contrario, he de repetir que todos los gobiernos costarricenses, con sus variados énfasis y matices, se han ocupado de contribuir a resolver pro blemas sociales y ello con mayor intensidad a lo largo de los últimos treinta años.
Así, por ejemplo:
☆ Pusimos nuestros mejores empeños en vitalizar los servicios llamados de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La mayor parte de todo el vasto programa de los Centros Agrícolas Regionales tiende a realizar esa vitalización. Y esos centros, con el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y las leyes complementarias que nos aprobó la Asamblea Legislativa que os precedió, comenzarán a dar sus mejores frutos este mismo año, en beneficio principalmente de nuestros pequeños agricultores. Debo en este punto expresar agradecimiento a la institución de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos, por la valiosa ayuda que nos ha dado para vitalizar estos servicios de Extensión Agrícola, adiestrando cuidadosamente a numerosos voluntarios que ya están prestando servicios en diversas zonas rurales.
☆ Con el objeto de hacer más penetrante la labor escolar y que se realice más calmadamente, se aumentó el tiempo escolar en un tercio, de modo que los niños permanecen más horas en la escuela en fecundo contacto con el ambiente escolar.
Así como lo hice en los otros capítulos del presente Mensaje, en esta parte concerniente al estado de la Nación, al referirme a la salud comenzaré por dar los datos fundamentales, que son el resultado de los esfuerzos de muchos años anteriores. Después es del caso explicar qué es lo que se hizo para llegar a los resultados actuales y así, vosotros tendréis elementos adicionales de juicio para determinar luego en qué campos específicos lo alcanzado es insuficiente y requiere aun mayor atención.
La tasa general de mortalidad en el país fue de un 6.5 por mil habitantes en el año 1968. Es una lástima que todos los datos que pude tener a la vista llegaron nada más hasta 1968. En todo caso, el dato de 1968 es el último de una serie que muestra un descenso acentuado de la tasa general de mortalidad. En efecto, fue de 8.8 en 1964, 8.1 en 1965, 7.7 en 1966, de 7.1 en 1967 y del mencionado porcentaje de 6.5 defunciones por cada mil habitantes en 1968.
La mortalidad correspondiente a la población infantil de menos de un año fue del 59.6 fallecimientos por cada mil criaturas de cero a once meses de edad. La tasa es ciertamente elevada, lo cual dice que deben redoblarse los esfuerzos por reducirla. No obstante, ha venido descendiendo y rápidamente. Fue de 74.7 por mil niños en 1964, de 65.2 por mil en Í965, de 62.7 por mil en 1966, de 62.2 por mil en 1967 y de la tasa citada de 59.6 en 1968. Más impresionante es el decrecimiento de la mortalidad en la también delicada población de niños de 1 a 4 años, que desciende de 7.0 por mil en 1964 a 3.9 por mil en 1968.
En vista del rápido crecimiento de la población, tiene también importancia el dato de que en 1963 el 39.3% de las defunciones se produjeron sin recibir atención médica y en 1968 ese porcentaje se redujo al 37.9%.
Los siguientes son apenas unos pocos datos aislados de la labor llevada a cabo por el Ministerio de Salubridad Pública y que de seguro han contribuido a obtener esos descensos en las tasas de mortalidad y que, sobre todo, permiten esperar aún más acentuadas disminuciones en los años por venir.
En 1962 había 55 centros de nutrición establecidos; 4 años después, en 1966, ese número se había elevado a 100; y en los tres años siguientes se habían construido y puesto en servicio treinta y nueve centros más, pues en 1969 el número de ellos se elevaba a 139 y se dejan financiados o ya en camino de funcionamiento 35 centros más para 1970.
En esos centros se distribuyeron a niños y a madres lactantes un promedio de más de 1.300.000 libras anuales de leche en el período 19621965 y un promedio de más de 1.700.000 libras anuales en los años 19661969. De otros alimentos se repartió un promedio anual de casi 151.000 libras en los 4 años de 1962 a 1965 y de más de 420.000 libras por año en los últimos cuatro años. Como se ve, pues, el auxilio en alimentos proporcionado por los centros de nutrición a las familias más necesitadas, se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, en un esfuerzo por combatir la desnutrición.Los costarricenses debemos gratitud grande al pueblo de los Estados Unidos, pues la fundación filantrópica conocida por la sigla CARE ha contribuido de una manera muy importante en este vasto programa de nutrición.
Los esfuerzos en este campo no se han limitado a la acción de los centros de nutrición sino que esos esfuerzos son ahora parte de un programa de mayor impulso aún, que abarca el funcionamiento de clínicas de recuperación nutricional y de investigación, y comprende asimismo alguna actividad de educación sobre la materia. A más de eso hay que tomar en cuenta, separadamente, el programa de nutrición que se lleva a cabo en las escuelas primarias.
Así pues, al través de los años el Estado costarricense no ha estado inerte ante el grave problema de la desnutrición infantil sino que, por el contrario, ha duplicado sus esfuerzos por combatirla.
En suma, el Estado ha tenido clara conciencia al través de los años del problema que representa la desnutrición en nuestro país y lo ha afrontado con esfuerzo y dedicación crecientes, pues el mismo representa un factor negativo para iniciar el desarrollo integral de nuestro pueblo. Sin embargo y a pesar de la gran labor realizada en este campo de la desnutrición infantil, se juzga que alrededor y paralelamente al crecimiento de este programa, ha venido tomando forma una falsa imagen sobre su profundidad y extensión. Específicamente, esa imagen ha tomado forma a raíz de un estudio realizado por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). Por su parte el Ministerio de Salubridad Pública considera actualmente que dicho estudio debe analizarse e interpretarse en forma racional y a la luz de un consciente análisis, en el cual se ponderen todos los resultados en el justo valor que tienen. Considerar la desnutrición con base en parámetros sutiles, o bien en exámenes de laboratorio, sin tomar en cuenta factores de índole antropológica, racial, biológica o del medio ambiente, puede conducir a conclusiones erradas y consecuentemente a llevar a cabo programas de salud desequilibrados. En su Memoria anual el Ministro de Salubridad se referirá más ampliamente a este tema.
En el discurso inaugural del 8 de mayo de 1966 hacía notar que: “Ha de ponerse mayor énfasis en la prevención de enfermedades, pues a falta de esa prevención los ingresos fiscales podrían llegar a ser insuficientes para proporcionar adecuada asistencia a quienes ya padecen enfermedad” .
Y en verdad que nos hemos empeñado en cumplir ese propósito. Sólo en cuanto concierne a vacunaciones o inmunizaciones, contra la tuberculosis, el sarampión, la poliomielitis, etc., en estos cuatro años se han aplicado en promedio, más de 1.174.000 inmunizaciones por año, o sea bastante más de cuatro millones en el último cuatrienio, en tanto que durante todos los cuatro años anteriores, de 1962 a 1965, se habían aplicado un tota! de 1.002.000 inmunizaciones.
En el programa de letrinización, que es de tan señalada importancia para la prevención de enfermedades, se habían instalado 11.167 letrinas en los años 1964 y 1965. En los siguientes cuatro años, de 1966 a 1969 se instalaron nuevas o se repararon 28.492 letrinas, a pesar de que el programa no ha podido contar con los mayores recursos que sería deseable asignarle.
Pero quizás ningún otro servicio iguala en importancia fundamental para la prevención de las enfermedades, a los de agua potable y purificación de las aguas negras, que están a cargo del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Dichosamente el país puede con tranquilidad decir que no ha omitido iniciativa ni esfuerzo algunos para procurar que, en el tiempo más corto posible, estos servicios se presten bien y en tantos lugares del territorio nacional como sea dable hacerlo.
Las inversiones realizadas por esa institución semiautónoma, entre los años de 1964 a 1968, en un plan de emergencia para dotar de un mayor caudal de agua potable a esta Area Metropolitana cuya población crece vertiginosamente, ascendieron a más de nueve millones de colones. Sin •las obras de ese plan de emergencia la situación a que nos hallaríamos abocados hoy, por mucho que actualmente no sea del todo satisfactoria, sería desesperante.
Pero a partir de agosto de 1968 se inició la parte principal de las gigantescas obras del Nuevo Acueducto para el Area Metropolitana, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos y por el Banco de Exportaciones e Importaciones de esa misma nación. Y se espera que la mayor de las obras de ese plan, la de Puente de Mulas, quede terminada en setiembre de este mismo año; su costo es de casi ¢, 40 millones. Y dos grandes obras adicionales de ese plan habrán de quedar listas en los meses siguientes de este mismo año, cuando esperamos ver terminadas las penalidades que durante tantos años han padecido los habitantes del Area Metropolitana, que constituyen aproximadamente la cuarta parte de la población total del país.
El plan de Acueductos de las Zonas Rurales lo financia parcialmente el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un hermoso plan, en el cual se han invertido ya casi $ 19 millones. Ha proveído ya de agua a 45 poblaciones rurales, que van, por ejemplo, desde Villa Neily en el Sur, hasta Tierras Morenas de Tilarán o La Cruz en el Norte; y desde Cahuita en el Atlántico hasta Sardinal en el Pacífico.
Muchos otros más de esos acueductos rurales están actualmente en acelerada construcción. Cada uno de ellos transforma radicalmente las condiciones de vida en una alejada, pequeña o mediana población rural, en el mejoramiento de cuya vida tanto debemos ocuparnos.
La situación financiera y el crédito externo del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado comenzaron a regularizarse desde que comenzamos a pagarle puntualmente las subvenciones que el Estado se comprometió a darle y las cuales suplen la diferencia actual entre el costo de los servicios y lo que se cobra por tarifas. A medida que mejore sus servicios le será posible ajustar las tarifas en el camino hacia la meta sana de que los servicios se cobren por su costo y no sean necesarias las subvenciones fiscales, que a la postre provienen de los tributos que todos pagamos y que se requieren para satisfacer otras miles de necesidades también. En estos cuatro años pasados el Poder Ejecutivo le ha girado en subvenciones al SNAA la suma de ¢ 27,108.000.00.
El plan siguiente y más urgentemente necesario es el llamado “de las cinco ciudades”, destinado a proveer de suficiente y buena agua potable a las ciudades de Limón, Puntarenas, Liberia y San Isidro de Pérez Zeledón; y de alcantarillado sanitario al Area Metropolitana. El costo estimado de este plan es de cerca de ¢ 63 millones, de los cuales casi ¢ 30 millones corresponden al alcantarillado en cuestión. Como es bien sabido, desde largo tiempo atrás se solicitó la financiación parcial de este plan al Banco Interamericano de Desarrollo. También se sabe que este Banco nos ha ofrecido aprobar el crédito respectivo en este mismo mes.
Para todos quienes hemos tenido oportunidad de ver de cerca lo lastimoso de las condiciones de vida de cientos de familias que tienen sus casitas de habitación casi encima de los ríos que circundan la ciudad de San José, llenos de aguas negras y otras inmundicias, esa situación ha representado una pesadilla atormentadora. Y contamos los días que faltan para que se construyan las plantas de tratamiento de las aguas negras de San José, de tal manera que al menos por esos ríos discurran aguas limpias.
El gran empeño puesto en la medicina preventiva no ha sido hecho con detrimento de la medicina asistencial. Así lo reflejan sumariamente las finanzas del Sistema Hospitalario Nacional. En efecto, en tanto que en 1965 sus ingresos fueron por un total de ¢ 72.9 millones, el año pasado esos ingresos se elevaron a $ 119.2 millones. Toda suma es insuficiente frente a la necesidad de más y mejores hospitales en diferentes lugares del país, para atender toda la población no protegida por el Seguro Social. Pero ese aumento, de un 63% en los ingresos en sólo cuatro años, es extraordinariamente satisfactorio. Se ha debido al aumento en la renta de la lotería, que sin duda es otro resultado del auge económico alcanzado por el país; y también se ha debido ese gran aumento en los ingresos del Sistema Hospitalario a las sumas que le corresponden del Impuesto de Ventas según disposición expresa de la ley que estableció ese impuesto.
Ha sido así como el Sistema Hospitalario ha podido aumentar sustancialmente durante los últimos años el número de casos de emergencias, de consultas externas y de pacientes atendidos. Ha sido así como ha podido también invertir sumas considerables de dinero en nuevas instalaciones hospitalarias o en la remodelación de las existentes.
Por lo demás, en estos cuatro años se construyeron y se pusieron en servicio 16 instalaciones nuevas, entre Unidades Sanitarias, Centros Rurales de Asistencia, otros centros de salud y dispensarios. Y se pusieron en servicio cinco adicionales unidades móviles de salud, que son de incalculable valor para atender las poblaciones de los lugares más alejados.
Después de las diversas modalidades de los problemas de salud y de educación, el problema social que les sigue en importancia es, sin duda, el de vivienda. Este es hoy un problema agudo no sólo en Costa Rica ni tampoco sólo en los países en vías de desarrollo, sino en todo el mundo.
Frente a este problema el Estado costarricense tampoco ha permanecido impasible. Para sólo examinar los ocho años del lapso que va de 1962 a 1969, el monto de recursos que se le asignaron al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo fue de prácticamente cien millones de colones, de los cuales G 55.3 millones lo fueron entre los años 62 a 65 y G 44.4 millones entre los años 66 a 69. Es cierto que las tres cuartas partes de los recursos que le asignó la Administración anterior lo fueron en bonos, que no le han servido de mucho al INVU y que en gran parte aún a esta fecha no le ha sido posible utilizar. Pero, en todo caso, el INVU percibió en efectivo por concepto de subvenciones pagadas por el Gobierno, G 6.3 millones de 1962 a 1965 y ¢17 millones —o sea casi tres veces más— durante los últimos cuatro años. Esto quiere decir que los costarricenses, mediante el pago de tributos, no han dejado de contribuir a resolver el problema de vivienda en Costa Rica. Además, el INVU percibió también en efectivo, durante los ocho años mencionados, más de G 12.3 millones provenientes de un crédito muy favorable de la Agencia para el Desarrollo Internacional . (A.I.D.).
No obstante, el INVU siguió durante largos años la política de someter las viviendas que construía a ciertas elevadas normas de calidad, con lo cual el número de viviendas que ha podido construir en virtud de los diversos planes que ha ofrecido para responder a la demanda, ha sido relativamente escaso; además y como consecuencia, han sido principalmente las familias de ingresos medios las que durante esos años han podido beneficiarse con los programas del INVU.
En parte como eco de las prédicas que durante los últimos cinco años hemos venido haciendo sobre la necesidad de poner mayor atención sobre las condiciones de vida de las familias de más escasos recursos económicos —para tratar de elevarlas pero no mediante limosnas sino estimulando su propio esfuerzo y con una participación del Estado que sea subsidiaria de ese esfuerzo propio y de constante estímulo a cada uno para que supere su condición actual— el INVU recientemente se decidió a impulsar un plan fundado en esos principios y que llama de “Lotes y Servicios”. Conforme a ese plan, se proporcionarán los lotes de terreno, los servicios urbanísticos e higiénicos fundamentales y subsidiariamente algunos elementos para la construcción de sus viviendas, en un lapso de cuatro años que ya se ha iniciado, a unas 2.500 familias que apenas pueden aportar cuotas de unos ¢ 30 ó ¢ 40 mensuales, y no las de 80, 90 ó 100 colones por mes que habría necesitado pagar para adquirir viviendas del tipo de las que en su gran mayoría había venido construyendo el INVU.
En un discurso transmitido por televisión y radio en marzo de 1969 me referí a esta parte neurálgica del problema de la vivienda así:
“Si el INVU dedicara la mayor parte de sus recursos a programas de esa índole, esto es al servicio de ese estrato económicamente inferior, más débil y hoy mal atendido de nuestra población, el sector privado debidamente estimulado y el Instituto Nacional de Seguros, y los bancos nacionales, podrían encargarse de resolver el resto del problema, cual es el que corresponde a las familias que pueden cubrir cuotas de más de cien colones mensuales”.
Es grato ver que el INVU, sin desatender la demanda dé los estratos intermedios, ha iniciado ya su plan destinado a atender a los de recursos económicos demasiado bajos.
También está en marcha un plan de grandes proporciones de la empresa privada en Desamparados, el cual ha recibido apoyo de la A. I. D. con el fin de complementar la labor del INVU ofreciendo facilidades de pago para la adquisición de casas cuyo costo total en promedio es de algo menos de ¢ 27.000. Ese plan es para la construcción de 550 de estas casas. Ya cité, en otra parte, el enorme aumento de los créditos otorgados por el Instituto Nacional de Seguros para la construcción de viviendas de mayor costo.
La magnitud del problema de vivienda es de proporciones inmensas y la acción conjunta del Estado y del sector privado es sumamente importante para enfrentarlo más eficientemente. Esa acción conjunta demandaba una sistematización que, a la vez, aumentase las disponibilidades de financiamiento adecuado por medio de instituciones públicas y privadas que fortalezcan los medios de captar ahorros para su inversión en viviendas. Fue para esos fines que se aprobó, con la ley N9 4338, el establecimiento de un Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Este está llamado a funcionar por intermedio de asociaciones privadas que, sin fines de lucro, puedan recibir depósitos de ahorro y destinarlos a préstamos para la construcción o reparación de viviendas. El sistema proporciona garantía para los ahorrantes sobre las operaciones que efectúa y provee también garantía para las asociaciones sobre las hipotecas que reciba con base en los créditos que esas asociaciones otorguen. De esta manera es previsible un rápido desarrollo de estas asociaciones, que generarán un mercado secundario de hipotecas garantizadas.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago actúa, por disposición de la referida ley, como eje central del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y, a más de fomentar su difusión, está facultado para comprar hipotecas a las asociaciones respectivas. El Gobierno, por su parte, obtuvo un préstamo de un millón de dólares de la Agencia Internacional de Desarrollo (A.I.D), en favor del Sistema, para el cual otorgó su garantía; además el Gobierno se ha comprometido a aportar otro millón de dólares para el mismo fin, con los recursos que le ingresan provenientes de los reembolsos de los créditos llamados de dos etapas que ha concedido la misma A.I.D. Para concluir hay que agregar que la A.I.D. nos proporcionó asesoramiento de mucho valor en la elaboración del proyecto de la ley en cuestión, por lo que, de esa manera, se aprovechó la experiencia de otros países en donde estos sistemas han funcionado con gran éxito.
En suma, puede decirse que han sido grandes los esfuerzos hechos para sentar las bases requeridas para atacar, de ahora en adelante desde varios frentes, el problema de la vivienda para las familias de ingresos muy bajos y medianos. Porque ya se ve que la otra postura frente a los problemas de esta índole, la de crear una institución autónoma especializada y casi desentenderse luego del problema, por sí sola no es suficiente, por bien manejada que esté esa institución. Por el contrario, tal postura tiene el peligro de adormecer los esfuerzos que es necesario hacer, así como los que es aún más importante que sean fomentados, para progresar efectivamente en la solución de los problemas sociales. Cabe mencionar al respecto otro ejemplo de la creación de una institución autónoma y de la creencia de que con sólo eso se resolvía un problema social: el de la creación del Instituto de Tierras y Colonización con respecto a los problemas de tenencia de la tierra. Este problema, en verdad, no debe disociarse del conjunto de las cuestiones relativas al desarrollo agrario, a las que paso seguidamente a referirme.
En el discurso inaugural del 8 de mayo de 1966 les expresaba a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa nuestro propósito de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, “desbordándose descentralizadamente por todos los campos, lleve los conocimientos modernos, la asistencia y aun los instrumentos técnicos hasta los sitios mismos donde son requeridos. Además, que este Ministerio, al poner énfasis en su carácter de prestatario de servicios, dé particular atención al pequeño agricultor, al propietario de pequeños predios que debe cultivar con métodos modernos, a fin de que conserve su pequeña propiedad y de que, al obtener mayor productividad en ese predio, asiento de la vida familiar, pueda llevar mejores condiciones de vida a su hogar”.
El Ministro de Agricultura logró muy buen éxito en realizar esas ideas, cuyo énfasis educativo una vez más es evidente, mediante el conjunto de proyectos que constituyeron su plan completo de regionalización de los servicios que presta este Ministerio. Esos proyectos cuentan hoy con el respaldo de leyes y quedan además adecuadamente financiados para que se desplieguen en todo su alcance durante la próxima Administración, lo cual, a su vez, fue posible porque la anterior Asamblea Legislativa en este campo no le restó apoyo a nuestros afanes.
El plan se inició con la creación de ocho Centros Agrícolas Regionales, en la idea de que se constituyeran en otras tantas sucursales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que prestaran todos los servicios del Ministerio, aunque con énfasis o especialización en cada caso apropiados a las características de la zona que cada uno estaba llamado a servir. Así fueron establecidos Centros de esta índole en Liberia, Ciudad Quesada, Grecia, Desamparados, Cartago, Limón, San Isidro de El General y Puerto Cortés.
No obstante, los recursos ordinarios con que podía contar el Ministerio —provenientes de los tributos— no podían ser suficientes para dotar adecuadamente de medios a estos Centros. El Ministerio preparó entonces un proyecto con todos los estudios técnicos y demás requisitos que deben tener los planes que se presentan a una agencia internacional con el fin de solicitar y obtener crédito para su financiación. Este proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa desde marzo de 1967, pues en aquella época aún se requería autorización legislativa previa a la negociación de un crédito externo. La solicitud de crédito en cuestión se presentó luego ante el Banco Interamericano de Desarrollo y sus departamentos técnicos lo acogieron con gusto por considerarlo en gran medida ejemplar. No obstante, no fue sino hasta en noviembre de 1969 que fue aprobado el crédito por el BID, y hasta el mes de abril de este año que obtuvo la ratificación final de la Asamblea Legislativa.
Uno de los proyectos que forman parte de ese plan y que también es ya ley de la República, concede autorización a los gobiernos locales y otros entes públicos para hacer donaciones para la instalación de Centros Agrícolas Regionales, lo cual es importante porque varias municipalidades desean donar los terrenos para poder contar con Centros bien instalados. El otro proyecto del plan global a que me refiero, y que también cuenta hoy con el respaldo de una ley, propende al establecimiento de Centros Agrícolas Cantonales, en los cuales se pueden estimular los métodos más eficaces para una agricultura altamente reproductiva. Se desea así impulsar la diversificación de la producción agropecuaria con la activa participación de los gobiernos locales y de las comunidades respectivas, con lo cual se trata además de realizar, en otros cantones del país, actividades como las que ha llevado a cabo la Municipalidad de Turrialba con un éxito encomiable y de grandes beneficios para el futuro.
La legislación y los proyectos debidamente financiados han quedado ahora del todo listos para que, en los años subsiguientes, se pueda realizar plenamente el propósito enunciado el 8 de mayo de 1966, de ayudar de cerca y de manera eficaz al pequeño agricultor con el fin último de enriquecer la vida rural. Para ello es de importancia primaria extender la red de caminos vecinales, en lo cual estuvimos también empeñados, como luego explicaré, aunque todo lo hecho es poco frente a la enorme demanda por más caminos —aunque sean sólo aptos para vehículos de trabajo— y por más y mejores carreteras. Es de importancia facilitar el crédito bancario al pequeño agricultor y el mercadeo de sus productos agropecuarios.
Mejorar el mercadeo fue el objetivo de impulsar la instalación de un Mercado de Mayoreo, donde los agricultores puedan tener mayor acceso y más facilidades para vender a mejores precios los productos de su trabajo, sin que los consumidores tengan que pagar más altos precios por ellos. Habida cuenta de que, por demoras en el trámite parlamentario, se perdió la posibilidad de obtener un crédito de la A. I. D. en muy buenas condiciones para la Municipalidad de San José, con el fin de construir ese mercado, nos empeñamos con la Municipalidad en construirlo aunque fuese de la manera que se ha dado en llamar “rústica”. Ello por cuanto se requería tratar el problema como de emergencia, no sólo para los fines mencionados de desarrollo social y de desarrollo agrícola sino, además, para aliviar la congestión del tráfico en el centro de la ciudad, procurar mayor orden, limpieza y comodidad en los alrededores del actual Mercado Central e inducir el traslado de las ventas ambulantes que funcionan, en gran medida, como derivadas de las ventas que efectúan los camiones cargados de los productos agrícolas que llevan a ese Mercado.
La Municipalidad, con buen criterio, consideró que aunque se demorara la solución de todos esos problemas derivados del mercadeo de los productos agropecuarios, era conveniente que el Mercado de Mayoreo que se construyese tuviera de una vez una índole mejor que la “rústica” originalmente pensada. Es por eso que hasta ahora no va quedando listo para funcionar.
El hecho de que haya citado, por ejemplo, los Centros Agrícolas Regionales al referirme a las cuestiones educativas y de nuevo al tratar sobre desarrollo rural, pone en evidencia una vez más de qué manera consideramos interdependientes las soluciones de los problemas sociales y la educación.
He mencionado también el gran impulso que le hemos dado a los colegios técnicos de nivel medio y, entre ellos, en particular a los agropecuarios . Es del caso agregar ahora otros ámbitos de la acción inspirada en el mismo propósito de enriquecer la vida rural y campesina, porque de ella forman parte miles de familias de ese sector que ha venido quedando un tanto marginado de los servicios estatales y para cuyo progreso, como tantas veces lo hemos dicho, el ingrediente fundamental es la educación, entendida en el amplio sentido que ya antes expliqué.
Es del caso citar, pues, por ejemplo, los excelentes cursos sobre Mecánica Agrícola que, bajo el generoso y altamente capacitado apoyo del Gobierno de Suiza, ha comenzado a ofrecer el Instituto Nacional de Aprendizaje, contando para ello con personal docente técnico, maquinaria y equipo magníficos, gracias a esa ayuda suiza.
También cabe citar la Escuela Nacional de Ganadería, creada ya por ley y para cuyo funcionamiento el Gobierno de la Gran Bretaña no sólo ha prestado valioso asesoramiento, sino que, además, desea contribuir con parte de los gastos que demande. Para poder hacer los aportes locales sin recargar más el presupuesto nacional, hemos formulado una solicitud de crédito por US$ 132.000 al Banco Centroamericano de Integración Económica, la cual ha recibido buena acogida puesto que esta Escuela está destinada a servir a toda el área centroamericana.
Por otra parte, una de las faltas más evidentes en el campo agropecuario es la de técnicos de nivel medio, por cuya ausencia los ingenieros agrónomos deben constantemente dedicarse a realizar tareas que están por debajo de sus capacidades, perdiéndose así parte de los frutos que ellos podrían dar, lo mismo que las posibilidades de adiestrar de mejor manera a muchos jóvenes que podrían trabajar directamente y con mucho éxito en las faenas de modernizar las actividades agropecuarias.
Por ello constituimos una comisión con funcionarios de varios Ministerios y de la Universidad de Costa Rica a la cual encargamos elaborar un programa para la creación de Escuelas de Técnicos Agropecuarios, que prepararían, a nivel de Enseñanza Superior, técnicos medios. Se formularon los programas de estudios respectivos, así como las estructuras para su organización, y se envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley, que ya quedó aprobado, para iniciar la realización del plan con el funcionamiento de dos de estos centros, en Liberia y en San Carlos y así abarcar las zonas Pacífica y Atlántica del país. Los cursos serán de dos años, con clases durante 11 meses en cada año, y con una mitad de ellas destinadas al estudio de la teoría y la otra a la práctica de los conocimientos adquiridos. También se trabajó en obtener las tierras para estas escuelas y en diseñar sus instalaciones. Para financiar su construcción se obtuvo de la A.I.D. una donación de $ 350.000 para una de las Escuelas. La otra será financiada dentro del programa sectorial agropecuario . En consecuencia, como cada una podrá graduar anualmente 50 estudiantes, dentro de poco se podrá contar cada año con cien nuevos técnicos agropecuarios que se podrán incorporar al mejoramiento de las actividades en el agro costarricense.
Podría pareceros paradójico que, a la vez que os he señalado antes las altas tasas de crecimiento del sector agropecuario de nuestra economía y la pujanza de las exportaciones que de él se han generado, ahora esté dedicando parte importante de este mensaje a señalaros las necesidades de nuestros campesinos para mejorar sus condiciones de vida y para enriquecer la vida rural. Sin embargo, como ya os lo mencioné, el hecho de que estemos desarrollándonos rápidamente, —casi podríamos decir vertiginosamente—, no implica que hallamos podido satisfacer todas nuestras necesidades más elementales, ni mucho menos, sino que estamos en posibilidad de hacerlo y en ruta hacia esa solución. Pero además, debo nuevamente decir que el crecimiento de la producción agropecuaria se ha obtenido básicamente en las plantaciones de productos exportables, y sólo en mucho menor grado en la agricultura tradicional para consumo interno. Este proceso no sólo era lógico sino deseable, pues representaba las mejores posibilidades para superar nuestra situación de balanza de pagos y proveer numerosísimos empleos bien remunerados a la creciente población campesina. Ahora se hace necesario continuar e intensificar los esfuerzos que hemos encaminado hacia el fin de mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores y principalmente de aquellos que se dedican a producir los componentes básicos de la dieta nacional. Para ello, y contando con la cooperación financiera y técnica de la AID, lo mismo que con un valioso grupo de profesionales costarricenses del sector privado que coordinaron este esfuerzo, se ha venido elaborando un programa sectorial agropecuario que representa el primer intento para preparar, coordinadamente y de manera global, una serie de proyectos específicos. Con base en ellos se podrá luego obtener financiamiento externo para que, conjuntamente con las contrapartidas locales, se puedan atacar frontalmente los problemas del agro, desde los relativos al crédito y a las técnicas de producción, hasta los que atañen a la educación y la extensión agropecuaria, al mercadeo de los productos agropecuarios, a la cooperación y participación de los campesinos en el esfuerzo para su propio progreso, a la mejora en el sistema de tenencia de las tierras y a la organización institucional del sector público. Los detalles de este programa podréis conocerlos con mayores detalles en la publicación que ha hecho la Oficina de Planificación, titulada “Reproducción del Acta de la reunión efectuada en el C.I.A.P. sobre el Programa Sectorial Agropecuario de Costa Rica” (febrero de 1970) en la cual se relatan los resultados de la reunión que al respecto se efectuó en Washington y en que por primera vez se presentó ese estudio a las agencias de crédito que tienen sede en esa ciudad.
Es oportuno citar el promisorio crecimiento que han alcanzado las cooperativas agrícolas en los últimos dos años, por cuanto ellas constituyen medios de conciliar las ventajas sociales de la pequeña propiedad, con la eficiencia de las grandes empresas que prevalece hoy en los mercados nacionales e internacionales de productos agrícolas, en cuyos precios se refleja allí esa eficiencia. Así, en tanto que en 1967 había 24 cooperativas agrícolas constituidas, dos años después, al terminar el año pasado, ese número era de 44, o sea casi el doble, mientras que en los años anteriores a 1967 aquel número de 24 había permanecido casi estático.
En general, la promulgación de la Ley General sobre Asociaciones Cooperativas —que ya mencioné— sin duda ayudó a promover el movimiento cooperativista en Costa Rica, tal y como habíamos reiteradamente expresado que era conveniente que se promoviera.
En efecto, el número total de cooperativas aumentó, de 93 que había constituidas en 1967, a 153 en 1968 y a 240 en 1969. El mayor número de ellas son las de Ahorro y Crédito sobre cuyos grandes y múltiples beneficios no es necesario insistir.
De gran contenido social por lo que significa de protección a los agricultores, paulatinamente creciente contra los crueles y dramáticos riesgos inherentes a su actividad productora, es la ley sobre Seguro de Cosechas que aprobó la Asamblea Legislativa que os precedió.
El Seguro sobre las Cosechas Agrícolas había sido un ideal largamente deseado, pero sumamente complejo, de alto costo y lleno de riesgos para la entidad aseguradora. Se llegó por fin a la ley vigente sólo después de muchos años de venir estudiándose el problema y recabando la experiencia de otros países. Y aún así, la ley es cautelosa y prevé la protección del seguro de manera paulatina, para que se vaya extendiendo gradualmente por zonas y por productos.
De igual o mayor trascendencia para el desarrollo social del país, en los años del futuro quizás más que en los del presente, es la Ley Forestal, aprobada en la legislatura de 1969.
Desde el primer año de la Administración que ahora va llegando a su fin se comenzó a trabajar en la elaboración del proyecto de ley en cuestión, el cual requirió muchos meses de trabajo por su gran trascendencia, pues lleva implícita la atención de cerca de un 60% del territorio nacional. En efecto, en los alcances de la ley están comprendidos no sólo los terrenos baldíos nacionales sino también los bosques de propiedad privada, la conservación de nuestras fuentes de agua, de los suelos y de la vida silvestre, para garantizar a las generaciones futuras los bienes fundamentales de nuestra pródiga tierra. Debemos gratitud al gran número de ilustres biólogos nacionales y de organismos internacionales que nos brindaron asesoramiento precioso para la elaboración de esta ley.
Si bien es sabido que el problema de tenencia de la tierra es uno más entre los diversos y complejos problemas que plantea el desarrollo de las zonas rurales, también lo es que en su aspecto social ese problema de tenencia de la tierra asume caracteres delicados que demandan una acción eficaz y justa de parte del Estado. En efecto, se trata de constituir nuevos propietarios de la tierra para obtener mayores rendimientos de ella y el esfuerzo para procurar estas soluciones del problema no debe hacerse en detrimento del derecho a la propiedad, pues de hacerlo así estaríamos debilitando incluso a los beneficiarios de estos programas que pasan a ser nuevos propietarios. Tampoco deben propiciarse los repartos fáciles de la tierra que dejen a los nuevos propietarios sin posibilidades de crédito bancario, de caminos de acceso a sus predios y de 1-a asistencia técnica requerida para elevar la productividad de sus predios.
Es claro que, como ya antes lo expresé, no basta para enfrentarse a un problema así de complejo como el de tenencia de la tierra con crear una institución autónoma, pasarle a ella la responsabilidad de resolverlo y casi olvidarse después de ese problema. No basta tampoco entregarle a esa institución, como se hizo en 1963, ¢ 25 millones en bonos cuyo valor efectivo en el mercado de valores es sumamente bajo a causa de que no se creó una renta cierta para el servicio puntual de sus amortizaciones e intereses. De proceder así, se corre el riesgo de debilitar la atención que toda la sociedad debe poner para resolver estos problemas sociales fundamentales y de debilitar también los principios de solidaridad social y de esfuerzo propio que deben orientar la aplicación de los métodos para resolverlos. Los problemas de tenencia de tierras requieren que se disponga de recursos suficientes para ir resolviéndolos de manera efectiva y mediante una acción coordinada del Instituto creado para atenderlos, con los programas de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, de construcción de caminos del Ministerio de Transportes y de crédito rural de los Bancos, para citar tan sólo algunos de los organismos que deben actuar coordinadamente al respecto.
En cuanto a la asignación de recursos en efectivo, tenemos que en los cuatro años que van de 1962 a 1965 se le entregaron dos y medio millones de colones al Instituto de Tierras y Colonización, en tanto que de 1966 a 1969 los aportes alcanzaron una suma más de cinco veces mayor, de $ 14.2 millones. Pusimos, además, especial empeño, con el concurso de la A. I. D., en que el ITCO dedicara mucho mayor atención que antes a proveer de títulos efectivos de propiedad a los poseedores en precario de tierras del Estado. En tanto que a fines del año 1966 sólo se habían entregado 211 títulos de propiedad, en los años 67, 68 y 69 se entregó un total de 1.298 títulos ya hoy debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad, y se dejó así iniciado un programa para solucionar 6.500 casos de poseedores en precario en tierras del Estado para completarlo en los próximos tres años.
El ITCO, con los recursos percibidos, ha continuado sus programas de administración de tierras y bosques, la atención de su programa de colonización y de formación de nuevas colonias. Además, ha dedicado una pequeña parte de esos recursos a atender los problemas de tierras de ocupantes en precario en propiedades privadas. Pero los recursos disponibles para este último fin son muy reducidos frente a los casos que existen de ocupación en precario de propiedades privadas, algunos de los cuales demandan una solución urgente, ya, como son, por ejemplo, los casos de Río Cañas o La Cuesta.
Por eso le dimos apoyo al proyecto de ley llamado “Bonos ITCO” destinado a resolver paulatinamente este problema mediante la creación de un impuesto adicional a los cigarrillos, de cinco céntimos por cajetilla, para proporcionarle una renta adicional al ITCO que le permita emitir sus propios bonos con la certeza de que podrá pagar sus amortizaciones e intereses puntualmente, a fin de poder así colocarlos en el público o que le sean recibidos de común acuerdo por los propietarios actuales de las tierras que el ITCO necesita adquirir. Se ha calculado que esa renta puede ser suficiente para cobrar a los nuevos propietarios, cuando se justifique, intereses más bajos que los que paga el ITCO, a fin de asegurarles en lo posible el éxito en sus propias empresas agrícolas.
Con referencia al mismo problema de tenencia de la tierra, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y promulgado como ley apenas el mes pasado, conducente a facilitar considerablemente los trámites de Informaciones Posesorias, remitiendo la mayoría de los casos a vías expeditas de trámite administrativo para que puedan inscribir su propiedad quienes durante largos años la han ocupado y cultivado pacífica y productivamente a título de dueños.
El número de trabajadores y sus familiares asegurados en el régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social fue de 444.000 en 1965 y se elevó a 665.000 en 1969. Un aumento de más de 220.000 asegurados que representa casi un 50% en el lapso corto de estos últimos cuatro años. A la vez, el número de asegurados en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ascendió de 72.130 en 1965 a 100.911 en 1969, o sea, prácticamente en un 40%.
Puesto que ya hemos visto que el aumento general de la población fue de un 14.5 % en los últimos cuatro años, los datos anteriores muestran que la protección que ofrecen los seguros sociales se ha extendido para abarcar un porcentaje mucho más alto de la población. Sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social no ha dado aún mayores pasos para extender más la protección hasta generalizarla, como prevé el texto constitucional vigente para el año 1971, por no estar aún resuelto el problema del pago de la cuota que corresponde al Estado aportar según el sistema vigente. La deuda acumulada al finalizar el año 1969 por concepto de esas cuotas estatales no pagadas es de ¢ 205 millones; y la extensión prevista por la Constitución Política para el año 1971 elevaría las cuotas estatales a una cifra que desde su inicio seria de alrededor de ¢100 millones anuales, y que seguiría creciendo luego.
Ya he comentado sobre la cuestión de quién debe pagar esos cien y más millones, pues para hacerlo cada año el Poder Ejecutivo tiene que' tomarlos de los ingresos provenientes de los tributos que pagan los costarricenses. Y, en ese caso, la extensión total de los seguros sociales, conforme a las bases del sistema vigente, siempre dejaría fuera de su protección a un sector muy considerable de la población, entre el cual están comprendidas las familias más necesitadas de ella: las de miles de campesinos y las de quienes no tienen trabajo o sólo lo consiguen de manera no permanente; esto sin contar los miles de trabajadores independientes o patronos-trabajadores que también han de tener derecho a esa protección.
En consecuencia, entre las aristas del problema aparecen no sólo los enormes problemas financieros —entre ellos la cuestión de si es justo y conveniente que la Caja mantenga su sistema de capitalización a la cual me referí ya antes al tratar sobre el problema hacendístico del pago de la cuota estatal— sino que aparecen además los problemas derivados de una integración de los servicios médicos, preventivos y de asistencia clínica y hospitalaria. Y surge también la cuestión de que a las enormes cifras de la cuota estatal para el Seguro Social hay que agregar los cuantiosos y aceleradamente crecientes desembolsos del Tesoro Público para el pago de las pensiones correspondientes a los diversos, anárquicos e inequitativos sistemas que hoy existen en favor de los empleados del Estado.
En la búsqueda de soluciones, globales y no de remiendo, para este complejo problema, propusimos primero un bien estudiado plan para ordenar dichos regímenes de pensiones. El proyecto de ley respectivo, en el cual trabajaron algunos de nuestros más capaces actuarios, se formuló de acuerdo con los técnicos del Seguro Social y propendía a tomar como base las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, sobre cuyos beneficios básicos se podían montar luego beneficios adicionales mediante el pago de cuotas también adicionales. En los archivos de la Asamblea Legislativa ha quedado ese proyecto de ley.
Luego brindamos a los Diputados Doctores Trejos Escalante y Guzmán Mata todo el asesoramiento, del Gobierno o del exterior, que pudiéramos dar y que ellos desearan emplear, en apoyo del plan que, con los mismos propósitos de hallar una solución global, ellos estaban considerando y que oportunamente formularon. Pero ese plan no contó con el apoyo de la Caja de Seguro Social y queda también como herencia en los archivos de la Asamblea Legislativa.
Más aún, varios meses antes de pedirle que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, solicité y obtuve el asesoramiento generoso del Lie. don Oscar Barahona Streber con el fin de que, dada su experiencia y conocimientos en materias de Seguridad Social, tratara de conciliar los puntos de vista de la Caja con los del proyecto de los Diputados Trejos Escalante y Guzmán Mata; pero después de un valioso trabajo que fue llevado a cabo, no se pudo llegar a una convergencia de criterios.
Además, aunque simultáneamente con esos esfuerzos, el señor Ministro de Trabajo de aquellos días, Lie. don Enrique Guier, solicitó a la Organización Internacional del Trabajo su asesoramiento en la solución global —como hemos venido propiciándola desde antes de asumir las funciones del Gobierno— de este problema. Mediante la solicitud a la O. I. T. tratábamos de obtener, como obtuvimos, los servicios de uno de sus actuarios, costarricense y que trabajó en nuestra Caja de Seguro Social. Obtuvimos así los servicios del Lie. don Jorge Brenes Cedeño, quien en su informe recomienda la sustitución del sistema de capitalización por el llamado de “prima escalonada”.
Podría creerse que todos esos esfuerzos fueron realizados en vano. Pero no ha sido así. La Caja Costarricense de Seguro Social —sin cuyo apoyo nos pareció que sería inútil buscar una solución— con el acopio de estudios que llegó a acumular y compenetrada ahora de la necesidad de proponerle al país una solución global de los problemas, bajo la presidencia del Ministro de Trabajo y Bienestar Social, se dedicó recientemente de lleno a la tarea de formular su propia propuesta de solución.
Es así como ahora, nuevos planes, preparados por los técnicos de esa institución e inspirados en los propósitos y afanes de una solución global como hemos venido deseándola, están a punto de ser aprobados. Esos nuevos planes, que descansan en bases realistas con respecto a las posibilidades financieras del Estado, suponen cierto sacrificio para la Caja, al disminuir en un 2% permanente las cuotas del Estado como tal y en uno y medio por ciento adicional en forma transitoria las cuotas del Estado como patrono, lo que implica para el año 1971 una rebaja de dicha contribución que pasa de los 80 millones de colones.
En lo que concierne a patronos y trabajadores, los nuevos planes mantienen sin alza alguna los porcentajes de contribución vigentes, pero eliminan los llamados topes de salarios para hacer efectivas las contribuciones de los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, sobre el monto total del salario, sin límite alguno al respecto. Esta medida de la eliminación de los topes permitirá no sólo reducir la contribución estatal, sino también implantar la universalización de modo que la seguridad social proteja al asalariado, al trabajador independiente y a los indigentes, todo ello dentro de una situación financiera bien calculada y definida.
Las referencias que he venido haciendo sobre diversos aspectos del desarrollo social del país en estos cuatro años muestran que el Gobierno cuyo período ahora termina ha puesto gran atención e interés en las cuestiones sociales y, además, gran empeño en perfeccionar y fortalecer las instituciones encargadas de promover dicho desarrollo social. Todo ello pues, al igual que lo han hecho prácticamente todos los gobiernos de Costa Rica, en respuesta a los sentimientos tan característicos de nuestro pueblo, de amor al prójimo y de preocupación por fortalecer a los grupos más débiles de esta confraternidad costarricense. Las distinciones entre lo realizado por una u otra administración más se deben al énfasis propio que cada una puso, en la eficacia con que empleó los recursos disponibles, o en las demandas que en cada época han tenido preeminencia para el más justo equilibrio social.
Por nuestra parte, sin desatender aspecto alguno del desarrollo social y conservando también el mayor empeño en el despliegue de las instituciones públicas o privadas dedicadas a las tareas de beneficencia, pusimos el mayor énfasis en difundir las ideas relativas a la necesidad del esfuerzo propio para el mayor progreso de cada persona, de su familia y de su comunidad; y, recíprocamente, de los beneficios que cada comunidad deriva de la conjunción de esfuerzo propio y solidaridad social para su progreso, que a su vez redunda en beneficio de las familias y personas que integran esa comunidad.
El eco y la respuesta que ha dado nuestro pueblo a la reiterada prédica de esos principios durante más de cuatro años, han sido sorprendentes y sólo explicables en razón de que esos principios están muy arraigados en el ser costarricense. Ello posiblemente en razón de que la postura contraria -—de esperarlo todo del Estado o, en todo caso, de otros, o bien la idea del Estado Paternalista— es extraña a lo más genuino de la nacionalidad costarricense.
En verdad, es sumamente satisfactorio saber que en sólo los dos últimos años, 1968 y 1969, se constituyeron 149 Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad que agrupan a más de 24.500 asociados. Todo ello a pesar de los escasísimos recursos de que ha podido disponer la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad para realizar las necesarias tareas educativas sobre los principios que han de orientar a las asociaciones y sobre los métodos de acción comunal, sobre la ley que respalda y norma su funcionamiento y sobre la manera de organizarse para constituirlas.
Es significativo el hecho de que, a causa de esa limitación de recursos para realizar las citadas tareas previas de educación y promoción, la Dirección General tiene más de cien solicitudes adicionales de comunidades que quieren organizar sus asociaciones y que no han podido hacerlo por falta de asesoramiento. Los expertos extranjeros que han venido a observar este florecimiento costarricense del desarrollo comunal, han manifestado admiración por la forma en que aquí este movimiento nace desde la base, con reducidos estímulos e impulsos desde arriba, del Estado.
Sería prolijo enumerar todas las pequeñas grandes obras de progreso que han llevado a cabo esas asociaciones. De atención a la niñez, organización de grupos deportivos o culturales o instalación de bibliotecas; de ayuda para la construcción de escuelas, de sus propios centros comunales o de centros de recreación; de arreglo de calles y apertura de caminos o construcción de puentes; de instalación de acueductos en coordinación con el S. N. A. A. o de electrificación coordinadamente con el I. C. E.; y así sucesivamente.
De igual o mayor importancia es el hecho de que la constitución de estas Asociaciones de Desarrollo Comunal, es un medio eficaz para lograr la organización, positiva y constructiva, de esos grandes sectores un tanto marginados de la sociedad costarricense y los cuales, mediante estas asociaciones, pasan a tener una voz más sonora con respecto a la toma de decisiones nacionales.
El grupo de distinguidas damas de la sociedad costarricense que formó el Comité Nacional de Cooperación Social y que organizó las ferias de Navidad de 1966, 1967 y 1968, ayudó muy sustancialmente con el producto de esas ferias a la construcción de un considerable número de edificios con el fin de que fueran sedes de otras tantas asociaciones comunales, o bien que sirvieran como Centros Comunales. A la vez, ese Comité y sus filiales provinciales propugnaron porque esos llamados Centros Comunales fueran además verdaderos centros educativos y de trabajo, donde se enseñaran oficios o quehaceres domésticos que permitan que jóvenes y señoras aprendan un oficio o bien una destreza que les permita elevar las condiciones de vida de sus hogares. Para ello se valieron de instructores del Instituto Nacional de Aprendizaje o de sacerdotes y congregaciones religiosas, proveyéndolos, con el mismo fin, de numerosas máquinas y utensilios.
Los diversos objetos que han ido aprendiendo a fabricar tantas de esas personas deben ser puestos a la venta en sitio adecuado, para que sirvan no sólo para arreglo y adorno de sus hogares sino también como fuente de ingresos adicionales en esos mismos hogares. Con ese propósito y con los mismos recursos provenientes de aquellas tres ferias de Navidad, se está terminando ahora la construcción de un hermoso edificio, en terrenos de la Iglesia de La Soledad, para que en él funcione un “Mercado de Artesanía de los Centros Comunales”.
La creación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, fue la de una institución típica de desarrollo social. Está fundada en los dos mismos principios sobre los cuales hemos abogado como orientadores de un equilibrado y eficaz progreso social. El esfuerzo propio, representado por los ahorros que tienen que hacer los trabajadores y los cuales son retenidos al menos un año para formar el capital del Banco, que es de ellos y para ellos; y la solidaridad social, representada por el medio por ciento de los sueldos pagados por los patronos y que éstos han de depositar en el Banco para engrosar los ahorros hechos por sus empleados, de tal manera que esos aportes de los patronos pasan a formar parte del patrimonio de sus empleados. A más de eso, la función educativa del Banco Popular es evidente. La necesidad de fomentar el ahorro es una de las más trascendentales y a la vez de las más difíciles de satisfacer en los países en vías de desarrollo, porque, como es bien sabido, el desarrollo económico sólo puede acelerarse aumentando la inversión, o sea el ahorro, y ello demanda alguna disciplina hoy en el consumo para poder mañana aumentar ese consumo.
Siempre pensé que no sería sino al cabo de unos dos años de operaciones que los trabajadores de todos los rincones del país comenzarían a percibir los bienes que han de recibir del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y a darse cuenta cabal de que el Banco es de ellos, que ellos son sus únicos dueños y que está para servirles a ellos y a las comunidades donde habitan. Por eso ha sido grande mi satisfacción al ver que el Banco ha comenzado ya a prestarles servicios a sus socios-trabajadores; al ver que la Junta Directiva Provisional, además, está estudiando la posibilidad de descontar a los trabajadores del Estado las cuentas a su favor por concepto de prestaciones legales; que tiene en estudio solicitudes de préstamo en favor de cooperativas de ahorro y crédito, así como de préstamos para que sus asociados puedan pagar las primas exigidas para adquirir sus viviendas propias.
Preocupa, sí, el corto lapso que la ley fijó para que la Junta Directiva Provisional establezca las agencias regionales, pues ello aumenta los gastos de organización cuando el Banco está apenas en su etapa de consolidación; pero éste ya presentó un proyecto de ley, por medio del Poder Ejecutivo, para que se alargue ese plazo.
La ley de creación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal fue el resultado de concesiones mutuas en los puntos de vista de los Poderes. Legislativo y Ejecutivo en aras de un acuerdo, lo cual es natural que suceda en una democracia. Así, por ejemplo, habríamos deseado que la propiedad del Banco, que es de los trabajadores, les resultara a ellos más evidente, en virtud de la posesión de acciones u otros títulos de propiedad. Sin embargo, como quiera que sea, repito que es muy satisfactorio ver que mucho antes de lo que era previsible, los trabajadores han comenzado a percibir los grandes y crecientes beneficios que su Banco está llamado a proporcionarles al transcurrir el tiempo.
No cabría referirse a la Reforma Penitenciaria en un capítulo dedicado a dar cuenta de aspectos del desarrollo social del país, si no fuera que en su sentido moderno los regímenes penitenciarios han cedido mucho su índole de castigo de la sociedad a los delincuentes para adquirir, más bien, el carácter actual de centros de rehabilitación de quienes han cometido delitos, para que puedan luego reincorporarse provechosamente a la sociedad.
El anhelo de llevar a cabo una reforma de nuestros regímenes penales y penitenciarios, ha sido acariciado durante largos años por los costarricenses y, en particular, por los abogados penalistas y por todos quienes se preocupan porque cada ciudadano sea respetado en su trascendental dignidad de ser humano, de criatura de Dios. No obstante, es poco lo que efectivamente se había realizado para satisfacer esos anhelos costarricenses. Porque hacerlo no era cosa fácil. No bastaba construir nuevos edificios para instalaciones penitenciarias si en ellos continuaban vigentes los mismos vetustos y un tanto deshumanizados regímenes.
Era preciso ciertamente construir nuevos pabellones en los terrenos en buena hora adquiridos tiempo atrás. Pero era mucho más lo que había que hacer, comenzando por adaptar la legislación penal a una concepción unitaria correspondiente a las ideas modernas en materia penitenciaria.
Mientras tanto, nos hallábamos frente a uno de tantos problemas bastante desatendidos al correr de muchos años atrás y que ya llegaba a situaciones de crisis como las que hubimos de afrontar en una Penitenciaría Central que, en su planta física, había sido construida para alojar a lo sumo unos 500 reclusos y alberga más de mil reclusos en condiciones propicias para el reinado de muy diversos vicios.
Al término del Gobierno que presidí quedan construidos, en la finca llamada La Reforma, 28 pabellones en los que se han invertido más de (¡L 3 millones en su construcción y casi <¡t 200.000 adicionales para fines agrícolas. Se habilitó el centro San Agustín con una inversión de cerca de un cuarto de millón de colones, para alojar y tratar en él a reclusos próximos a reincorporarse a la sociedad. Se acondicionaron mejor las instalaciones de la Penitenciaría Central y se reconstruyeron secciones destruidas, con una inversión de más de un millón de colones en construcciones y equipo e instalaciones industriales; se edificaron allí también una escuela y una Unidad Sanitaria y otra unidad para el Servicio Social y los servicios siquiátricos. Se ampliaron y remodelaron las instalaciones del Centro de Reorientación Juvenil Luis Felipe González y se construyó en él una escuela, con una inversión global de cerca de otro millón de colones.
Las instalaciones en la finca La Reforma comprendieron una red de agua potable de seis kilómetros de extensión, desde San Rafael de Ojo de Agua; los 28 pabellones ahí construidos están distribuidos en 12 dormitorios, 4 comedores, 2 talleres, un pabellón para Unidad Sanitaria y otro para Servicio Social, y los restantes pabellones para otros servicios y para oficinas administrativas.
Pero el trabajo realizado en las obras no materiales es aún más importante.
Se han ampliado los servicios técnicos para la asistencia a los internos, especialmente en los campos de la salud, la educación y la asistencia social; se reorganizaron los servicios de vigilancia y se procuró nuevo personal de Auxiliares de Criminología dentro del régimen de Servicio Civil.
Lo más importante de todo este avance, es el cuidadoso trabajo realizado para la preparación de los nuevos proyectos de Código Penal y Leyes conexas, de Código Procesal Penal y de reformas al Código Tutelar de Menores .
Toda esa obra sólo ha sido posible gracias a una admirable colaboración, plena de capacidad profesional, entusiasmo y buena voluntad, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de la Universidad de Costa Rica. En verdad esa colaboración, esa conjunción de inteligencias, experiencia y buena voluntad, es una de las cosas más hermosas producidas en el cuatrienio que ahora va llegando a su fin. Fue posible, me parece, en virtud del espíritu humanitario tan propio de los costarricenses; tal cooperación en todo caso, es ejemplar. Es un ejemplo de lo que puede y debe hacerse frente a todos los grandes problemas del país.
Al nuevo Gobierno le quedan ahora las bases sólidas para llevar a feliz término aquella Reforma Penitenciaria que durante tantos años sólo fue un anhelo y cuyas vías para acabalarla han salido de una nebulosa para quedar ahora bien trazadas y asentadas sobre una base sólida. En particular, a vosotros habrá de corresponderos tramitar y finiquitar la legislación que con tantos cuidado y asesoría se preparó y sin la cual el nuevo y moderno régimen penitenciario nunca podría funcionar bien.
A todo lo largo de los años correspondientes a la Administración que terminará dentro de una semana dimos a la Oficina de Planificación, que por su ley constitutiva es una dependencia de la Presidencia de la República y cuya dirección fue ocupada por relevantes economistas, la más alta jerarquía para que actuara como eje central del impulso que al Estado contemporáneo le corresponde imprimir al desarrollo económico y social de la Nación y para que, así, pudiera cumplir bien su cometido en las importantes tareas de planeamiento eficaz de ese desarrollo y en las de coordinación de los planes de los diversos entes públicos.
En la esfera de acción propia del Poder Ejecutivo esa coordinación se efectuó, en primer lugar, al formular los planes anuales o presupuestos de los distintos Ministerios conforme a una política general claramente, definida y orientada de la cual estaban compenetrados todos los Ministros de Gobierno. Además y concordantemente con esa política, la Oficina de Planificación participó, con mayor o menor intensidad pero en todos los casos, en la elaboración de los proyectos de inversión que requerían financiación interna o externa. En gran número de casos los proyectos fueron elaborados en los respectivos Ministerios y la función de dicha Oficina era de asesoramiento y coordinación. Otros proyectos de desarrollo fueron elaborados y tramitados ante las agencias financiadoras por el Ministro y el personal técnico de su Ministerio conjuntamente con la Oficina de Planificación. Y, finalmente, otros proyectos de desarrollo fueron diseñados e impulsados directamente desde la Oficina de Planificado i. En todos los casos trabajó en constante consulta con el Presidente do !a República y, en particular, se contó con la participación eficaz de nuestro Embajador en Washington y de sus colaboradores.
En consecuencia, fue mediante ese empuje, claramente orientado y bien coordinado, de todos los Ministerios con la Oficina de Planificación, que se logró la formulación de un conjunto realmente satisfactorio de proyectos muy diversos de desarrollo, el comienzo de la ejecución de algunos de ellos ya financiados, la financiación de otros que quedan para ser ejecutados por el Gobierno que ha de sucedemos, o encaminadas las gestiones para el financiamiento de otros de esos proyectos. Entre los proyectos pertenecientes a la esfera del Poder Ejecutivo y dentro de éstos sólo los que han necesitado financiación del exterior cabría citar aquellos para los cuales ya definitivamente se ha contratado su financiación, por ejemplo:
☆ El Segundo Plan de Caminos Vecinales, con el B.I.D.
☆ Los Centros Agrícolas Regionales, con el B.I.D.
☆ Mantenimiento de Carreteras y Caminos, con A.I.D.
☆ Carretera El Coco-San Ramón y sus ampliaciones, con el B. C. I. E.
☆ Carretera Siquirres-Limón y estudios para la ruta San JoséSiquirres, con el Banco Mundial.
☆ Ampliación del Aeropuerto El Coco, con el B. C. I. E.
☆ Mejoramiento de la Carretera Interamericana entre Arizona y la frontera con Nicaragua, con el B.C.I.E.
☆ Erradicación de la malaria y ampliación de ese programa, con A.I.D.
☆ Escuela de Técnicos Agropecuarios, donación de A.I.D.
A la lista anterior hay que agregar la financiación ya obtenida mediante los reembolsos de los créditos de A.I.D. llamados de dos etapas, para el programa ya mencionado de titulación de tierras de poseedores en precario; para aumentar los recursos de las Juntas Rurales de Crédito; para el Centro de Promoción de Inversiones y Exportaciones; para el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo; para el programa de sueros antiofídicos; para el mejoramiento postal a que más adelante me referiré; y para asfaltar la carretera Pavones-Siquirres.
Hay que agregar también los créditos obtenidos del B. C. I. E. para estudios y diseños que garanticen la consiguiente financiación para construir las carreteras:
☆ Costanera Sur.
☆ Naranjo-Ciudad Quesada-Los Chiles.
☆ Heredia-Puerto Viejo de Sarapiquí.
Para la obtención de financiamiento interno, la Oficina de Planificación del Ministerio de la Presidencia, colaboró con los Ministerios de Gobernación y Justicia, de Educación Pública y de Transportes en lo relativo a financiar los proyectos de:
☆ Construcción de la nueva Biblioteca Nacional y de Aulas Escolares.
☆ Planta física y equipo para la Reforma Penitenciaria.
☆ Construcción de nuevo edificio para la Imprenta Nacional.
☆ Aeropuerto de Pavas.
Siempre en el ámbito del Poder Ejecutivo a que me he estado refiriendo, quedan a la fecha presentados y en buen pie de tramitación los proyectos para:
☆ Construir los nuevos muelles en Limón y Puntarenas con base en los prolijos estudios ya realizados y que tomaron cerca de tres años, con el Banco Mundial.
☆ La instalación de la Escuela de Ganadería, con el B. C. I. E.
☆ Modernizar e impulsar la Educación Profesional Secundaria e instalar el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el B.I.D.
☆ Desarrollar el programa sectorial agropecuario y para estudiar el desarrollo de la cuenca del río San Juan y de la zona limítrofe con la República de Panamá.
Además de lo relativo a las cuatro importantes carreteras mencionadas, están en proceso de preparación, o ya financiada la realización de los estudios respectivos, los proyectos para un programa de erradicación de la brucelosis y tuberculosis bovinas; para el desarrollo regional y diversificación agrícola de la zona de San Mateo, Atenas y Orotina; para la ejecución de obras públicas en la zona bananera Atlántica.
Los proyectos que he mencionado, y que se refieren a la órbita propia del Poder Ejecutivo, pueden dar una idea del programa de inversiones preparado para el período 1969-1972, que casi duplica en su totalidad las inversiones públicas efectuadas en el cuatrienio anterior, y cuyo realismo se nota en los aumentos impresionantes del Producto Nacional, que ya ha inducido este esfuerzo para proveer al país de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, en los años 1968 y 1969.
Este vasto programa que se deja en más de un 90% de su totalidad debidamente financiado —toda vez que su financiamiento externo está concedido en más de un 80% de su monto total— incluye también la actividad de inversión de los entes descentralizados, con los cuales se ha colaborado en sus gestiones de financiamiento externo, finalidad para la cual se aprobaron entre otros los siguientes créditos:
☆ Para el Sistema de Ahorro y Préstamo al que me he referido, $ 1.000.000, con A.I.D.
☆ Para créditos al pequeño agricultor, $ 5.000.000, con A.I.D.
☆ Para créditos agropecuarios, $ 3.000.000, con el Banco Mundial; y para la transformación de un antiguo préstamo de emergencias de más de $ 3.000.000, con el B. I. D.
☆ Para energía y telecomunicaciones, $ 18.500.000, con el Banco Mundial.
☆ Para electrificación en Cartago y Alajuela, $ 940.000, a favor de JASEMA y JASEC, con el B.C.I.E.
☆ Para instalaciones de la Universidad de Costa Rica, $ 1.370.000, con el B I D.
Además se dejan encaminados créditos para estos entes públicos que comprenden $ 10.000.000 para una nueva línea de préstamos agropecuarios en favor del Banco Central, con el B. I. R. F.; $ 5.500.000 para el alcantarillado de San José y las aguas potables de Limón, Puntarenas Liberia y San Isidro de El General, en favor del S. N. A. A., con el B. I. D.; $ 5.000.000 para una nueva línea de crédito ganadero en favor del Banco Nacional, con el B.I.D.; $ 3.600.000 para electrificación rural en Guanacaste y Siquirres y Pococí, en favor del I. C. E y con el B. I.D.
Se trató de fortalecer las tareas de planificación en el ámbito del Estado, pues es en este campo donde las mismas son posibles y convenientes en nuestro sistema y, además, de mayor urgencia. Fue por lo anterior que se trató de mejorar el marco institucional mediante las reformas legales pertinentes en relación con los planes de inversión de los entes públicos, y a los cuales me he referido al comentar las reformas constitucionales .
Con relación al sector privado, no le corresponde a la Oficina de Planificación este papel central que está llamada a desempeñar en el Sector Público, como dependencia directa de la Presidencia de la República. En este caso, la tarea que corresponde a la Oficina de Planificación es la de brindar adecuada información a empresarios y trabajadores sobre las previsiones de la economía nacional, y los resultados que surgen de los esfuerzos aunados de ellos y del sector público, de modo que todos los sectores de la economía puedan tener mejor conocimiento del marco económico dentro del cual deben tomar sus decisiones. Fue dentro de estos principios que la Oficina de Planificación cumplió con las tareas de planeamiento en relación con los sectores privados de la economía nacional. El gran número y la alta calidad de los estudios realizados y publicados, no tiene antecedentes proporcionales.
En las tareas de racionalización de la administración pública jugó un papel muy importante el Departamento de Productividad y Eficiencia Administrativa, que contó con la valiosa asesoría de experimentados gerentes de la empresa privada. Importantes fueron los logros obtenidos en el largo camino de racionalizar, modernizar y hacer más eficientes las dependencias del Estado para beneficio del público.
Gran empeño pusimos todos los integrantes del Poder Ejecutivo en limitar el crecimiento del número de empleados o trabajadores que prestan sus servicios en las diversas tareas a cargo de los Ministerios, sin que la calidad de estos servicios sufriera mengua, sino, por el contrario, procurando mejoras sucesivas en esos servicios. En más de una ocasión he referido, con base en estudios del mencionado Departamento de la Oficina de Planificación, las cifras que demuestran los buenos resultados obtenidos gracias a esos esfuerzos encaminados a limitar el crecimiento del número de empleados y trabajadores del Gobierno Central, con el fin de no recargar indebidamente los gastos fiscales por este concepto. A la par de esos esfuerzos, no omitimos los necesarios para que los aumentos previstos en los sueldos de nuestros servidores públicos, se hicieran efectivos a pesar de las graves dificultades que padeció el Poder Ejecutivo, ello en vista de la necesidad de adecuar esas dotaciones a las condiciones de una economía que, por su franco desarrollo, ha hecho posibles aumentos considerables en las remuneraciones del personal de la empresa privada.
A este respecto es también de enorme importancia la tarea de modernizar y aclarar el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve el ciudadano en sus relaciones con el Estado, a fin de brindarle un mejor servicio. Con tal fin fue preparado el proyecto de Ley General de la Administración Pública, o Código Administrativo, que a vosotros os tocará considerar.
El campo de acción de la Cancillería no sólo se ha ampliado en sus aspectos políticos fundamentales en virtud de la intensificación de las relaciones diplomáticas entre todos los países del mundo, sino que además se halla estrechamente vinculado hoy a los esfuerzos que nuestro país hace por acelerar su desarrollo.
Así, por ejemplo, las negociaciones de créditos externos reciben un apoyo fundamental de las funciones que diariamente desempeñan, ante las fuentes de financiamiento, las embajadas situadas en las sedes de dichas agencias de crédito externo para el desarrollo.
Recientemente, como otro ejemplo de ese trascender de la diplomacia más allá de lo estrictamente político, el Canciller viajó a nuestras repúblicas hermanas y vecinas de Panamá y de Nicaragua para tratar asuntos relativos al desarrollo económico de las regiones fronterizas del Norte y del Sur. En Panamá suscribió, conjuntamente con altos funcionarios del Gobierno panameño, solicitud ante el Banco Interamericano de Desarrollo para el progreso de las comunidades fronterizas, a todo lo largo de la línea divisoria, de costa a costa. En Nicaragua firmó un acuerdo para designar una comisión bipartita encargada de estudiar el Tratado Canalero suscrito en 1940 entre Costa Rica y esa Nación, todo ello con el objeto de que llegue a buen puerto la iniciativa nicaragüense —a la cual nos hemos sumado— para canalizar el río San Juan y abrir esa vía al tráfico de barcos de calado suficiente a fin de que resulte económico y atractivo y promueva gran desarrollo en la zona fronteriza de ambos países, para un beneficio mutuo que es incalculablemente promisorio.
Muy activas hubieron de ser las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por la Cancillería, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, para lograr que el mercado de Japón se abriera con el objeto de recibir nuestra producción bananera; esas gestiones culminaron con buen éxito gracias a la comprensión y la buena voluntad del Gobierno japonés.
Igual actividad hubo de desplegar la Cancillería, en asocio esta vez de los Ministros de Industria y Comercio y de Agricultura y Ganadería, para la colocación en los mercados norteamericanos de suficientes cantidades de productos textiles, de carne de res preparada aquí, y de azúcar. Ha sido de inestimable valor para el país la participación de nuestro Embajador en Washington no sólo en las gestiones mencionadas sino también en las que con tanta frecuencia ha sido preciso hacer ante la Organización Internacional del Café, en Londres, donde le hemos pedido que asista por solicitarlo así la Oficina del Café.
La vinculación a que vengo refiriéndome ha sido notoria, por otra parte, en las actividades, de índole diplomática pero propias de su Ministerio, llevadas a cabo por el Ministro de Industria y Comercio, primero en las reuniones del Consejo Económico Centroamericano y, cuando estas reuniones fueron suspendidas por causas bien conocidas, en otras naciones.
De esa manera, por ejemplo, el Ministro de Industria y Comercio envió primero varias misiones comerciales a nuestra vecina República de Panamá, con miras a fortalecer el Tratado Preferencial y de Libre Comercio que está vigente entre Panamá y Costa Rica y con el propósito de que, conforme a un espíritu de reciprocidad y conveniencia mutua, pudieran expandirse las actuales corrientes de comercio y estimular la inversión. Fue así como se llegó a que el Ministro pudiese suscribir un Reglamento del tratado en cuestión, que permite establecer mecanismos apropiados para la solución rápida y oportuna de los conflictos comerciales que, de manera casi natural, suelen presentarse en la aplicación de las normas de libre comercio y trato preferencial que estableció dicho Tratado; y se puso énfasis en ese Reglamento en lo concerniente a dar mayores seguridades a los empresarios, en cuanto a las disponibilidades del mercado, a fin de que puedan formular con mayor certeza sus programas de producción, industrial o agropecuaria.
Se han adelantado bastante, asimismo, las negociaciones para intensificar nuestro comercio con Venezuela. Además, se han llevado a cabo giras por otras zonas del Caribe y se han iniciado negociaciones, en particular con la República Dominicana, semejantes a las efectuadas con Venezuela, para lograr una expansión del intercambio comercial con los países amigos de esta vasta región del Caribe.
Mucho antes de que el Mercado Común Centroamericano sufriera la crisis que hoy lo aqueja, pregonamos la conveniencia y hasta la necesidad de que este Mercado se expandiera y se vinculara con las naciones grandes y pequeñas, amigas y vecinas de toda esta región, con miras a que sin prisa pero sin pausa se dieran pasos encaminados a constituir una Comunidad Económica del Caribe, que se extendiera desde México hasta Panamá, Colombia y Venezuela y desde estos países hasta las Naciones de Las Antillas. La geografía señala esta región para que de manera natural se integren nuestros países en esa Comunidad, para lo cual no es obstáculo alguno importante que varias de estas naciones formen parte de otras asociaciones de países que se hayan constituido o se constituyan en el futuro, como etapas para llegar eventualmente a la ya prevista Integración Económica Latinoamericana. Así tuve el honor de manifestarlo en la Reunión de los Presidentes de América, en abril de 1967 en Punta del Este; en México, en junio de ese mismo año, cuando tuve el honor y la inmensa satisfacción de visitar la nación mexicana, con la cual tantos y hondos vínculos tenemos; en la Organización de Estados Americanos, Washington, en junio de 1968; y en la Reunión celebrada en El Salvador, de los Presidentes de Centroamérica con el entonces Presidente Johnson de los Estados Unidos de América, en julio de ese mismo año de 1968.
Veíamos desde entonces la necesidad de que el Mercado Común Centroamericano se expandiera, para que las industrias que se instalaran en los países del Istmo fueran más grandes y eficientes para competir en mercados más amplios, con ventaja en primer lugar para los consumidores del país. Veíamos la necesidad de que el principio de “sustitución de importaciones” del área centroamericana, —que tanta preponderancia tuvo en las etapas iniciales del proceso de integración nuestro, pero cuyas bases ya perjudicaban las balanzas de pagos de nuestros países a causa de la poco prudente competencia de incentivos fiscales en que se asentó nuestra incipiente industria centroamericana— fuese complementado con esfuerzos serios e intensos para exportar nuestros productos fuera del área, a mercados más vastos y competitivos.
Mucho abogamos por una revisión a fondo de los regímenes de incentivos para establecer un solo, uniforme y verdaderamente estimulante, arancel aduanero. Mucho abogamos también porque se estableciera un Tribunal de Justicia Centroamericano, encargado de dirimir los naturales conflictos del régimen de libre comercio, entre países cuyas líneas fronterizas y nacionalismos están aún muy intensamente marcados y vividos.
Cuando se daban, al fin, los primeros pasos en las direcciones apuntadas, surgió ese dolorosísimo conflicto entre nuestras queridas naciones hermanas de El Salvador y Honduras. A más de la pena y el desencanto que ese conflicto nos ha producido, continuamos lamentando que su prolongación paulatinamente vaya debilitando todo el promisorio proceso de integración centroamericana.
Es necesario destacar, antes de terminar esta sección, un hecho de especial significación e importancia. Desde el comienzo del Gobierno consideramos que, en cuanto dependiera del Poder Ejecutivo, debíamos procurar la ratificación de todos los tratados, convenios o protocolos suscritos por el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces, los •hizo llegar con la mayor prontitud a la Asamblea Legislativa y considero digno de consignar el hecho notable de que, con muy pocas excepciones, la Asamblea los ratificó con interés y en plazos extraordinariamente cortos. Fue así como en los cuatro años pasados se ratificaron cincuenta y dos convenciones, tratados, protocolos o convenios, la mayoría de los cuales habían sido suscritos recientemente, pero entre ellos había incluso algunos suscritos en años tan pretéritos como 1963, 1962 y 1961 y hasta en 1955 y en 1949.
La obra llevada a cabo por el país para aumentar sus vías de comunicación quizás se pueda apreciar global y sucintamente a través de los montos de inversión pública en transportes. Esa inversión alcanzó la suma total de 0 140 millones en los cuatro años que van de 1962 a 1965; y ascendió a ($. 254 millones en los últimos cuatro años, o sea de 1966 a 1969. Ambas cifras están dadas en números redondos, pero en todo caso la inversión en el último cuatrienio es en más de un 81% superior a la del período precedente.
La inversión correspondiente a la Administración anterior comprendió principalmente las obras del Plan Vial de Carreteras Nacionales y Regionales, financiado parcialmente por el Banco Mundial, así como las del Primer Plan Vial de Caminos Vecinales, financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión realizada por la actual Administración comprendió principalmente la terminación de los planes viales mencionados, la iniciación y adelanto muy considerable del grandioso proyecto de rectificar, mejorar y pavimentar la Carretera Interamericana en toda su extensa longitud, y la iniciación del Segundo Plan Vial de Caminos Vecinales.
Puesto que las cifras de inversión son de índole un tanto abstracta, considero conveniente informaros más específicamente sobre algunos de los más importantes caminos en cuya construcción se invirtieron esos ¢254. millones en estos últimos cuatro años.
La construcción totalmente nueva de largos tramos, la rectificación, reconstrucción y pavimentación de otros igualmente largos tramos de la Carretera Interamericana, desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Nicaragua —incluyendo, pues, la autopista entre El Coco y San Ramón— constituye, sin duda, la obra vial de mayor envergadura realizada en el país. La totalidad de esa obra, cuando esté terminada, implicará una inversión de más de 0 260 millones; y a todo lo largo de 442 kilómetros de su longitud total, se ha venido trabajando simultáneamente durante estos últimos años. Por ahora, lo que el público ha podido ver —y a veces sufrir— son los enormes movimientos de tierras y la tediosa e incómoda construcción de las sub-bases y bases, así como la de algunos de los grandes puentes de la Autopista General Cañas. Pero al finalizar el año entrante esa larga y fundamentalmente importante carretera estará prácticamente terminada, como se verá luego.
Tan enorme esfuerzo se justifica plenamente toda vez que la Carretera Interamericana es para Costa Rica el nervio principal de su sistema vial. Su localización la convierte en elemento vital para el desarrollo económico del país. Era necesario, para obtener de ella el máximo provecho, que se acondicionara al nivel de calidad que demanda el transporte moderno. Le correspondió a la presente Administración poner en marcha la totalidad del programa para la terminación de esta importante vía, financiada parcialmente por acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Costa Rica para la cooperación en la construcción de la carretera. Este acuerdo contempla una donación de US$ 14 millones, o sea de más de $ 93. millones, por la cual me corresponde expresar una vez más agradecimiento nacional.
La sección entre La Cuesta, en la frontera con Panamá, y San Isidro de El General, tiene una longitud de 212.3 kilómetros y un costo de unos 0 47 millones incluyendo gastos de ingeniería. Los trabajos se iniciaron el l9 de marzo de 1968 y se espera que queden concluidos en marzo del año entrante. Hasta marzo de este año se había realizado un 45 % del total de la obra, que incluye 35 kilómetros ya finalizados entre La Cuesta y Río Claro, en el cruce hacia Golfito; 25 kilómetros adicionales en la zona entre Palmar y Buenos Aires, a los cuales sólo falta la última capa de pavimento; más otros 30 kilómetros ya finalizados con su pavimento entre el lugar llamado El Convento y San Isidro de El General.
El tramo entre San Isidro de El General y Taras de Cartago tiene una longitud de 115.1 kilómetros y su costo total será de aproximadamente unos 0 65. millones, incluyendo los gastos de inspección. La construcción se inició en abril del año 1967 y se espera que esté concluida dentro de unos 8 ó 9 meses. Se estima que hasta marzo recién pasado estaban ya terminadas, en efecto, las dos terceras partes de las obras de esta sección, que abarcan la casi totalidad de los trabajos de movimiento de tierras en realmente impresionantes cortes y rellenos, para el alineamiento y la reducción de declives, así como la construcción de la mayoría de las estructuras de avenamiento; a más de eso se tienen terminados en sus etapas de base y sub-base unos 20 kilómetros; más 31 kilómetros ya terminados con su pavimento, que incluyen los 6 kilómetros entre Taras y San Isidro de El Tejar.
Dejo para informar aparte la autopista El Coco-San Ramón, para daros cuenta del último tramo de los financiados parcialmente con la donación norteamericana de $ 14. millones, que es el comprendido entre San Ramón, pasando cerca de Barranca, hacia el Norte hasta el lugar denominado Arizona, ya en Guanacaste.
La longitud de este tramo es de unos 74 kilómetros y su costo, incluyendo los gastos de ingeniería de supervisión, es de algo menos de ¢33. millones. Pero fue el último cuya licitación se adjudicó. Los trabajos no se iniciaron sino hasta el 15 de enero de 1969; no estarán concluidos sino hasta fines del año entrante y en el mes de marzo del año pasado sólo un 25% de la obra había sido ejecutada. Por otra parte, esta sección de la carretera tiene un tráfico sumamente intenso y, a más de ello, la compañía constructora tuvo un atraso inicial en la obra por falta de la maquinaria adecuada y que atribuye a la huelga en los muelles de la costa Atlántica de los Estados Unidos. Es a causa de todas esas circunstancias que hasta ahora, quienes usan esta carretera, sólo han sufrido las penalidades que ocasionan las primeras etapas de la construcción, como movimiento de tierra e instalación de desagües; nos vimos precisados a hacerle conminatorios apercibimientos a dicha compañía constructora para que cuidara mucho mejor el mantenimiento de la vía, con el fin de reducir las molestias que experimentan los numerosísimos vehículos que por ella transitan. Este trozo de la carretera ha de quedar terminado con su pavimento el año entrante.
Independientemente de las obras descritas que se realizaron con la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos de América, e interpretando fielmente las necesidades del país en materia vial, procedimos a construir, financiada con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la sección de carretera entre el Aeropuerto El Coco y la ciudad de San Ramón; adicionalmente y también financiada por el mismo Banco, se preparó y licitó la reconstrucción de la vía entre Arizona y la frontera con Nicaragua. Seguidamente me refiero al estado de las obras en estos dos proyectos.
Durante el año 1968 se iniciaron conversaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el financiamiento de las mejoras comprendidas en el sector del extremo Norte de la Carretera Interamericana, entre Arizona y Peñas Blancas. Afortunadamente las gestiones tuvieron éxito y se logró firmar dos contratos de crédito por la suma total de US$ 3.400.000, que cubren el costo de los trabajos recomendados según estudios de ingeniería realizados por el Ministerio de Transportes. Las obras consisten en la reconstrucción total del pavimento entre Arizona y Cañas, el refuerzo del pavimento entre Cañas y la frontera con Nicaragua y la pavimentación de las vías de acceso a la Aduana de Peñas Blancas.
El 11 de enero de 1970 se publicó la licitación, que ya fue adjudicada, por lo que a corto plazo se iniciarán los trabajos respectivos, que deberán estar terminados en el verano de 1972 y los cuales, a diferencia de los restantes, son de perfeccionamiento y conservación.
El costo total del proyecto se estima en 14.1 millones de dólares, o sea en cerca de 93.7 millones, que han sido financiados en su totalidad por el Banco Centroamericano de Integración Económica. A este costo se le debe sumar el valor de los derechos de vía, que se estima en 6 millones de colones. Esta adquisición del derecho de vía ha sido financiada totalmente por el Gobierno de Costa Rica.
El Banco otorgó a Costa Rica tres créditos. El primero por C 31.1 millones el 21 de octubre de 1966, que fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 1967; el segundo por 0 38.6 millones otorgado el 1*? de febrero de 1968 y un tercer préstamo adicional por 0 24 millones, según contrato firmado el 9 de abril de 1970. Con estos préstamos queda totalmente financiada la obra por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
El proyecto se subdividió en tres secciones:
a) La sección de San Ramón a Río Colorado se inició el día 7 de diciembre de 1967. En marzo recién pasado un 70% de esta sección se encontraba terminada y el contratista deberá entregarla totalmente concluida en el mes de marzo del año entrante.
b) La sección El Coco-Río Poás se inició el 15 de febrero de 1969. En marzo recién pasado el trabajo se hallaba realizado en un 50% del total de la obra y el contratista deberá entregarlo en su totalidad para finales del año próximo.
c) La construcción de la autopista en la sección Río Poás-Río Colorado se adjudicó el 15 de mayo de 1969 y ha avanzado cerca de un 15% del total; la obra deberá ser entregada por los contratistas totalmente terminada en los primeros meses de 1972.
Después de haber hecho la relación detallada del estado en que se encuentran todas las obras de la Carretera Interamericana, es para mí placentero poder reiterar, a manera de conclusión, que para finales del año 71 y principios del año 72, Costa Rica contará con una vía de comunicación de la más alta calidad para el tráfico interamericano, lo cual será de enorme provecho para el desarrollo económico que experimentará el país, no sólo en razón de la disminución de los costos del transporte, sino además por la afluencia de turismo que estimulará y que en muchos casos se ha visto limitada debido al mal estado que ha tenido la carretera en los últimos años.
En el Mensaje del l9 de mayo de 1968 manifesté a la Asamblea Legislativa:
“El año pasado os informé que habíamos podido duplicar el ritmo de ejecución de los planes viales: el de Carreteras Nacionales y Regionales y el de Caminos Vecinales.
Gracias a ese ritmo, al vencer, el 31 de diciembre último (de 1967), el plazo convenido con el Banco Mundial para obtener el crédito de financiación parcial del plan de Carreteras Nacionales y Regionales, se pudo presentar cuentas para obtener el porcentaje acordado de reembolso correspondiente a obras ejecutadas, de manera que se utilizara, como prácticamente se utilizó, la totalidad del crédito. Gracias a ese ritmo, a esa fecha se había completado en más de un 86% la ejecución de dicho plan, quedando aún en ejecución obras previstas para ser financiadas internamente.”
Y agregaba en esa oportunidad que:
“del plan de Caminos Vecinales. . . lo construido asciende ahora (abril de 1968) a 240 kilómetros; están en ejecución 48 kilómetros adicionales y sólo restan por construir 29 kilómetros de la totalidad. Pero también falta una gran cantidad de puentes no previstos en la financiación original.”
Me extendería mucho si os diera cuenta pormenorizada de las carreteras terminadas durante la Administración que finaliza. Pero sí puede ser conveniente que deje consignadas aquellas carreteras cuya construcción correspondió en un 50% o más a la actual Administración y cuya longitud fuera al menos de 5 kilómetros, de los dos planos viales en cuestión:
☆ Cahuita-Penshurt.
☆ Desamparados-San Ignacio de Acosta.
☆ Pavones-Siquirres.
☆ San Josecito-Atenas.
☆ Guardia-Belén.
☆ Belén-Santa Ana-Cartagena-Portegolpe.
☆ San Antonio-Corralillo.
☆ Mansión-Barra Honda.
☆ Las Juntas, Abangares-Cruce con la Interamericana (Norte). ☆ Ipís-San Isidro de Coronado. ☆ General Viejo-Cruce con la Interamericana (Sur).
De los dos mismos planes viales a que me refiero, de 1966 a marzo del presente año, fueron iniciadas y terminadas carreteras, entre las cuales me limito a citar las siguientes, de más de 5 kilómetros de longitud:
☆ Belén-Santa Cruz-Nicoya. ☆ Cañas-Tilarán. ☆ Miramar-Intersección con la Interamericana (Norte). ☆ San Pablo-Canjel. ☆ Canjel-Jicaral. ☆ Jicaral-Domínica. ☆ Alajuela-Santa Bárbara de Heredia. ☆ San José-Santa Ana. (Ampliación y asfaltado). ☆ Florencia-Muelle (río San Carlos).
☆ Grifo Alto-San Pablo de Turrubares.
☆ Guácimo-Río Jiménez.
☆ Cartago-Cervantes. (Ampliación y asfaltado).
Además de lo dicho, durante estos cuatro últimos años se construyeron 27 puentes en diferentes carreteras de las contempladas en los dos planes viales a que he venido refiriéndome y para los cuales, como ya mencioné, no se había hecho previsión conducente a que necesariamente fuesen construidos al mismo tiempo que las carreteras que comprendían aquellos planes. Entre ellos los hay importantes, como lo son los puentes sobre los ríos Nandayure, San Pedro, Zapote y Garzón, todos en la Península de Nicoya.
Quedan aún en construcción, pero ya prácticamente terminados: la carretera de Tilarán a Tierras Morenas, la de Cataratas a San Lorenzo y la que va de San Pedro en Pérez Zeledón, hasta la intersección con la Carretera Interamericana, así como algunos pocos puentes más, cuya construcción no pudo terminarse.
Finalmente, la carretera que va de Villa Colón a Santiago de Puriscal, comenzada en febrero de 1965 no la da aún por terminada el Ministerio de Transportes, a pesar de estar en servicio desde hace largo tiempo. Estima ese Ministerio que aún le falta un 8% para su buena terminación. Esto es penoso, pero debe recordarse que en esa carretera hubo el incumplimiento de un contratista; y que luego el Instituto Nacional de Seguros, que le había dado su garantía a ese contratista, subcontrató con otra empresa constructora que tampoco pudo cumplir.
Si algún aspecto del desarrollo económico nacional deja en evidencia la continuidad que de hecho existe entre una Administración y otra, ese es el relativo a los planes de suficiente envergadura que necesita el país para promover su desarrollo económico más aceleradamente y, de esa manera, lograr que una economía vigorosa soporte los gastos de los otros aspectos del desarrollo, vale decir los culturales y los requeridos para los más fecundos equilibrio y convivencia sociales. Ello justifica plenamente los esfuerzos que de un lado y otro hemos realizado por evitar las rupturas innecesarias entre una Administración y la que le sigue, en cuanto concierne a las cuestiones de la política cuya índole es nacional, lo cual no impide que cada Administración oriente su propia política por los rumbos que obtuvieron el respaldo del pueblo en las urnas electorales.
Los planes viales son de la índole comentada y ellos ofrecen evidencia del hecho señalado, ya que han transcendido no una sino dos y hasta tres Administraciones. Los dos planes a que antes me referí fueron concebidos en una Administración, que además gestionó su financiamiento; su ejecución la inició la siguiente Administración. A la actual le correspondió completar la parte principal de las obras contempladas en aquellos planes y aún queda a la siguiente terminar unas pocas de ellas.
Por nuestra parte, desde muy temprano en nuestro cuatrienio presentamos solicitud de financiación parcial al Banco Interamericano de Desarrollo para un Segundo Plan Vial de Caminos Vecinales. A causa de la crisis fiscal y monetaria que padecía el país al iniciarse nuestra gestión y que tanto deterioró el crédito del país en el exterior aun durante mucho tiempo después de superada aquella crisis, no se obtuvo la aprobación del crédito para ese Segundo Plan Vial sino hasta en abril de 1969 y el contrato respectivo fue ratificado por la Asamblea Legislativa en agosto de ese año.
Ese Segundo Plan Vial de Caminos Vecinales, a más de que completa y le da sentido y unidad a muchas de las carreteras del Primero, incluye una carretera tan grande e importante como la de Cañas a Upala. La inversión que contempla es de US$ 13.7 millones, cuya parte principal le corresponderá a la Administración que se iniciará de hoy en una semana.
Ha quedado, sin embargo, ya iniciada la construcción de las siguientes carreteras:
☆ Cañas-Upala; primera etapa (La terminación de esta primera etapa está prevista para enero del año entrante y se trabaja ya en el diseño de la segunda y última etapa para que su construcción se inicie inmediatamente después de la primera).
☆ Jicaral-Lepanto.
☆ La Turbina (Cartago)-Llano Grande.
☆ La Marina-Pital (San Carlos).
Además están listos los trámites para iniciar este mismo mes o el entrante las carreteras Portegolpe-Matapalo-Huacas-Brasilito; Aguas Zarcas (San Carlos)-San Miguel de Sarapiquí; Muelle (San Carlos)-Boca de Arenal; San Ramón-Zarcero y el puente sobre el río Sarapiquí, en Puerto Viejo, que conectará a este estratégico lugar con Horquetas y con la nueva zona llamada de Río Frío.
Ha quedado debidamente financiada, después de largo tiempo de tener el respectivo proyecto debidamente listo con todos los estudios económicos y de ingeniería requeridos, la construcción de una carretera de primera calidad entre Siquirres y Puerto Limón. El costo estimado de esta magna obra es de US$ 19.4 millones, es decir de $ 129 millones, incluyendo en ese costo los intereses del préstamo durante el período de construcción, de los cuales el Banco Mundial, que la financia, aportará US$ 15.7 millones o sean ($, 104.4 millones, en condiciones favorables que incluyen un período de seis años en que no será necesario pagar amortizaciones.
La construcción corresponderá a la siguiente Administración y éste, al igual que los planes viales antes referidos, es otro ejemplo de cómo las grandes obras públicas trascienden de una a otra Administración. Como se ve por las cifras citadas, la magnitud de esta obra es en mucho superior a la totalidad de las obras contempladas en cualquiera de los tres planes viales antes comentados.
Más importante para la Administración que ahora va llegando a su fin es, por una, parte, haber aclarado en las conciencias de todos los costarricenses —y también de las agencias financieras con sede en Washington— la necesidad impostergable que tiene todo el país de contar con esta carretera; y, por otra parte, haber demostrado que la carretera era técnicamente factible sin que ni su costo ni su construcción estén fuera de las posibilidades financieras o técnicas del país. Haber hecho esta demostración es mérito del personal técnico costarricense y esa demostración de capacidad técnica acabó con los sombríos mitos que se habían llegado a crear con respecto a esa obra.
Mientras se construye esa grandiosa carretera, estará en servicio el camino que se abrió para unir Limón con Siquirres, al cual luego volveré a referirme.
Ingentes sumas de dinero se han desperdiciado a causa de los días y semanas de tiempo que han perdido las cuadrillas del Ministerio de Transportes, por desperfectos en la ya casi inservible maquinaria que posee ese Ministerio para el mantenimiento de las carreteras.
Al crearse el Ministerio de Transportes en reemplazo del antiguo de Obras Públicas, una de las actividades que quedó bajo su administración fue la relativa al mantenimiento de carreteras. Sin embargo, no se le proveyó de los equipos necesarios para llevar a cabo tal tarea.
Por la importancia de estas funciones, tan necesarias para que no se pierda la inversión con sacrificio realizada por el país en carreteras, nos dedicamos desde el comienzo de la Administración a preparar un plan destinado a atender con la debida eficiencia el mantenimiento de carreteras y caminos. Dicho plan, que queda ya en sus etapas de ejecución al servicio del país, ha de tener por base una modernización de las leyes de tránsito. Para ello presentamos a la Asamblea Legislativa, desde julio de 1967, un cuidadoso proyecto de ley según el cual se regulan, entre otros, aspectos que atañen al exceso de peso en los vehículos que circulan por las vías nacionales. Incluye también ese plan de mantenimiento vial, medidas para controlar efectivamente la aplicación de las estipulaciones sobre ese exceso de peso, así como disposiciones para encauzar efectivamente los recursos de operación hacia los planes de mantenimiento y para efectuar esas tareas conforme a programas eficaces, bien definidos. Finalmente, incluye el plan la obtención de un crédito otorgado por la A.I.D. —que además brindó valioso asesoramiento e n l a formulación del Plan — ya ratificado por la Asamblea Legislativa y que está en proceso de ser aprovechado. Se destina la suma de $ 5.1 millones, es decir cerca de 0 40. millones, de ese crédito a la adquisición de equipo para el Ministerio de Transportes a fin de que pueda efectuar un eficaz mantenimiento de las carreteras. De ese modo, al fin será posible reemplazar la maquinaria, totalmente obsoleta y deteriorada, con la cual nos tocó trabajar durante la actual Administración, disminuyéndose en consecuencia el costo de operación y haciéndose además posible multiplicar grandemente la eficiencia. Además, con esos recursos obtenidos de la A.I.D., se establecerán dos fondos rotatorios, de un millón de dólares cada uno, en el Sistema Bancario Nacional, para que éste haga préstamos, con los recursos de uno de esos fondos, a las Municipalidades a fin de que puedan comprar equipo para sus planes de mantenimiento y de construcción de caminos. Con los recursos del otro fondo, el Sistema Bancario podrá otorgar préstamos a los propietarios de camiones para que puedan modificar sus equipos, o adquirir vehículos nuevos con los cuales les sea posible observar las regulaciones sobre peso máximo en las carreteras.
De la manera descrita, se da solución a uno más de los numerosos problemas de grandes repercusiones con que nos encontramos al asumir las tareas de Gobierno.
Otro de los problemas de tan grandes gravedad y urgencia como magnitud, que nos encontramos sin resolver al asumir el Poder Ejecutivo, fue el de las vetustas instalaciones portuarias, incapaces de movilizar los enormes volúmenes actuales de nuestro comercio exterior.
Ya he mencionado el atenuante de que el crecimiento experimentado en los últimos años en nuestras exportaciones, con el respectivo aumento de las importaciones, pudo haber parecido una fantasía cuando corrían los años 1963 y 1964. Pero de todas maneras, eso no elimina la dificultad en que se halla hoy el país por falta de previsión oportuna para la construcción de obras que por su índole toman largo tiempo para gestarse y realizarse.
Es cierto que al comienzo no más de la actual Administración, cuando aún se requería autorización previa de la Asamblea Legislativa, ésta había autorizado al Poder Ejecutivo para negociar con el Banco Mundial un crédito para la construcción de la carretera a Limón y para llevar a cabo obras portuarias adecuadas en el Atlántico y en el Pacífico y, más aún, para este último objeto existía un estudio preliminar hecho por una compañía asesora. Pero era claro que el carácter preliminar de ese estudio hacía que él fuera del todo insuficiente para negociar con el Banco Mundial, para lo cual se necesitaba un estudio completo en sus aspectos económicos y técnicos, que comprendiera el análisis comparativo de las posibles soluciones.
El propio Banco Mundial hizo en 1967 un aporte de USS 200.000, para que se contratara ese estudio completo requerido para considerar nuestra solicitud de financiación de esas obras portuarias en ambos océanos y, con el mismo propósito, el B.C.I.E. concedió un crédito por US$ 100.000. Después del usual concurso de antecedentes, el estudio le fue encargado, de común acuerdo con el citado Banco, a las firmas D.Y.P.S.A. y T.A.M.S.
Ese estudio le ha tomado al citado consorcio de consultores casi dos años, pues para recomendar una alternativa, en cada océano, es preciso no sólo estimar las proyecciones de la carga probable en años sucesivos, sino también efectuar exploraciones e investigaciones técnicas sobre cuestiones tales como direcciones predominantes de vientos y mareas, sobre las sedimentaciones que estas últimas dejan, sobre los suelos submarinos, sobre las facilidades de transporte, bodega, otras instalaciones anejas a cada muelle y otros aspectos conexos.
Por lo expuesto, el estudio de los consultores no estuvo listo, en su forma preliminar, sino hasta fines de diciembre del año pasado y al presente los departamentos técnicos del Ministerio de Transportes y del Banco Mundial se hallan discutiendo detalles antes de convenir en aceptar un estudio definitivo como base para construir las instalaciones más apropiadas.
Desde muy temprano del año 1967 nuestras propias proyecciones sobre el volumen de carga que tendría que movilizarse, especialmente por el Atlántico, nos indicaban con claridad que el país no podía esperar a que estuviesen listas las instalaciones portuarias definitivas que se negociaban con el Banco Mundial. Que se requería una solución de emergencia.
Pero por aquella época, la crisis fiscal y monetaria originada en años anteriores, seguía produciendo sus efectos adversos y entre ellos el cierre del crédito externo para el país, que dificultaba aún más la financiación de obras que proveyeran una solución de emergencia.
Fue así como se decidió comenzar a preparar un cartel de licitación de un nuevo muelle en Puerto Limón, de tal manera que la licitación abarcase: diseño, construcción y financiación de un muelle. La cotización más favorable fue la de la empresa mexicana PROTEXA S. A. y, en consecuencia, el contrato respectivo fue sometido a consideración de la Asamblea Legislativa, que le dio su aprobación según ley N<? 4213 de 24 de octubre de 1968.
Es bien conocida la demora que ha sufrido esa obra, a causa de diversas circunstancias, de las cuales algunas fueron de fuerza mayor, pero que en todo caso han conducido a que no se cuente aún con las instalaciones que de acuerdo con nuestras acertadas previsiones de 1967, eran necesarias para impedir que a partir del comienzo del presente año las viejas instalaciones de Limón fuesen a tal punto insuficientes que condujeran a un clímax la crisis portuaria que ha venido padeciendo el país por la falta de acción oportuna en los años anteriores.
La citada compañía Protexa recibió desde el mes pasado maquinaria pesada adicional y eficiente. Desde entonces ha aumentado el ritmo de ejecución del muelle y afirma que lo entregará listo para prestar servicios dentro de cuatro meses.
Por su parte, la institución semiautónoma creada para promover el desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), abrió licitación y está por adjudicar el respectivo contrato, para una ampliación del viejo muelle, llamado “de madera” para que vuelva a adquirir las dimensiones que tenía en 1942, cuando fue destruido por el torpedo de un submarino.
La solución de los problemas portuarios de Limón requería que previamente se definiera, con equidad y precisión, el “status” de las compañías Ferrocarril de Costa Rica S.A. y Northern Railway Co., en cuanto concierne al cobro de los derechos de muellaje en el llamado muelle “metálico”, que habían venido administrando esas empresas durante todo lo que iba de este siglo, hasta hace un año.
Esa definición exigía entereza y resolución del Gobierno, a más del sentido de equidad citado. Requería además que la definición se hiciese con suficiente tiempo para que el mismo Gobierno que tomase la medida, le hiciera frente a sus consecuencias; y que la aludida definición de competencia, derechos y atribuciones, se llevara a cabo después de suficiente dedicación y estudio de añejos y complejos contratos, así como de la situación económica real de las operaciones portuarias al presente, a fin de evitar que una medida arbitraria o no bien ponderada sólo consiguiese un juicio más contra el Estado, o que por su falta de realismo más bien dificultase la solución del problema existente.
El 8 de abril de 1969 se publicó el histórico decreto N9 7 mediante el cual se separaba de las tarifas de muellaje la parte correspondiente a gastos por servicios de los derechos de muellaje propiamente dichos; y se dispuso que estos derechos fueran percibidos por la JAPDEVA, de conformidad con su ley constitutiva.
Poco después, el 15 de abril de 1969, personeros de las dos compañías citadas y del Poder Ejecutivo llegaban a un convenio mediante el cual dichas compañías adelantaron —en cerca de veinte años— la fecha contractual de entrega del Muelle Metálico en cuestión al Gobierno de la República. A la vez, se precisaron ciertas cláusulas referentes a las tarifas y a los derechos de muellaje que ya estaba percibiendo la JAPDEVA, en el decreto N9 10 del día 2 de mayo de 1969.
De la manera descrita no sólo quedaron establecidos los derechos que percibiría el Estado para el nuevo muelle proyectado, sino que, además, se le procuró ingresos suficientes a la JAPDEVA a fin de que esta Institución cambiase el carácter lírico o nominal que había tenido hasta entonces por el de una institución financieramente capacitada para asumir la Administración Portuaria y para promover efectivamente el Desarrollo de la Vertiente Atlántica, con facultades y atribuciones que hasta entonces sólo había tenido en el papel.
En particular, en virtud de esa capacitación financiera que adquirió la JAPDEVA mediante aquellos decretos de abril y mayo de 1969, esta Institución no sólo ha podido administrar prudentemente y con pericia los muelles de Puerto Limón sino, además, emprender la ampliación del “muelle de madera” a que antes me referí y dar pasos ya importantes en la promoción del desarrollo de la Zona Atlántica.
Ya que incidentalmente me he referido a dos graves problemas en el ámbito de los transportes, de entre los varios de índole nacional que hallamos sin resolver al asumir el Poder Ejecutivo y los cuales tuvimos que afrontar en los peores momentos, cuando estábamos impulsando el programa de estabilización económica y teníamos necesidad de gran austeridad en los gastos fiscales, es oportuno que me refiera a otro de esa misma índole. El del Aeropuerto de Avionetas en el Llano de La Sabana.
Durante años y años nuestras juventudes han venido clamando porque se haga una realidad su lema de “La Sabana para el Deporte” y, sin embargo, nada se había hecho por acondicionar un aeropuerto para trasladar a él los servicios de las avionetas y para prestar los cuales se ocupa cerca de la mitad de ese espléndido llano. Es del caso decir brevemente que es muy grande la importancia de los servicios que prestan las avionetas de las respectivas líneas comerciales, pues es muy elevado el número de poblaciones lejanas y casi inaccesibles —y que en consecuencia merecen la mayor atención del Estado— cuya sola vía de comunicación con la ciudad capital es la de las avionetas, que son los únicos vehículos que pueden llegar a sus pequeños campos de aterrizaje.
Hubimos de comenzar con los lentos y delicados estudios de localización, de vientos predominantes, de posibles interferencias con las rutas de aproximación al Aeropuerto de El Coco. Y todo ello bajo la condición de que el nuevo aeropuerto estuviese muy cerca de San José, donde el crecimiento de más y más urbanizaciones presenta dificultades técnicas, a más de que el precio de los terrenos es sumamente elevado. Finalmente se requería que la localización se hiciese en un lugar con buenas carreteras para que con facilidad pudiesen trasladarse los pasajeros al centro de San José.
Al fin se llegó a localizar un terreno que reuniera esas condiciones, en Las Pavas, en tierras que eran propiedad de la Junta de Protección Social de San José. Se convino entonces en alquilarle a la Junta por cincuenta años 25 hectáreas de terreno de su propiedad en ese lugar, que no ocasionasen problema al Hospital Neuro-Psiquiátrico que allí iba a construir. A cambio de ese alquiler, en gran medida de índole simbólica, el Poder Ejecutivo convino con la Junta en pagarle con bonos, subvenciones pendientes de ejercicios anteriores, las cuales de otra manera no se hubiesen girado, habida cuenta de las dificultades fiscales y de los más elevados ingresos que venía percibiendo al habérsele consignado parte considerable del Impuesto sobre las Ventas.
La pista de aterrizaje, terminada por el Ministerio de Transportes mediante contrato, ha quedado ahora lista y es de esperar que los arreglos finales se hagan pronto para el traslado de hangares y talleres a sus nuevas ubicaciones en Las Pavas. Es comprensible que las empresas comerciales de avionetas y los dueños particulares que las usan para otros menesteres prefieran no trasladarse de La Sabana. Pero deben recordar que en más de una ocasión hubimos de intervenir para que deportistas o estudiantes de colegios tuvieran paciencia y no forzaran su desalojo de La Sabana.
Es grato poder informaros que la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Coco —cuyo costo resultó ser mucho mayor del originalmente previsto— ha quedado financiada en su totalidad mediante dos contratos de crédito otorgados por el Banco Centroamericano de Integración, por un valor total de US? 2.1 millones; y que los trámites de reserva para la compra o expropiación de terrenos adyacentes a los actuales, se ha iniciado ya, pues la superficie con que se contaba resultó insuficiente.
Me he extendido mucho refiriendo aspectos importantes de los problemas a cargo del Ministerio de Transportes e informando sobre algunas de las obras realizadas, por lo cual no puedo referirme a otras de las tareas efectuadas por los diversos Departamentos de ese Ministerio.
En particular me duele no poder ofrecer detalles sobre las numerosísimas obras de muy diversa índole realizadas mediante los planes cooperativos de ese Ministerio con las Municipalidades y con otros organismos locales como las Asociaciones de Desarrollo de las Comunidades. Sólo daré el dato de que mediante estos planes el Ministerio participó —a veces de manera principal— en la ejecución de más de 2.500 obras, por un valor aproximado de G 33 millones, durante estos últimos cuatro años. Esas obras fueron de índole tan variada como la apertura, arreglo o reparación de un camino o de una calle; o la construcción o reparación de un edificio, de una escuela, de un Centro comunal o de una Iglesia o Ermita; o hasta de unas aceras o una plaza; y así sucesivamente.
No puedo, sin embargo, dejar de mencionar tres obras cuyo costo excede de tres millones de colones. La construcción de un gran puente sobre el río Peñas Blancas en el cantón de San Ramón, en la carretera que parte de Ciudad Quesada. El desvío en el cerro El Congo, en la carretera a Sarapiquí, que permitió el tránsito durante todo el año en esa carretera para vehículos de trabajo. Y el gran desvío en los Montes del Aguacate para facilitar el tránsito en la carretera que va de Atenas a San Mateo y Orotina, sin las enormes cuestas del camino viejo.
Tampoco puedo prescindir de mencionar la admirable y eficiente labor llevada a cabo por la Dirección de Defensa Civil en la prevención o en la atención de calamidades producidas por la naturaleza y en la consiguiente atención de las poblaciones damnificadas a causa de fenómenos ocasionados por volcanes, lluvias torrenciales e inundaciones, de los cuales tantos casos se presentaron en estos cuatro años y que fueron atendidos con los recursos, incomparablemente menores que antaño, de que pudo disponer el cuerpo de Defensa Civil. Sin embargo,
sólo citaré —por lo callada, ignorada y paciente pero extremadamente útil— la labor llevada a cabo en la reforestación de las faldas del Volcán Irazú, con la siembra de cientos de miles de árboles, así como en la construcción de una intrincada red de pequeños canales y defensas, construidos de manera artesanal para contener o dispersar las aguas de lluvias intensas. Es seguro que ha sido gracias a esa labor que los vecinos de la ciudad de Cartago no hubieron de sufrir daño grande alguno durante las últimas temporadas de lluvias intensas que azotaron esa zona.
Con el propósito primordial de obtener los beneficios máximos de los recursos disponibles, por decreto del 28 de mayo de 1969, se procedió a efectuar una reorganización tendiente a descentralizar la acción que se lleva a cabo en todo el país, mediante la creación de 19 Distritos Sanitarios debidamente coordinados, en vez de hacerlo al través de 62 Unidades Sanitarias que trabajan en forma muy independiente y que hacían difícil una acción conjunta, con criterio unitario.
La reorganización técnica y administrativa de este Ministerio se hacía indispensable toda vez que la existente se había mantenido al tiempo que, conforme crecían la población y las demandas por nuevos servicios de salud, se habían venido creando nuevas oficinas y departamentos, hasta que el número de éstos llegó a ser de 28 y el complejo sistema hacía difícil controlar y encauzar su acción de manera eficaz.
Se procedió, en consecuencia, a agrupar los 28 Departamentos en cuatro divisiones bien coordinadas jerárquicamente, cada una de ellas dirigida por un Jefe: las Divisiones de Servicios Técnicos Básicos, de Servicios Técnicos Generales, de Epidemiología y de Saneamiento del Medio; y se establecieron dos divisiones más: de Servicios Administrativos, para la debida coordinación de los aspectos técnicos y administrativos, y de Distritos Sanitarios, encargada de atender específicamente la acción de estos distritos sanitarios a que antes me referí.
Confío en que serán valiosos los frutos que proporcione al país, en el ámbito de los servicios de salud, esa nueva organización puesta en marcha en el Ministerio de Salubridad Pública.
A más de las reformas administrativas llevadas a cabo internamente en el Ministerio de Hacienda para aumentar la eficiencia de sus funciones y perfeccionar sus procedimientos, el éxito de las cuales es perceptible en el notorio mejoramiento de la posición del Tesoro Público y en el fortalecimiento de la moneda nacional, se ha venido trabajando en la preparación de un proyecto de Ley de Organización de la Hacienda Pública, que ya tiene virtualmente listo el Ministerio para elevar a vuestra consideración modificaciones legales tendientes a codificar procedimientos y a modernizar aspectos de la administración financiera.
Presentamos también a la Asamblea Legislativa que os precedió un proyecto de Código Tributario, que establecería un conjunto de normas para generalizar y racionalizar la aplicación del derecho tributario. Su fin es lograr la mayor justicia tributaria perfeccionando los procedimientos de cobro y facilitando el pago de los impuestos a los contribuyentes.
Al generalizar, y evitar modos de eludir el pago de los tributos, se propende a aumentar, en proporción al crecimiento en la demanda de los servicios gubernamentales, los ingresos fiscales, sin que para ello se haga indispensable elevar las tarifas tributarias.
Por su relación con los impuestos de aduana, íntimamente ligados al manejo de las mercancías que se exportan e importan, es oportuno decir que el Gobierno se ha dado cuenta clara de que la Aduana Principal en modo alguno está bien en el vetusto edificio, incómodo y excesivamente cercano al congestionado centro de la ciudad, que ha venido ocupando. Es deseable que en el vasto terreno que ocupa hoy la Aduana Principal se construyan edificios modernos, acordes con las edificaciones que se han venido haciendo en la ciudad capital, y que esa Aduana Principal sea trasladada a otro sitio donde pueda funcionar con mayores eficiencia y comodidad.
Por las razones apuntadas, se ha estado considerando desde hace varios meses la conveniencia de trasladar esa Aduana a un edificio, diseñado expresamente para alojarla, en algún lugar cercano a la ciudad de Alajuela, a la vez que se unan los ferrocarriles del Atlántico y del Pacífico, cuyas líneas férreas ahí llegan desde hace mucho tiempo a cortísima distancia una de la otra, como es bien sabido. El Ministerio de Hacienda ha venido, pues, estudiando los posibles lugares de ubicación y oyendo ofertas, las cuales se han hecho incluso con la presentación de planos preliminares.
El Ministro de Gobernación también elevó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reorganizar el Ministerio del ramo, el cual, a pesar de que fue creado hace bastante más de un siglo, carece aún de una ley orgánica que determine sus atributos y obligaciones y las de sus funcionarios y empleados. Sin embargo, no se pretende ni sería recomendable regular pormenorizadamente las tareas a cargo de las diversas dependencias de ese Ministerio, pues ello lo haría rígido y de difícil adaptación a las cambiantes necesidades de sus servicios y a la mejor organización del trabajo que cada Ministro o Administración quieran disponer.
A diferencia de como ha solido acontecer en el pasado, no hemos llevado a cabo o propuesto reformas importantes en la organización de los Ministerios al comenzar la Administración, sino al finalizar ésta. No nos guió pues deseo alguno de cambiar para hacerse notar, pero sí el de recopilar experiencia durante el tiempo más largo posible antes de implantar o proponer una reforma fundamental. Y, en los casos en que para ello se requirieran reformas legales, el trabajo que hemos hecho equivale a dejar las propuestas que recogen esa experiencia para que sean consideradas por las ramas Legislativa y Ejecutiva de un nuevo Gobierno.
Posiblemente a causa de las tensiones y urgencias que provocan contemporáneamente los problemas económicos y las cuestiones sociales, durante largos años se ha restado atención a servicios de índole fundamental y que son de los que más propiamente le corresponde prestar al Estado.
Esa desatención prolongada puede conducir a situaciones sumamente graves. A lo largo de este Mensaje me he referido a muchos de dichos servicios, como fue el caso, por ejemplo, al informaros sobre el 'problema portuario o sobre el régimen penitenciario. Ahora desearía informaros de otros de esos servicios.
En repetidas ocasiones hicimos notar que el número de servidores en la Guardia Civil y en los Resguardos y Policía de Villas y Pueblos, era del todo insuficiente para velar adecuadamente por la tranquilidad de los ciudadanos y de sus familias y por la seguridad de la Nación. Pero no pudimos lograr que se aumentara el número total del conjunto del personal a cargo de esos servicios, de importancia primaria y cuyo número no ha sido aumentado proporcionalmente durante un lapso en que la población duplicó su tamaño y su dispersión.
En cambio, sí conseguimos autorización legislativa para aumentar los servicios de radiopatrullas, de siete unidades apenas utilizables, a 50 vehículos debidamente equipados. No podría contestar a la pregunta de cómo habríamos podido mantener el orden y la tranquilidad en el país sin contar con los servicios que han prestado esas radiopatrullas, pues gracias a que contábamos con ellas, la Guardia Civil pudo hacerse presente en los más diversos lugares cuando sucedía un conflicto, un desorden o una calamidad pública, sin que se perjudicaran gravemente los servicios normales de vigilancia.
No es preciso dar una larga descripción de la importancia trascendental que tiene en nuestro régimen jurídico el Registro de la Propiedad, ni del estado lastimoso en que se ha hallado. Todo ello es bien conocido.
Para mejorar los servicios del Registro Público era necesario comenzar por dotarlo de un edificio apropiado para sus funciones. Para ello, al amparo de la ley 3869 de mayo de 1967, se adquirió una propiedad del Banco de Costa Rica y se inició su acondicionamiento el 17 de noviembre de 1969. Otros avances importantes que se han producido han permitido mayor flexibilidad al Registro Público introduciendo entre otros los sistemas de fotocopias. Pero por sobre todos ellos sobresale la constitución del Registro Nacional, cuya ley de bases permitirá agrupar en una sola unidad a las diversas oficinas de inscripción y catastro, permitiendo mayor eficiencia en la prestación de los servicios, uniformidad de métodos y mecanización, y sobre todo mayores facilidades para los usuarios.
Otro de los registros que integran el Registro Nacional, es el de Prendas, en el cual se llevó a cabo una reorganización de trámites y procedimientos, con la intervención de la Comisión de Eficiencia Administrativa. En este Registro, la introducción del sistema de “microfilmación” ha permitido inscribir en el término de no más de 24 horas los documentos que se presentan, cuando antes era común el caso de esperas de más de dos meses. El sistema brinda conocidas ventajas adicionales como las de seguridad, por existir completa fidelidad en las copias fotografiadas de los documentos; evita además vicios administrativos al establecer un transcurso normal de los documentos, que mantienen su lugar durante todo el proceso, evitándose el desorden y las molestias que surgían del adelanto de algunos de ellos. Por lo demás este Registro, donde se inscriben anualmente documentos por muchos cientos de millones de colones, correspondientes a operaciones de crédito efectuadas con garantía prendaria, se trasladó de un incómodo local a otro nuevo, seguro y bien adaptado a sus necesidades.
Los trabajos a cargo de la Imprenta Nacional se han venido realizando en instalaciones físicas que hacen verdaderamente sorprendente que hayan podido ser llevados a cabo con la precisión que requieren.
Era por ello urgente dotar a la Imprenta Nacional de un edificio acorde con las necesidades de orden, espacio y comodidad, así como con las condiciones mínimas de higiene y seguridad para los trabajadores. Con el fin de remediar esta grave situación fue aprobada la ley N9 4125, del 10 de junio de 1968, mediante la cual se establecen recursos provenientes de publicaciones y venta de “La Gaceta” y el “Boletín Judicial” para establecer un fondo especial, destinado a la adquisición de un terreno, construcción de un edificio y adquisición de maquinaria, equipo y repuestos. También mediante esa ley se autorizó la venta del actual edificio con la misma finalidad comentada. Esto último no fue posible ya que en las licitaciones para esa venta los postores propusieron precios inferiores a los del avalúo del bien. Por ello fue necesario recurrir a una licitación conjunta de terreno, planos y construcciones del nuevo edificio, ofreciendo como parte del pago la propiedad del Gobierno en que actualmente está ubicada la Imprenta. De esta licitación surgió un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa con el fin de obtener su autorización para otorgar hipoteca sobre el nuevo edificio y terreno de la Imprenta Nacional, para adquirir un crédito con el cual financiar parte de los costos de esta obra. El resto del valor del edificio y de los terrenos se cancelará con la actual propiedad y con recursos ordinarios, que fueron también solicitados a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo mediante la presentación del respectivo presupuesto.
Otro de los servicios tradicionales y tradicionalmente olvidado del Gobierno, era el de Correos. Desde 1966 se realizaron, con intervención de la Comisión de Eficiencia Administrativa, las gestiones para darle contenido económico a un proyecto encaminado a proveerlo de maquinaria y equipo y “remodelar” su edificio central en San José. Mediante la utilización de fondos de dos etapas provenientes de la A.I.D. ya través de cambios en los apartados postales, se obtuvo la suma de $ 1.000.000 destinados a dicho propósito. Para continuar con otros aspectos principales pero especializados de este programa de reorganización postal, en sus fases de procedimientos y estructuración, el Ministerio de Gobernación solicitó a las Naciones Unidas y se logró obtener los servicios de un experto de la Unión Postal Universal, quien ha tenido a su cargo la Dirección General de Correos y la tarea de impulsar las reformas para una organización de los servicios postales. Además de las tareas de adquisición de equipo, instalación de buzones, organización del sistema de recolección y distribución, del aumento del número de apartados postales y de la remodelación del edificio, se dotó a la organización de una nueva estructura orgánica. Se recalificaron los puestos, se llevó a cabo una labor intensiva de adiestramiento estableciendo una Escuela Postal. Se crearon nuevas plazas y se dotó a la organización postal de fondos propios para asegurar la continuidad en las tareas de mejorar esos servicios. La ley 4365 de agosto de 1969 permitirá, en efecto, resolver los problemas financieros de la Institución. Para ello en dicha ley se suprimieron, en lo posible, las franquicias postales y se dispuso la percepción directa de algunos recursos por el Correo para sus gastos de equipo y perfeccionamiento, mediante una participación en el valor de las ventas de sellos de correo. Para el pago de la deuda que el Correo había venido acumulando con las oficinas postales del exterior, se destinará el producto de las ventas de estampillas en emisiones de carácter filatélico.
A poco de asumir las responsabilidades del Poder Ejecutivo, nos dimos cuenta clara de que el prodigioso crecimiento de la población escolar tenía abocado al país a una verdadera crisis, dado el grave faltante de aulas para alojar a esa creciente población y de que, así las cosas, se necesitaba un plan de emergencia para financiar la construcción inmediata de unas tres mil aulas escolares nuevas.
En mensaje que dirigí a la Asamblea Legislativa el día 3 de octubre de 1969 hice una recapitulación de las medidas que propusimos y de las que la Asamblea tuvo a bien aprobar. Permitidme repetir las primeras frases de ese mensaje que ilustran la cuestión sobre la cual deseo informaros:
“Mucha ha sido la insistencia del Poder Ejecutivo en el curso de la actual Administración para que se le otorgaran instrumentos y recursos adecuados para llevar a cabo un programa de construcción de aulas escolares que permitiera al menos mitigar el grave problema del faltante de instalaciones físicas necesarias para desarrollar los programas educativos. En agosto de 1967, cuando eran otras las condiciones del mercado mundial de capitales, presentamos a la consideración de esa Asamblea Legislativa el Programa de Desarrollo Económico y Social, que establecía un mecanismo financiero para la construcción de más de 2.800 aulas. Como este programa no recibiese atención legislativa, presentamos un proyecto de ley para ampliar las emisiones de Bonos Escolares a fin de resolver al menos los más urgentes faltantes, proyecto que, aumentado casi tres veces en sus dimensiones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa según ley N9 4177 de 17 de agosto de 1968, y posteriormente ampliado por ley N1? 4199 de 25 de setiembre de 1968. Estas dos leyes autorizaron emisión de bonos por la suma de 0 41.290.000, que representan alrededor de un 80% del costo del programa que se había presentado en 1967, en solicitud de autorización legislativa para que fuera realizándose paulatinamente el programa entonces propuesto. Pero, por las características y monto lo mismo que por los cambios habidos en los mercados financieros internacionales, en los cuales han aumentado muy considerablemente los tipos de interés, han resultado de muy difícil colocación esos Bonos Escolares cuyas emisiones fueron autorizadas en 1968.”
El financiamiento con Bonos Escolares a la postre resultó, pues, lento frente a la magnitud del problema de carencia de instalaciones escolares, principalmente porque el sistema de contratación mediante pago con esos bonos, obliga a las empresas constructoras a financiar las obras recibiendo a cambio valores que en las actuales condiciones del mercado no son tan atractivos como lo fueron en el pasado. Por ello, se ha reducido la posibilidad de encontrar interesados en las licitaciones para construcciones escolares, y se ha tenido que actuar básicamente a través de la compra en el extranjero de aulas prefabricadas, lo cual obliga a un período largo de espera antes de poder realizar la construcción. En efecto, primero es necesario adquirir, con todos los trámites de licitación, las aulas; y luego llenar las condiciones necesarias para instalarlas. Así, no fue sino hasta en 1969 que se adquirieron 315 aulas, las cuales serán instaladas en el curso del presente año. Afortunadamente ya se han llenado los trámites para adquirir un número elevado de piezas o unidades de construcción adicionales, que permitirán realizar un programa más acelerado de construcciones en los meses inmediatamente siguientes.
A pesar de esas adversas circunstancias y de la que, en el fondo, constituía su verdadera causa, cual fue la insuficiencia de ingresos fiscales para atender servicios fundamentales, durante la Administración que termina pudieron instalarse 1.421 nuevas aulas escolares, de las cuales 500 lo fueron para escuelas y colegios de la provincia de San José, 238 para los de Alajuela, 174 en Cartago, 113 en Heredia, 147 en Guanacaste, 161 en Puntarenas y 88 para escuelas o colegios en la provincia de Limón.
El costo total de esas 1.421 nuevas aulas fue de 0 32 millones. Pero el dato más interesante es que de la referida inversión en aulas 0 15.5 millones correspondieron a construcciones por contrato y $ 16.5 millones —o sea, más de la mitad— con ayuda comunal, todo ello bajo la dirección de Arquitectura Escolar. También es de interés el dato de que, de la inversión mencionada, ¢ 23.5 millones se gastaron en aulas para la Enseñanza Primaria y 0 8.5 millones para la Enseñanza Media.
No desearía terminar este capítulo sin una referencia a la obra efectuada por el Departamento de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo, la cual es llevada a cabo profesionalmente por Trabajadores Sociales, de manera callada y poco conocida por el público. Esa labor muestra la preocupación, tan característica del ser costarricense, por ayudar a las familias que padecen infortunios y que se distingue en la historia patria desde los albores de nuestro nacimiento como nación independiente, primero llevada a cabo por personas y entidades privadas, seglares o religiosas, y luego con la participación del Estado.
No puedo referirme a la admirable labor que realizan las mencionadas asociaciones y congregaciones seglares o religiosas en este campo. Ni siquiera puedo referirme al igualmente admirable trabajo que realiza el Departamento de Bienestar Social de manera extraordinaria en los casos de emergencias o calamidades nacionales provocadas por elementos de la naturaleza, o a los estudios de las circunstancias de cada familia en casos de conflictos sociales. Todo ello alargaría extremadamente este Mensaje.
Por eso sólo deseo referirme brevemente a los programas ordinarios que están a cargo de este Departamento que cumple con los escasos recursos que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han podido asignarle.
☆ Durante los cuatro años pasados se atendieron I.546 casos cada año, en promedio, de menores en estado de abandono, o que deambulan por las calles ejerciendo la mendicidad o la prostitución. El programa se realiza coordinadamente con el Patronato Nacional de la Infancia y la acción para mejorar el bienestar de estos niños se efectúa por medio de las instituciones existentes en todo el país. En “Hogares Sustitutos”, se atienden casos de niños en abandono por orfandad, por enfermedad de los padres, por maltrato o por enfermedad del mismo niño.
☆Se acaba de terminar el edificio para el “Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento para Menores, Rossiter Carballo”, destinado a recibir y atender hasta 200 menores, bien sea porque se hallen en las circunstancias aflictivas antes mencionadas o porque presenten trastornos en su conducta. Su función primordial, de servir como centro de observación y diagnóstico, ha de contar con los servicios profesionales de psicología y siquiatría, así como los que presten trabajadores sociales y enfermeras, con el fin de poder luego recomendar la institución apropiada que deba encargarse de la atención posterior de esos niños.
☆Se ha iniciado asimismo la organización y funcionamiento de Campamentos de Verano de los cuales ya han disfrutado 245 niños, provenientes de hogares de muy bajos ingresos; o niños que habían presentado problemas relativos a su conducta y para quienes estos campamentos sirven como medios de terapia recreativa.
☆Se le facilitó alojamiento a un promedio de 527 ancianos, solos o en parejas, por año, mediante auxilios económicos para el pago de vivienda y alimentación.
☆De igual manera se le brindó ayuda y atención a un promedio de 3.600 adultos, varones y mujeres, temporalmente incapacitados para trabajar o que sufrían alguna clase de problemas o infortunio de índole grave.
☆Debo prescindir de la enumeración de otros programas tales como los de provisión de juguetes para niños pobres en las fiestas de Navidad; o el de “Alimentos por Trabajo” para desocupados, que se desarrolla con la cooperación de Caritas de Costa Rica; o el de Comedores Comunales.
Había reservado esta tercera y última parte del presente Mensaje para haceros, con mi debida consideración, algunas recomendaciones. . . “para la buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación”, de conformidad con el texto constitucional atinente. Pero ya habréis advertido, en las partes anteriores, sobre el “estado político de la República” y sobre “diversos asuntos de la Administración”, cómo los comentarios relativos a casi todos los asuntos tratados contenían apreciaciones que de hecho implicaban recomendaciones para la buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación. En particular y como ejemplo podría citaros las referencias a reformas constitucionales, al proyecto de Ley General de Administración Pública, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, al Mercado de Mayoreo y, en verdad, a las muy diversas cuestiones tratadas en las secciones sobre Desarrollo Económico y sobre Desarrollo Social.
Por eso en esta última parte sólo me referiré a ciertos importantes temas adicionales.
A pesar de las severas limitaciones en los gastos a que fue preciso que nos sometiéramos para evitar que tomara fuerza incontenible un pernicioso proceso inflacionario, no quisimos dejar de hacer esfuerzos por dar algunos pasos conducentes a realizar el viejo anhelo del Centro Cívico, esto es, de ubicar los edificios centrales de los diversos entes públicos en un mismo sector de la ciudad capital. Ello no sólo para comodidad del público, sino también porque las grandes sumas que hoy se pagan por alquileres de los edificios dispersos que ocupan varias dependencias gubernamentales, bien podrían servir para amortizar el costo de varias construcciones nuevas del Centro Cívico. En realidad, hasta ahora lo único importante que se había hecho a este respecto lo constituían los dos majestuosos edificios construidos por el Poder Judicial.
Como primera medida, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo revisó y actualizó la definición de los contornos o limites del Centro Cívico. Y se promulgó la ley N9 3905 del 30 de junio de 1967, que autorizó al Poder Ejecutivo a vender propiedades que poseyera o posea en el Area Metropolitana, a condición de que el producto de esas ventas se destine exclusivamente a la adquisición de “otros inmuebles, aptos para la construcción de los edificios que sean necesarios para la centralización de oficinas públicas en el Centro Cívico”.
No sin dificultad se vendieron así tres propiedades. Una sola de ellas, la del antiguo edificio de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón, al contado por la suma de $ 1.325.000. Se vendieron también el edificio antiguo de la Corte Suprema de Justicia y el que aloja la Inspección General de Hacienda, ambos a plazos y de los cuales sólo se han recibido hasta ahora los primeros abonos e intereses. En total se han recaudado por este concepto tan solo $ 1.938.000.
Con esos recursos se adquirió el lote situado frente al Parque Nacional, en la avenida tercera y entre las calles 15 y 17, en $ 1.098,643.70 el 30 de agosto de 1969, con el objeto de construir en él, de primero, un nuevo y amplio edificio para la Biblioteca Nacional. Se comenzó con este edificio porque tres comisiones de ingenieros y arquitectos que examinaron el edificio antiguo de la Biblioteca con el objeto de determinar los trabajos que se requerían para reparar los daños que sufría, advirtieron no sólo que tales daños eran de magnitud muy grande para justificar gastos en su reparación sino que, además, ese viejo y hermoso edificio ofrecía grave peligro para los lectores y empleados de la Biblioteca Nacional.
Se comenzó entonces el largo proceso de diseño de los planos arquitectónicos, de los estructurales y los de instalaciones, hasta terminar con el delicado trabajo de elaborar las especificaciones técnicas para la licitación de las obras de subsuelo y posteriormente de la construcción.
Para la construcción se contaba, además de los recursos antes mencionados, con 0 7 millones que asignó la Asamblea Legislativa que os precedió al aprobar la Ley de Bonos Escolares. Y de una suma de cerca de un millón de colones que el distinguido ex Presidente de Venezuela Dr. don Raúl Leoni, donó a Costa Rica, por medio del señor Vicepresidente Dr. don Jorge Vega Rodríguez, expresamente para la construcción de la nueva Biblioteca Nacional.
El nuevo edificio está ya en plena construcción, después de haber adjudicado el 20 de agosto de 1969 la licitación para las obras de excavación e hincadura de pilotes y el 13 de febrero recién pasado la correspondiente a la construcción propiamente dicha. El contrato respectivo especifica que el edificio debe estar concluido a más tardar el 1? de febrero del año entrante.
El vasto y hermoso lote que ocupa la Fábrica Nacional de Licores es de gran importancia para poder dar pasos significativos conducentes a realizar el ideal del Centro Cívico; además, no creo necesario repetir las razones en favor de trasladar esa fábrica fuera de lo que hoy es parte del corazón de la ciudad; y, más aún, de modernizarla totalmente. Gran empeño pusimos durante varios años para que el Consejo Nacional de Producción acordara ese traslado, máxime porque sabíamos que existían ofertas, con financiación a largo plazo, para suministrar un equipo moderno, cuyo costo se afirma que se cubrirá por sí solo en virtud de la mayor productividad que es capaz de dar una fábrica moderna.
No fue sino hasta hace pocos meses que el Consejo Nacional de Producción acordó proceder al traslado de la Fábrica al cantón de Grecia y, como quiera que sea, se sabe que esa Institución no tendrá que hacer desembolso alguno para la adquisición de los terrenos que requiera..
Me parece clara la necesidad de no dejar de impulsar ese traslado, porque bien conocido es el hecho de que se requiere fuerza para vencer la inercia y la rutina, que son los únicos factores que explican por qué la nueva Fábrica no está ya en construcción.
Al referirme a las reformas administrativas llevadas a cabo en el Ministerio de Hacienda, os di cuenta de los pasos dados, de los estudios hechos y de las ofertas y planos preliminares considerados para el traslado de la Aduana Principal a algún lugar cercano a la interconexión que es preciso y sumamente fácil hacer en Alajuela de los ferrocarriles al Pacífico y al Atlántico.
Quienquiera que vea —aunque sólo sea por fuera, en las calles y terrenos adyacentes— la Aduana Principal, se dará clara cuenta de la urgencia de trasladarla; y más aún apreciará esa urgencia quien desde dentro perciba lo insuficiente del viejo edificio que ocupa esta Aduana.
Por otra parte, la gran superficie de terreno que ocupa la Aduana Principal, en lugar ya tan céntrico y congestionado de San José, es sumamente valiosa para no aprovecharla en lo que vale.
Por todo ello, estimo que es necesario y conveniente continuar los pasos que ya iniciamos, encaminados a la intersección de los ferrocarriles y al traslado de la Aduana Principal a un lugar, contiguo a ellos y a una de nuestras autopistas o grandes carreteras, fuera de los límites de la ciudad capital.
En el Mensaje inaugural, del 8 de mayo de 1966, afirmé que “Debemos fortalecer el régimen municipal, como parte de la política tendiente a vigorizar la vida propia de las comunidades”.
Algunos pasos importantes se dieron ya en esa dirección. Primero se promulgó la ley según la cual se traspasó el creciente producto del Impuesto Territorial a las Municipalidades, en vez de las subvenciones que se les transferían por concepto de los impuestos “ad-valorem”, que se cobraban sobre las importaciones y cuyo monto vino decreciendo desde nuestro ingreso en el Mercado Común Centroamericano y hasta el año pasado. Además, la promulgación de la Ley de Planificación Urbana, vino a incrementar considerablemente los ingresos municipales, especialmente de los cantones donde se desarrollan aceleradamente nuevas urbanizaciones.
Ambas leyes habrán de continuar fortaleciendo e independizando económicamente a las Municipalidades, las cuales, además, contarán ya con el fondo “revolutivo” que por un millón de dólares van a percibir, para compra de maquinaria y equipo para construir y reparar caminos, al cual me referí al dar cuenta del plan ya financiado y aprobado para el mantenimiento de carreteras.
Quedó, además, pendiente para vuestra consideración, el Código Municipal cuyo proyecto fue elaborado por disposición de la Asamblea Legislativa que os precedió.
Por su parte el Poder Ejecutivo, en virtud de un convenio de Asistencia Técnica celebrado con las Naciones Unidas, obtuvo los servicios de un perito en cuestiones municipales de nacionalidad francesa. Desde el año 1968 está en el país el Lie. Arvis Kalnins prestando estos servicios y en octubre de 1968 la Oficina de Planificación publicó la primera parte de los trabajos realizados por el Lie. Kalnins, titulada: “Diagnóstico - Reorganización Administrativa y Financiera del Régimen Municipal de Costa Rica”. Este primer documento sirvió de base a dos proyectos posteriores. El primero sobre “Modificación de la División Territorial Administrativa de Costa Rica”; el segundo sobre “Reorganización de la Estructura del Gobierno Local de Costa Rica”. Ambos los redactó el Lie. Kalnins y fueron publicados también por la Oficina de Planificación, en junio y octubre de 1969 respectivamente. Estos trabajos se distribuyeron, a fin de divulgarlos, entre municipalidades, diputados, órganos administrativos y la prensa, con la intención de que sirvan de base para una reforma completa del sistema municipal, acorde con la realidad presente del país y su trasfondo histórico e institucional.
Ya está listo el tercer proyecto que habrá de publicarse pronto y el cual trata sobre la creación de un Departamento de Fomento Municipal en el Banco de Costa Rica.
Con el propósito de implantar el primer proyecto, el Lie. Kalnins presentará en el transcurso del primer semestre de este año un proyecto de ley sobre “División Territorial Administrativa en diecisiete Departamentos”, de conformidad con las discusiones sobre la materia que han tenido lugar en la Comisión Nacional de División Territorial.
A estos trabajos sucederán dos más: uno sobre la creación de un nuevo sistema tributario municipal unificado e independiente y la revisión y unificación de las tasas de los servicios públicos prestados por dichas entidades y otro sobre la organización de la liquidación y recaudación de los impuestos municipales y la revisión del proceso de elaboración de los presupuestos municipales, incluyendo la introducción de un nuevo sistema contable y el establecimiento del balance anual de cuentas.
En el Mensaje inaugural del 8 de mayo de 1966 expuse a los señores diputados la necesidad de construir un conjunto de carreteras fundamentales para el desarrollo de las zonas del Norte y del Atlántico del país.
Con base en la experiencia adquirida en el Gobierno, cada minuto de reflexión sobre lo que es necesario hacer ahora para que el país pueda sostener a mediano y a largo plazo las elevadas tasas de desarrollo que logró alcanzar durante los años inmediatamente pasados, nos reafirmó en la idea de que es necesario redoblar esfuerzos para poner en pie de producción y en condiciones de obtener productividades altas las zonas aludidas, sin que ello signifique desatención para el resto del país.
La necesidad primaria que debe satisfacerse es la de apertura de adecuadas vías de transporte, pues es bien sabido que detrás de las carreteras, caminos y vías fluviales para vehículos automotores, con facilidad llegan los otros componentes del progreso a cualquier zona rural. Y es igualmente conocido el hecho de que estas zonas del Norte y del Atlántico son las más pobres en tales medios de transporte.
Pudimos dejar en marcha un vasto programa de infraestructura para el desarrollo de estas zonas, que puede servir de base para que quienes han de dirigir los destinos del país en la década que acaba de iniciarse, pongan sus empeños en continuar impulsando el desarrollo de las zonas referidas, a fin de que la Costa Rica de cerca de cinco millones de habitantes que tendremos apenas dentro de unos treinta años cuente con los caminos que son condición muy importante para poder disfrutar de una vida mejor, con dignidad y progreso.
En cuanto concierne a la Zona Atlántica era preciso, en primer lugar, un poderoso empuje desde San José hacia el este, hacia la ciudad de Limón, al tiempo que empujes hacia el norte y hacia el sur de Limón.
Ya he referido el largo y penoso camino recorrido, sin desmayar un solo día, hasta lograr que fuera suscrito un contrato para la financiación de una carretera de primera categoría entre Siquirres y Limón, así como de los costosos estudios para la ruta entre San José y Siquirres.
Pero todo lo necesario para tener las carreteras definitivas y permanentes desde San José a Limón, sabíamos que sólo lo podría tener listo el país al cabo de muy largos años. Por ello, al mismo tiempo, nos ocupamos de mejorar las carreteras entre Cartago y Turrialba y entre esta ciudad y Siquirres. Al respecto, la ampliación y asfaltado de la primera de esas carreteras fue realizada en algo más de un 50%, con el asfaltado hasta la altura de la población de Cervantes, los trabajos de ampliación han llegado más allá y se continúa trabajando en esta obra. Al mismo tiempo ha quedado publicada la licitación para el asfaltado de la carretera de Pavones a Siquirres, financiada, como ya mencioné, con recursos provenientes de los reembolsos que percibe el Gobierno provenientes de los créditos de dos etapas colocados en el país por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Pero además, comprendimos claramente que muchos de los problemas, de depresión y desencanto, aparentemente paradójicos, en días de la abundancia proveniente del desarrollo bananero, tenían su raíz más honda en el estado de aislamiento y abandono a su propia suerte en que se sentían vivir los habitantes de Limón. Que por ello, no se podría esperar lo que en 1968 eran seis o más años, para tener una carretera que uniera a Limón con el corazón del país.
Fue así como “rasguñando” los escasos recursos y maquinaria disponibles, sin ingresos para presupuestos extraordinarios y sin contraer nuevos préstamos para el efecto, nos dimos a la tarea de construir un camino entre Siquirres y Limón, con los medios disponibles y conforme a las técnicas que siguen los ingenieros nacionales para la construcción de caminos “de penetración”. De esa manera, se definió una ruta que sólo en los extremos coincidía con la de la carretera definitiva, ya para entonces bien determinada, y que, en medio, aprovechaba viejos caminos o las ya asentadas rutas de tranvías antiguos y en desuso, en su tiempo construidos para el acarreo del banano en una u otra finca.
De esa manera, en el último trimestre del año pasado, cuando en aquella región el nivel de los ríos baja considerablemente, comenzaron a transitar vehículos entre San José y Limón y viceversa, a pesar de que tenían que atravesar grandes ríos y un sinnúmero de riachuelos que existen en esa zona, tan pródiga en lluvias.
Luego se produjo el hermoso movimiento nacional encaminado a allegar fondos para sufragar el costo de las estructuras de dos puentes, de tipo militar, es decir, de fácil, rápida construcción y susceptibles de trasladarse luego eventualmente a otra zona, para los dos más grandes ríos en el camino: el Pacuare y el Chirripó. Seguidamente la Asamblea Legislativa, sin dilatoria, autorizó a las instituciones del Estado para que contribuyeran a la adquisición de esas estructuras y a los respectivos gastos de instalación.
¡Allí está ahora, pues, el deseado camino entre Siquirres y Limón! Y, a pesar de tres graves temporales e inundaciones, sufridos en estos últimos meses y que en suma son de los más grandes que haya padecido la provincia de Limón en el Siglo XX, los puentes para cuya erección generosamente contribuyeron miles de costarricenses deben quedar terminados este mismo mes si se continúa, durante muy breves semanas más, trabajando con el mismo entusiasmo con que lo han venido haciendo un grupo admirable de ingenieros y de trabajadores del Ministerio de Transportes .
No obstante, es preciso decir que aquel camino, como cualquiera de su índole, demanda mantenimiento. Requiere que se vigilen para su apropiada defensa los bastiones que sostienen los puentes sobre ríos impetuosos; exige que se limpien desagües y se instalen más alcantarillas; que se construyan los pequeños puentes en el camino para mantener el paso franco aun en las épocas lluviosas, para lo cual se deja adquirida buena cantidad de las viguetas pretensadas necesarias. Todos los gastos que impliquen ese mantenimiento y esos sucesivos perfeccionamientos no llegarán a sumar anualmente ni la mitad de lo que representarían sólo los intereses de la inversión si la carretera definitiva estuviese ya construida.
Otro anhelo nacional, casi tan viejo como el de construcción de una carretera a Limón, ha sido el de canalizar las Lagunas de Tortuguero, para incorporar a la producción nacional una región sumamente extensa y rica.
Por lo demás, esta canalización es parte del “empuje hacia el norte de Limón” que antes señalé como necesario.
En la Administración anterior, con una inversión de ¢ 1.6 millones se había abierto en tierra firme un canal de un kilómetro y cuarto, con el cual se habilitó otro canal natural de 2.2 kilómetros. En total, pues, se llegó a contar con 3.45 kilómetros de canalización, entre el río Matina y el lago Urpiano.
Durante la Administración que ahora va terminando, con una inversión de más de $ 5.5 millones se abrieron canales en tierra firme en cuatro tramos con una longitud total de 11.3 kilómetros —o sea nueve veces más que en la anterior Administración— y con ellos se habilitaron canales naturales a lo largo de 83.76 kilómetros.
En total se pusieron en servicio, en la actual Administración, canales de una longitud de 95.06 kilómetros. Sumando a ellos los 3.45 kilómetros de la anterior Administración, se aprecia que se cuenta hoy día con una canalización a lo largo de 98.5 kilómetros.
Es así como se puede actualmente ir desde el río Pacuare, a poca distancia de Siquirres, hacia el Este hasta Moín. Además, hacia el Norte puede llegarse hasta el llamado Caño Penitencia, apenas a unos 14 kilómetros del río Colorado, que conecta con el río San Juan.
Más aún, hemos obtenido un préstamo de US$ I.5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, de los cuales un millón de dólares es para terminar la canalización hasta el río Colorado y medio millón para construir la terminal en Moín.
Al igual que las carreteras, los canales necesitan mantenimiento constante, para limpiarlos de troncos y desechos y para que conserven la profundidad suficiente a fin de que por ellos naveguen pesados lanchones de carga. El relativamente bajo costo de este mantenimiento y aun de sucesivas ampliaciones y ahondamiento de los canales, se justifica plenamente, no sólo a la luz de las extensas y fértiles tierras que habilitan los canales, sino además, en razón del hecho de que con una inversión apenas superior a los $ 17 millones, cuando las últimas obras estén concluidas, se tendrá una vía de 112 kilómetros de longitud para el transporte fluvial, que es el de más bajos costos. Ninguna carretera de igual longitud habría costado tan poco.
En el también necesario “empuje” hacia el sur de Limón, nos correspondió terminar, en un 75% de su valor, la carretera de Penshurt a Cahuita, comenzada en la Administración anterior como parte del Primer Plan de Caminos Vecinales. Además, como parte del Segundo Plan Vial ya en ejecución, ha quedado financiada la construcción de una carretera entre Westfalia y Penshurt, así como de un transbordador moderno y eficiente sobre el río La Estrella. Según el programa de construcciones de ese Segundo Plan Vial, esta carretera deberá comenzarse a construir dentro de unos ocho meses.
Por otra parte, esa carretera Westfalia-Penshurt le da mayor sentido al tramo aisladamente construido entre Penshurt y Cahuita, pues permitirá la conexión por carretera desde la ciudad de Limón hasta Cahuita. Y, más aún, esa carretera permitirá unir caminos' existentes en la zona sur de Limón, construidos hace muchos años por compañías bananeras y por compañías que realizaron exploraciones petroleras, cuya longitud total es de cerca de 200 kilómetros y que permitirán llegar hasta la zona fronteriza con Panamá por el este del país. Todo ello tiene, además, el propósito principal de habilitar los valles de La Estrella y de Talamanca para el mayor incremento de la producción nacional, a más de elevar las condiciones de vida de los antiguos moradores de esas lejanas regiones, y de los que en el futuro lleguen a desplazarse desde otros lugares del país hacia allá.
Por otra parte, la creación del nuevo cantón de Talamanca será otro factor de progreso de aquella región, pues ahora podrá contar con su propio gobierno local.
La creación de los nuevos cantones de Guatuso, Upala, Los Chiles y Sarapiquí —este último aún en trámite en la Asamblea Legislativa— hade ser un primer factor contribuyente al desarrollo de la zona norte del país, porque mientras llegan a salir del aislamiento en que han vivido las poblaciones de esas ricas regiones, podrán al menos disfrutar, desde este mismo año, de los beneficios de contar con sus propios gobiernos locales.
Entre las vías de comunicación que van en dirección norte hay que incluir en el este la canalización de Tortuguero a que acabo de referirme y en el oeste la pavimentación y ampliación de la Carretera Interamericana Norte hasta la frontera con Nicaragua. Luego es del caso repetir la referencia a la carretera de Cañas a Upala, cuya primera etapa está ya en construcción y cuyo segundo y último tramo, conforme al programa de trabajo del Segundo Plan Vial de Caminos Vecinales, deberá estar concluido en agosto de 1973. Seguidamente habría que mencionar los estudios ya financiados para las carreteras Heredia-Sarapiquí y Naranjo-Los Chiles, que por ser base cierta para obtener la financiación consiguiente de su construcción, le han permitido al Ministerio de Transportes estimar que esas dos enormes obras podrán iniciarse en 1973.
A más de todo lo anterior, con referencia al desarrollo de la Zona Norte del país, incluimos en el Segundo Plan Vial de Caminos Vecinales que ya está debidamente financiado y en ejecución, una carretera que es continuación de la de primer orden que va de Florencia hasta “El Muelle”, sobre el río San Carlos. Debido a que, pese al nombre, ese importante río no es navegable para embarcaciones de suficiente calado en dicho punto, la nueva carretera a que me refiero y que está prevista para ser concluida dentro de un año, parte de este punto hasta el lugar llamado Boca del Arenal, a partir de donde el majestuoso río San Carlos sí es navegable hasta su confluencia con el río San Juan. Queda pues asegurada la habilitación de una nueva vía fluvial hacia el norte, mediante la cual se habilita una extensa y fértil zona.
Al mismo tiempo hemos impulsado la construcción de carreteras transversales, que den los mayores valor y aprovechamiento a tramos de carreteras ya existentes en la misma zona del norte del país. Así por ejemplo, la carretera que parte de San Miguel de Sarapiquí hacia Río Cuarto y luego a Venecia y de allí hasta Aguas Zarcas, en San Carlos, queda financiada en todos sus tramos en el tantas veces citado Segundo Plan Vial de Caminos Vecinales. Esta carretera deberá comenzarse el mes entrante y terminarse dentro de dos años, en abril de 1972, según el programa de trabajo respectivo. En Aguas Zarcas dicha carretera cruza la que está en construcción entre La Marina y Pital, de San Carlos, —que también es parte del plan de desarrollo de la Zona Norte— de tal suerte que bien puede decirse que esa carretera transversal de primer orden que parte de San Miguel de Sarapiquí, realmente llegará a La Marina y, por ende, a Ciudad Quesada.
Ya cité, por otra parte, el gran puente sobre el río Sarapiquí cuya construcción está a punto de iniciarse y que es el primer eslabón para conectar la serie de carreteras que, en dirección este, dan acceso vial a las poblaciones de Horquetas, Río Frío, Roxana y Guápiles, y cuyos tramos en su mayor parte ya están construidos.
La descripción que he hecho y que no pretendo que sea completa, muestra que ha quedado en marcha un plan muy vasto para la construcción de las obras de infraestructura requeridas para acelerar el desarrollo de las zonas del norte y del Atlántico del país. Unas de estas obras están ya ejecutadas, otras iniciadas y todas ellas debida y sanamente financiadas.
Costa Rica necesita que se ponga el mayor empeño en continuar todo ese plan de desarrollo para que sea completado en los años inmediatamente siguientes.
Señores Diputados:
He tratado de abarcar en este Mensaje los diversos aspectos que debe contener conforme al texto constitucional respectivo, y aunque haya resultado largo son muchas las actividades realizadas que no he podido mencionar. Las Memorias que deben presentaros los Ministros de Gobierno así como las de las instituciones autónomas del Estado habrán de proveeros de mucha de la información adicional que os pueda ser de utilidad para tener una vista más completa sobre el estado de la Nación.
Es, por supuesto, mucho más lo que habríamos deseado ^poder realizar en favor del progreso y bienestar de cada hogar costarricense. Pero me sentiría muy satisfecho si el presente Mensaje os dejara, en suma, la idea de que no faltó esfuerzo alguno de nuestra parte para cumplir bien nuestros deberes como integrantes del Poder Ejecutivo y de que, por sobre todo, fuimos respetuosos de la juridicidad, del Derecho y asimismo de los derechos y de los criterios ajenos.
Os ruego que, antes de concluir, me permitáis expresar honda satisfacción por la manera feliz en que se han mantenido las relaciones entre la Iglesia y el Estado, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto mutuo pero sin intervención alguna en las esferas de acción propia de una y del otro.
Asimismo os ruego me permitáis manifestar en nombre del Gobierno y en representación de la Nación, la profunda estima que tenemos por cada uno de los distinguidos integrantes de las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, pues todos nos han dado muestras claras del afecto que sienten por Costa Rica, tanto personalmente ellos, como los ilustrados Gobiernos que representan.
Habría deseado expresar nuestra honda gratitud individualmente a cada uno de los países que, de una manera u otra, regularmente y de muy diversas formas o en los momentos en que nuestra Patria sufría una calamidad, nos han brindado generosamente su ayuda. Pero me encontré con que tenía que citar a treinta países y a la Santa Sede, es decir, prácticamente a todas las naciones que nos honran al tener en San José la sede de sus representaciones diplomáticas. Esa expresión de gratitud y reciprocidad en el afecto, de parte de los costarricenses, es honda, muy sentida y va dirigida a todos los Excelentísimos Jefes de las Misiones Diplomáticas aquí presentes, a sus ilustrados Gobiernos y a los pueblos de todas esas naciones amigas.
Señores Diputados:
Tengo conciencia clara de la responsabilidad y de la trascendencia de los deberes que asumís como representantes del pueblo costarricense, en esta época de la historia en que los cambios se suceden en el mundo cada día con mayor velocidad. Por ello deseo, desde lo más hondo de mi ser, que Dios ilumine vuestras mentes y os depare el don de percibir el bien común cada vez que tengáis que tomar una decisión en vuestra calidad de representantes del pueblo. Todo para el mayor bien de Costa Rica.
José Joaquín Trejos Fernández
Presidente de La República
1o de Mayo 1970